El Senado bajó la edad de imputabilidad a 14 y desató un fuerte choque político

La nueva ley crea un régimen penal juvenil específico para adolescentes. El oficialismo habló de “orden” y el peronismo advirtió sobre inconstitucionalidad y falta de presupuesto.

La Cámara alta convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil y con esa votación la edad de imputabilidad en la Argentina bajará de 16 a 14 años. El proyecto, impulsado desde el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras un debate cargado de tensión política.

La norma ya contaba con media sanción de Diputados y ahora quedará a la espera de su reglamentación y publicación oficial. El punto central del texto es la incorporación de adolescentes de entre 14 y 18 años a un sistema penal especializado, con procedimientos diferenciados respecto de los adultos.

Bullrich celebró la aprobación y defendió el cambio de paradigma. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, afirmó durante su intervención.

La senadora sostuvo que el modelo anterior estaba agotado y añadió: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.

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En el tramo final de su discurso reforzó el tono político: “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.

Desde el peronismo rechazaron la iniciativa y cuestionaron tanto su enfoque punitivo como el financiamiento previsto. El presupuesto asignado para el nuevo sistema asciende a $23.700 millones, monto que, según datos expuestos en el recinto, alcanzaría para construir alrededor de 7.400 metros cuadrados de infraestructura carcelaria si se considera un costo de 3,2 millones de pesos por metro cuadrado. Dividido entre las 24 jurisdicciones, implicaría unos 308 metros cuadrados por provincia.

El senador Jorge Capitanich advirtió: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”. Desde el oficialismo y aliados respondieron con dureza. Luis Juez acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan” y agregó: “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”.

También hubo cuestionamientos por presunta inconstitucionalidad. Gerardo Zamora sostuvo que la ley generará “litigiosidad” y afirmó que su bloque votaba en contra en defensa del federalismo. En la misma línea, Martín Soriaseñaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.

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El texto aprobado establece un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. La norma dispone que los menores no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos y que cuenten con garantías desde el inicio del proceso.

El régimen contempla un esquema de sanciones progresivas que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. La privación de libertad quedará reservada para delitos graves y bajo límites estrictos de tiempo, con supervisión judicial especializada y programas de reinserción.

Además, se reconoce un rol activo para las víctimas, con asistencia jurídica y psicológica, participación en audiencias y posibilidad de intervención en instancias restaurativas. En el caso de menores inimputables, la intervención quedará bajo la órbita de la justicia civil con medidas protectoras o curativas.

La ley abre una nueva etapa en el sistema penal argentino y redefine el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes. Su implementación dependerá ahora de la reglamentación y de la capacidad de las provincias para adaptar estructuras y recursos al nuevo marco normativo.