Rectores cerca del acuerdo con el Gobierno por la ley de financiamiento universitario
Política24/02/2026
REDACCIÓNEl Gobierno impulsa en Diputados una nueva ley para ordenar el financiamiento y bajar la tensión judicial. Ofrece recomposición 2025 en tres tramos y más fondos, pero sin cubrir 2024.
La discusión por el dinero de las universidades vuelve al centro de la agenda política, con un dato que incomoda a todos: hay una ley vigente que el Ejecutivo no aplica y, mientras ese frente se litiga en tribunales, el oficialismo intenta cambiar el tablero en el Congreso. La Casa Rosada apuesta a sancionar en el mes próximo una nueva norma de financiamiento universitario que no deroga la anterior, pero la modifica para encauzar el conflicto y evitar que la pelea se defina solo en el expediente judicial.
La jugada llega con un elemento decisivo para la votación: el guiño de rectores de las principales casas de altos estudios y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en una negociación que el Gobierno sostuvo durante el último mes. Ese aval no aparece sin condiciones ni entusiasmo pleno, pero marca un giro respecto del intento anterior del oficialismo, que buscó sin éxito voltear la ley aprobada por la oposición el año pasado.
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En los despachos universitarios el cálculo es directo: una norma nueva, aun con concesiones por debajo de la inflación, ofrece previsibilidad presupuestaria más rápida que un litigio que puede estirarse con apelaciones. Una autoridad universitaria lo planteó sin vueltas y con una advertencia sobre los tiempos judiciales: “Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”.
El corazón del proyecto se concentra en salarios, pero con un recorte claro respecto de lo que fija la ley vigente. La norma actual obliga a reconocer la pérdida por inflación desde el 1° de diciembre de 2023 para docentes y no docentes, mientras que la iniciativa oficial propone limitar la recomposición al año 2025 y deja fuera 2024. Esa decisión define buena parte del rechazo gremial, que ya anunció medidas de fuerza aun antes de que el texto llegue al tramo decisivo.
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La recomposición salarial propuesta para 2025 se pagaría en tres tramos de 4,1% cada uno, con acreditaciones previstas para marzo, julio y septiembre de este año, calculadas sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En paralelo, el proyecto establece la obligación de convocar a paritarias cada tres meses, aunque sin atar esas negociaciones a un mecanismo automático de actualización por inflación como pretendía la norma vigente.
El otro eje sensible pasa por los gastos de funcionamiento y los programas específicos que sostienen a las universidades más allá de las aulas. La ley actual obliga a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en partidas como hospitales universitarios, ciencia y técnica, pero la iniciativa del Gobierno evita pronunciarse sobre 2024 y 2025. Para 2026, incorpora una condición: si la inflación anual supera el 14,5% reconocido en el presupuesto, el Ejecutivo actualizaría las partidas con el aumento correspondiente.
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En ese capítulo aparece una diferencia que el oficialismo busca vender como gesto político: una recomposición presupuestaria superior a $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no figura en la norma actual. La lectura en el Congreso mezcla pragmatismo y oportunidad, porque el proyecto intenta mostrarse como una salida a un conflicto que combina salarios erosionados, partidas al límite y un clima de protesta que el Gobierno quiere neutralizar antes del arranque del ciclo lectivo.
La apuesta también tiene un componente de timing: el oficialismo llega envalentonado por la aprobación de la reforma laboral y quiere capitalizar ese envión con otra victoria parlamentaria. Al mismo tiempo, busca cerrar un frente social que ya mostró capacidad de movilización y resistencia a los recortes presupuestarios, con universidades que el año pasado exhibieron el conflicto puertas adentro y en la calle. El problema es que el “acuerdo” con los rectores no arrastra automáticamente a los gremios, que leen el proyecto como insuficiente y, sobre todo, incompleto.
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Así, la escena queda armada para un mes de negociación intensa, con rectores que se inclinan por una solución legislativa para asegurar fondos, y sindicatos que prometen conflicto si el texto avanza sin contemplar la pérdida previa. La discusión no se limita a un número: se juega en la letra chica de qué años se reconocen, qué se actualiza y bajo qué condiciones. Y, mientras el Congreso prepara el debate, el litigio por el incumplimiento de la ley vigente sigue abierto como telón de fondo.
Fuente: LA NACION.
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