Celulares apagados en las aulas pampeanas y reglas nuevas para los alumnos

La Pampa definió límites para el uso de celulares y otros dispositivos en las escuelas. Inicial y Primaria quedan sin pantallas personales; en Secundaria solo habrá excepciones con aval pedagógico.

En La Pampa, el celular pasa a ocupar otro lugar dentro de la escuela: apagado y fuera del uso recreativo durante las clases. La decisión quedó plasmada en una normativa del Ministerio de Educación que pone límites concretos para estudiantes y también marca pautas para la comunicación con las familias. El objetivo declarado apunta a ordenar la convivencia y a reducir el ruido cotidiano que generan las pantallas en el aula.

La medida se sostiene en una definición amplia sobre lo que se busca cuidar en la experiencia escolar. Desde Educación explicaron que “la normativa establece límites claros con el fin de proteger la salud mental, mejorar los aprendizajes y fortalecer los vínculos entre las personas, en pos de la convivencia escolar”. Ese enfoque reúne en la misma línea el rendimiento académico y la calidad de los vínculos, dos planos que suelen chocar cuando el uso del teléfono se vuelve permanente. La resolución también alcanza a otros dispositivos digitales personales, según el texto oficial.

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Para los niveles Inicial y Primario, la regla se vuelve directa y sin margen: no se permite el uso de dispositivos personales dentro del establecimiento para estudiantes. La cartera precisó que “en el caso de los niveles Inicial y Primario, se prohíbe el uso de dispositivos digitales personales en los establecimientos educativos para estudiantes”. El criterio se apoya en una idea de etapa vital, donde la socialización y el desarrollo cognitivo se encuentran en pleno proceso. Con esa base, la norma busca evitar que el aula se convierta en un espacio de pantallas en edades tempranas.

Los argumentos oficiales apuntan al impacto que la exposición a pantallas puede generar en aprendizajes básicos y en habilidades de interacción. Desde Educación sostuvieron que “la exposición a pantallas en estas edades obstaculiza, por un lado, la adquisición de competencias esenciales, tales como, el lenguaje, la memoria, la comprensión, el pensamiento simbólico y la atención sostenida”. En la misma fundamentación, agregaron que “por otro lado, dificulta los procesos de interacción social, de empatía y de resolución de conflictos”. Así, el texto vincula rendimiento, atención y convivencia en un mismo problema.

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En el nivel Secundario, el enfoque cambia: no hay prohibición absoluta, pero sí un cerrojo para el uso personal. La normativa indica que “se restringe el uso de dispositivos digitales personales” y que solo se habilitan de manera excepcional cuando una propuesta pedagógica lo requiera. Esa excepción no queda librada al criterio improvisado del día, porque exige fundamentación y encuadre dentro de la planificación. La regla busca que el dispositivo entre al aula solo si responde a un propósito de enseñanza definido.

La resolución también deja una exigencia formal para que ese uso excepcional ocurra. Según el texto, “el o la docente debe elaborar una propuesta que se encuentre comprendida en la planificación anual o en algún dispositivo de enseñanza específico en el que se fundamente el uso pedagógico de dispositivos digitales personales”. Además, fija un filtro institucional: “para su implementación, las planificaciones deben contar con la aprobación del Equipo de Gestión”. Con ese mecanismo, el Ministerio instala un control que corre la discusión del “sí o no” al “para qué y cómo”.

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Mientras tanto, durante el tiempo de clase, la norma corta el uso recreativo tanto para estudiantes como para docentes. En ese punto, el texto es tajante: “en este nivel, durante el tiempo de clase, no está permitido por parte de estudiantes y docentes el uso recreativo o personal de los dispositivos digitales personales”. Y agrega una instrucción operativa que busca evitar grises: “los mismos deberán permanecer apagados”. La medida intenta impedir la escena habitual del celular en mano bajo el pupitre o sobre el escritorio con notificaciones constantes.

Otro tramo de la decisión se mete en un tema sensible que suele tensionar escuelas y hogares: cómo se comunican las familias y qué canal se considera válido. Desde Educación señalaron que “en resguardo de la tarea docente, se deben priorizar canales de comunicación oficiales tales como teléfono institucional y/o correos electrónicos institucionales existentes o creados específicamente para tal fin”. Esa definición busca ordenar mensajes, urgencias y demandas, para que no recaigan en el contacto informal por redes o por mensajería personal. También funciona como respaldo para el trabajo docente dentro y fuera del aula.

La normativa asigna responsabilidades claras cuando los estudiantes ingresan con dispositivos y cuando se incumplen las reglas. El texto remarca que “las familias asumen la responsabilidad del ingreso de los y las estudiantes con dispositivos personales digitales, los cuales deberán permanecer apagados”. Y suma una consecuencia concreta frente a faltas: “asimismo, son quienes deben asistir a la institución ante un incumplimiento por parte del o la estudiante a su cargo”. La decisión instala, en los hechos, un esquema donde la escuela controla la conducta y la familia responde por el uso del dispositivo.

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Además, el Ministerio dejó asentado un límite sobre el cuidado material de los aparatos, un punto que suele generar conflictos por pérdidas o daños. La resolución aclara que “el establecimiento educativo no será responsable por eventuales daños, extravíos o deterioros de dichos dispositivos, sin perjuicio de las acciones institucionales que correspondan ante el incumplimiento de la presente normativa”. Con esa frase, la escuela evita quedar como garante del objeto, mientras mantiene la posibilidad de intervenir ante la falta de respeto a la norma. El cambio, en definitiva, apunta a que el teléfono deje de marcar el pulso del aula y quede subordinado a la enseñanza y a la convivencia.