La Legislatura se prepara para una votación sensible y el debate sumó una voz clave. Este jueves, los diputados provinciales recibieron al fiscal especializado en Cibercrimen, Fernando Rivarola, para cerrar el análisis del proyecto que regula el uso de nuevas herramientas tecnológicas en investigaciones penales. La iniciativa será tratada en la sesión del próximo lunes.
El encuentro tuvo como eje despejar dudas sobre el alcance de la norma. Rivarola explicó que fue convocado “para explicar algunos de los institutos que están regulados en el proyecto de ley, y de cómo se ve esto desde el Ministerio Público Fiscal y la especialidad en particular”. Su intervención buscó precisar cómo impactaría la ley en el trabajo cotidiano de los fiscales.
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El funcionario remarcó que la propuesta no amplía poderes sin límites. “Si sale este proyecto, sale una buena ley. Siempre digo que esta no es una ley permisiva para el Ministerio Público Fiscal, es una ley restrictiva, necesaria”, sostuvo. Según detalló, existen herramientas digitales que ya se aplican en investigaciones pero que no están contempladas de manera específica en el Código vigente.
En ese punto, explicó que hoy se utilizan normas pensadas para otras figuras procesales. “Hay herramientas digitales a aplicar en la investigación que no estaban en el Código, se están aplicando normas de otras herramientas para poder utilizarlas y que tienen naturaleza jurídica distinta”, señaló. El objetivo del proyecto, planteó, es ordenar y dar encuadre legal claro a esas prácticas.
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Entre los cambios incorporados, mencionó ajustes técnicos y precisiones sobre el acceso a datos. “Lo que se modificó fueron algunas definiciones, algunas precisiones de qué datos puede el Ministerio Público Fiscal solicitar con o sin autorización judicial, algunas precisiones sobre la actividad del agente encubierto digital, algunas precisiones sobre la reserva y el secreto que hay que mantener sobre toda la información digital que se pueda colectar de una persona, que todo lo que está en la ley tiene que hacerse solo dentro del marco de una investigación penal abierta”.
El punto más sensible giró en torno a los cuestionamientos sobre posibles abusos. Rivarola fue categórico al rechazar esa interpretación: “Hablar de espionaje, en una ley que regula herramientas digitales para aplicar la investigación penal, es totalmente incorrecto. No hay ninguna posibilidad legal que el Ministerio Público Fiscal, ni ninguna autoridad del Estado hagan espionaje”.
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Para graficar el alcance de las medidas, comparó la figura del agente encubierto digital con herramientas tradicionales. “En el marco de la investigación de delitos, con control judicial siempre, el Ministerio Público Fiscal puede inmiscuirse en ámbito de intimidad de las personas. De hecho, un allanamiento es una medida que se inmiscuye en el ámbito de intimidad de las personas, y por eso está regulado en el Código. Un agente en cubierto digital es exactamente lo mismo, es la infiltración de un perfil falso en una plataforma cerrada, monitoreada por un juez”.
La discusión legislativa se produce en un contexto donde el crecimiento del delito informático exige nuevas respuestas institucionales. El proyecto intenta fijar límites y procedimientos claros para la obtención de evidencia digital, estableciendo qué puede hacerse, en qué condiciones y bajo qué control judicial.
En paralelo, otros temas previstos para comisión quedaron en pausa. Los proyectos enviados por el Ejecutivo con cambios en la Ley de Pesca y el acuerdo sobre exportación y fomento a las inversiones de petróleo convencional no se trataron este jueves y fueron postergados para el viernes 27.
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