Una auditoría interna detectó cientos de inscripciones con documentación adulterada. La pesquisa apunta a una red que ofrecía “cursos con puntaje” y cobraba hasta $360 mil.
La investigación que terminó con 53 docentes imputados en Salta no empezó por una denuncia anónima ni por un control al azar. Se activó el 17 de diciembre de 2025, cuando el secretario de Gestión Educativa reportó ante el Ministerio Público Fiscal que una auditoría interna mostraba señales repetidas de irregularidades en trámites vinculados a concursos y designaciones. A partir de esa alerta, el caso tomó dimensión por la cantidad de registros observados.
Según la información oficial, el relevamiento inicial detectó 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y 237 profesores implicados. El dato puso el foco en un mecanismo que buscaba influir en el puntaje que se utiliza en procesos de selección y armado de listados. La escala del hallazgo obligó a reconstruir cómo circulaban los certificados y por qué aparecían con patrones comunes.
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En el trabajo de la Unidad de Delitos Complejos (UDEC) se identificó una vía concreta de contacto: redes sociales. Los docentes, de acuerdo con la pesquisa, eran captados en Facebook por perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”, donde se ofrecían diplomaturas con puntaje que aparentaban respaldo. El punto sensible, para los investigadores, es que esas ofertas se presentaban como “avaladas” por instituciones reales.
El circuito, siempre según lo informado, incluía un paso clave: el pago. Se registraron montos que iban de $95 mil a $360 mil, antes de la entrega del material. El “producto” final llegaba como un certificado en PDF con sellos y firmas escaneadas, listo para adjuntar en una inscripción.
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La verificación técnica corrió por cuenta de áreas específicas del Estado. Integrantes de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos corroboraron que los números de esos certificados no existían en bases oficiales y que aparecían duplicaciones y numeraciones inexistentes. Esa confirmación, en los hechos, sostuvo la hipótesis de que no se trataba de errores aislados sino de una operatoria organizada.
Otro dato que empujó el caso es la forma en que se cruzan los listados. Se constató que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, un detalle que vuelve más sensible cualquier intento de “inflar” antecedentes con documentación apócrifa. Para el sistema educativo, el impacto no queda solo en un trámite administrativo: toca la credibilidad de los concursos y la confianza en los criterios de mérito.
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La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio delineó roles dentro de la presunta estructura y ubicó funciones diferenciadas. De acuerdo con esa reconstrucción, una docente del sur provincial se encargaba de la captación y el cobro, mientras que otra mujer en el norte ofrecía soporte y canalizaba consultas bajo una identidad ficticia. También se señaló a un hombre radicado en Bariloche como administrador digital y receptor de fondos, lo que aporta un componente interjurisdiccional a la trama.
En paralelo, hubo decisiones procesales más duras. Dos mujeres quedaron detenidas y fueron acusadas de manera provisoria por la supuesta falsificación de instrumento privado, en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita, en concurso real. Esas calificaciones, por su peso, marcan el encuadre con el que se mira el caso desde la Justicia.
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El expediente, además, deja expuesto un fenómeno que excede a un grupo reducido y obliga a revisar controles. La existencia de ofertas de “cursos con puntaje” en redes sociales, con aparente apariencia formal y entrega inmediata en PDF, plantea un desafío para los mecanismos de validación. En Salta, la pesquisa ya describió el modo de operación y la cantidad de registros bajo sospecha, y ahora el proceso avanza con imputaciones, detenidos y una trama de responsabilidades repartidas.
Fuente: NA.
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