Terenzi votó la baja en la edad de imputabilidad, y aclaró que no pasa por la edad en sí, sino por lo que el Estado haga después

En el Senado, la chubutense pidió mirar menos la edad y más la ejecución: recursos, equipos y espacios separados para evitar que el sistema quede en letra muerta.

La votación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó en el Senado una intervención que corrió el eje del debate y lo llevó a un terreno más incómodo. Edith Terenzi sostuvo que el foco no pasa por la edad en sí misma, sino por lo que el Estado haga después con cada caso. En esa línea, advirtió que sin presupuesto, equipos y dispositivos reales, la norma corre el riesgo de quedarse en una promesa sin impacto.

En su exposición, la senadora planteó que el proyecto busca cubrir una parte concreta de un problema que ya se expresa en los tribunales y en la calle. “Lo que hoy estamos buscando es una herramienta para empezar a solucionar parte del problema”, afirmó. Desde ahí, marcó que la discusión necesita dejar de girar alrededor de un número y pasar a la calidad de la respuesta institucional.

OTRAS NOTICIAS:

Discutió en la calle, sacó una cuchilla y ahora le suspenden la licencia

Terenzi apoyó ese planteo con referencias internacionales para mostrar que el umbral etario ya aparece bastante definido en otros sistemas. “UNICEF destaca que la región de Europa y Asia Central tiene en general 14 años y el Comité de Derechos del Niño recomienda al menos 14”, dijo. También mencionó que España fija el régimen juvenil “desde 14 a 18 años” por ley orgánica, y que Alemania trabaja con “14 años como umbral práctico” para comparecer en el sistema juvenil.

A partir de ese marco, ubicó el centro en la ejecución y en las consecuencias jurídicas, con una advertencia directa sobre lo que determina el resultado final. “La discusión honesta es qué consecuencias jurídicas y con qué ejecución”, sostuvo. Y remarcó que el éxito o el fracaso dependen menos del límite etario que de cumplir el núcleo del esquema: educación, resocialización e integración social.

Ese núcleo, según la senadora, exige una obligación estatal sin atajos, incluso lejos de los grandes centros urbanos. “Y eso lo haremos posible únicamente si el Estado asume la responsabilidad absoluta del cumplimiento de los objetivos que plantea taxativamente el texto de esta Reforma Penal Juvenil y garantiza los recursos económicos y humanos que esta Ley necesita, no sólo para los grandes centros urbanos sino para la totalidad de las provincias argentinas”, planteó. En ese punto, el mensaje apuntó a una preocupación federal: que la aplicación no termine concentrada donde hay infraestructura y personal, mientras el resto espera.

OTRAS NOTICIAS:

Discutió en la calle, sacó una cuchilla y ahora le suspenden la licencia

Dentro del régimen, Terenzi describió una finalidad que excede la sanción y busca construir responsabilidad legal en el adolescente. Señaló que el sistema fomenta el reconocimiento de los propios actos y apunta a la integración social como objetivo central. Además, recordó que el texto prevé que los progenitores o adultos a cargo respondan civilmente por los ilícitos cometidos por sus hijos.

Cuando la discusión pública se concentra en la palabra “penas”, la senadora intentó desarmar la idea de un encarcelamiento automático o masivo. “Cuando se habla de penas, acá nadie está pensando en encarcelar masivamente menores, al contrario, siempre está refiriéndose a la resocialización e introduce la palabra futuro, que el menor pueda ser integrado al trabajo, que tenga comprensión de sus actos y arrepentimiento de sus actos punibles. Todo esto para disminuir el riesgo de que vuelva a delinquir”, remarcó. En ese tramo, insistió en que el sentido del régimen se mide por la reincidencia que logre evitar, no por la dureza del discurso.

OTRAS NOTICIAS:

Suben las naftas desde el domingo y el aumento ya tiene número

Sobre las herramientas concretas, explicó que la prisión queda como última opción y que se plantea un esquema gradual con medidas alternativas. En ese abanico, mencionó restricciones como la prohibición de contacto o de acercamiento a la víctima, límites para concurrir a determinados lugares y la imposibilidad de salir del país. También aparecen la prestación de servicios a la comunidad y el monitoreo electrónico, que buscan controlar sin romper por completo los vínculos sociales.

La letra del régimen también incluye un seguimiento permanente que depende de capacidad técnica y presencia territorial. El texto, según se detalló, garantiza supervisión periódica de un equipo interdisciplinario y asistencia a actividades formativas y de capacitación laboral. Además, incorpora la participación en actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas, siempre que resulte posible dentro de cada contexto.

OTRAS NOTICIAS:

Un “mercado” de diplomas por Facebook dejó a 53 docentes imputados

En el punto más sensible, el régimen establece condiciones específicas para los casos en los que corresponda el encierro. La previsión indica que el cumplimiento debe darse en dependencias especialmente acondicionadas y con una prohibición explícita: no compartir espacio con personas adultas. En el cierre de su postura, Terenzi vinculó esa exigencia con una demanda política directa al Ejecutivo nacional y dejó una definición que funciona como advertencia sobre lo que viene.

“Debemos tener la obligación y el compromiso que esta Ley pueda llevarse adelante”, sostuvo la senadora, y pidió al Gobierno Nacional que garantice lo necesario para que el régimen se cumpla de manera efectiva. El mensaje no quedó en la discusión parlamentaria, porque apunta a la etapa donde se juega todo: recursos, personal, lugares adecuados y presencia en cada provincia. Ahí, la pregunta incómoda queda abierta y excede el recinto: quién y cómo se hace cargo cuando llega el momento de ejecutar.