
Con la reforma laboral a horas del Senado, en el Gobierno dicen que “el 15% de la industria desaparecerá” y anticipan 150 mil despidos en una transición que ya deja cierres.

En el Gobierno nacional empiezan a poner números duros sobre el costo social del modelo económico que impulsa Javier Milei. En la antesala de la votación de la reforma laboral en el Senado, una voz del entorno presidencial instaló una definición que sacude al entramado productivo. “Del 100%, hay un 15% que no va a sobrevivir o se va a tener que reinventar lamentablemente”, afirman, mientras crece la fricción con sectores del empresariado.
La cifra se presenta como parte de una transición que, según el propio oficialismo, ya ordena ganadores y perdedores. El recorte no se plantea como un fenómeno difuso, sino con rubros señalados con nombre y apellido. En la mesa libertaria, el listado apunta a neumáticos, textiles, electrodomésticos y parte de autos, con un mensaje que combina diagnóstico y advertencia.


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El oficialismo encuentra respaldo discursivo en declaraciones empresarias que refuerzan su relato sobre precios y rentabilidad. El CEO de Neumen, Roberto Méndez, habló en un streaming sobre el mercado de cubiertas y el Gobierno celebró el efecto político de esa intervención. En una frase que se viralizó por su crudeza, Méndez sostuvo: “Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real”.
Ese guiño público aparece en un momento caliente para el sector, atravesado por despidos y conflictos de alto voltaje. La fuente menciona “casi mil despidos” vinculados al cierre de FATE y ubica el episodio dentro de la pelea del Presidente con el dueño de esa empresa, Javier Madanes Quintanilla. En el entorno de Milei admiten que las palabras de Méndez “nos vino súper joya”, no como gesto aislado, sino como insumo para reforzar una narrativa de “sobreprecios” y reacomodamiento.
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La tensión con Madanes Quintanilla se describe también como una disputa política y de tiempos. Según el texto, el Presidente interpretó en privado que el empresario lo “estaba extorsionando” y que eligió una fecha de impacto para su decisión. El planteo se conecta con otro interés atribuido al dueño de FATE y ALUAR: acelerar el acuerdo de Argentina con Estados Unidos para que Donald Trump apure una baja de aranceles en aluminio, un punto que aparece como telón de fondo del conflicto.
Mientras tanto, la votación de la reforma laboral se vuelve un hito del calendario inmediato, con una interna empresaria expuesta. El texto sostiene que el Gobierno “finalmente logrará” su aprobación este viernes y marca que hay industriales en contra. La pelea, entonces, no se limita a la oposición política: atraviesa el propio sistema de negocios que suele acompañar reformas promercado.
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En ese clima, el oficialismo se apoya en otra voz del sector privado para encuadrar la transición como costo inevitable. El titular de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, lo expresó en términos directos: “Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio a pagar”. La frase funciona como traducción simple de una discusión compleja: cuánto tejido productivo se resigna para cambiar el esquema macro.
La estimación sobre empleo industrial suma otro número fuerte y una proyección de impacto en desempleo. Según la fuente citada, el empleo industrial ronda “un millón de puestos” y se anticipa que 300.000 “van a estar complicados”, aunque no todos se perderían. El cálculo libertario lo reduce a la mitad y lo expresa así: “Va a pasar con la mitad, que son 150.000… pasaríamos de 7 a 8 puntos”, con la aclaración de que se trata de “la peor hipótesis”.
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Para reforzar esa comparación, en el entorno de Milei contraponen el panorama actual con los años noventa. La fuente cita el argumento de que durante el menemismo el desempleo llegó a 18 puntos incluso en un momento de reelección, y busca correrse de ese espejo. “Nosotros no vamos hacia eso. Y lo de 8 puntos es la peor hipótesis”, repiten, con una promesa implícita de contención que convive con pronósticos de cierres y reconversión.
El Gobierno también discute la causa de los despidos y rechaza que la explicación sea, en primer término, la apertura importadora. En el texto, un mileísta sostiene que los aranceles locales “en ningún caso” resultan más bajos que los de Brasil y corre el foco hacia un problema estructural: escala de mercado y costos. En esa línea, plantea que cierta competitividad solo aparece con un Estado “híperintervencionista” que cierre la economía, combine tipos de cambio y subsidie, pero advierte un final conocido: “después eso termina con una hiperinflación, con lo cual tampoco es viable”.








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