Zuckerberg enfrenta el juicio que puede cambiar cómo se diseñan las redes

Otros Temas02/03/2026

Meta y YouTube enfrentan una demanda por “diseño adictivo” en menores. El caso reaviva límites legales en EE.UU. y empuja proyectos de control de edad en Buenos Aires.

El corazón del juicio que se desarrolla en Los Ángeles no gira alrededor de un posteo, un video o un contenido puntual: apunta a la arquitectura de las plataformas. La demanda contra Meta y YouTube busca que un jurado determine si ciertas funciones se pensaron para sostener un uso compulsivo en chicos y adolescentes, con daños asociados a la salud mental durante la infancia. En esa discusión, el “cómo” pesa más que el “qué”, y por eso el diseño aparece como el verdadero acusado.

El caso tiene un nombre propio que arrastra historia y poder: Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, que por primera vez enfrenta un proceso civil ante un jurado. El juicio arrancó el 9 de febrero y coloca al empresario otra vez ante un estrado, aunque con una diferencia central respecto de episodios anteriores. El texto fuente recuerda sus pasos por el Capitolio en 2018 por Cambridge Analytica y la investigación de la FTC en 2025 por monopolio, pero marca que ahora la evaluación queda en manos de ciudadanos comunes que deberán ponderar el daño y su origen.

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La demandante es una joven de 19 años del norte de California, identificada como K.G.M., que acusa adicción y depresión tras más de una década de uso y reclama daños y perjuicios no especificados. La apuesta jurídica es fuerte porque propone que ciertas funciones puedan considerarse “productos defectuosos” diseñados de manera adictiva, con responsabilidad por daños personales como ocurrió en litigios contra tabacaleras u opioides. El juicio busca correr el debate de la culpa individual hacia la ingeniería del engagement y sus incentivos. En el fondo, lo que se discute es si el negocio se apoya en capturar atención aun cuando el usuario sea menor.

Uno de los núcleos más técnicos del expediente toca un blindaje histórico del mundo digital: la Sección 230 de la Communications Decency Act. El abogado Luis García Balcarce lo explicó con claridad al señalar que esa norma protege a las plataformas por el contenido que publican los usuarios, una lógica pensada para 1996. “En Estados Unidos, la Sección 230 de esta ley establece que las plataformas digitales no son responsables por el contenido que publican sus usuarios”, recordó, y contextualizó por qué ese escudo resultó útil al inicio de internet.

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Pero el juicio, según esa lectura, intenta correr el límite hacia otro lado: no discutir posteos, sino decisiones de diseño. “Lo que el juicio en Los Ángeles pone en discusión no es ese escudo en sí mismo, sino sus límites: se hace la distinción entre el contenido que suben los usuarios, protegido por la norma, y las decisiones de diseño propias de la plataforma, como el scroll infinito, el algoritmo de recomendación o las notificaciones compulsivas”, agregó García Balcarce. Ahí entra en juego una diferencia con impacto global: la plataforma como “editor” de experiencias, no como simple alojamiento de contenidos.

La coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales, Lucía Camacho, reforzó ese punto con una lista de herramientas que hoy parecen invisibles por lo cotidianas, pero que ordenan hábitos. “También el autoplay [reproducción de un contenido tras otro], las notificaciones, las recomendaciones sugeridas por algoritmos y los filtros de estética tienen la capacidad de generar adicción en menores de edad, y afectar a largo plazo su salud mental”, sostuvo. Y sintetizó el eje de su argumento: “El centro de su argumento es que las redes sociales generan adicción, y que su diseño se enfoca deliberadamente en ese resultado”.

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El debate, sin embargo, también exhibe la línea de defensa probable de las compañías. Camacho señaló que las plataformas pueden responder que “no hay evidencia que vincule de manera causal el uso de redes sociales con un resultado adictivo, y acusan la inexistencia de algo como la adicción por redes sociales bajo estándares médicos o clínicos”. Esa discusión no es solo académica: define qué se puede probar en tribunales y qué queda en el terreno de percepciones y correlaciones. Para un jurado, la diferencia entre “uso problemático” y “adicción” puede volverse determinante.

Mientras Estados Unidos litiga, el tema se filtra en agendas políticas de otros países y empuja restricciones etarias. El texto fuente menciona que Australia prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 a fines de 2024 y que España avanzó en la misma dirección “el mes pasado”, además de escuelas que limitan celulares por dispersión. Ese clima global sirve como marco para entender por qué el juicio en California se mira más allá de sus fronteras. Con miles de millones de usuarios en Facebook, Instagram y YouTube, un fallo adverso no se queda en una sala de audiencias.

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En Argentina, el debate aparece con herramientas más frágiles y un mosaico normativo incompleto. García Balcarce planteó que el país no cuenta con una norma específica de este tipo y que tampoco existe un marco de datos pensado especialmente para menores. “No tenemos una norma de ese tipo, y tampoco tenemos un marco regulatorio específico para los datos de los menores”, explicó, y recordó que la Ley 25.326 data del año 2000 y no distingue entre adultos y niños. En ese vacío, las redes operan bajo reglas generales que no contemplan el riesgo particular de la infancia.

Aun así, el texto fuente marca que se presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense que empuja una línea más dura. La propuesta busca prohibir que menores de 13 creen o mantengan cuentas en plataformas y redes sociales, sin excepciones y sin reemplazo por autorización parental, con un giro clave: sancionar a las empresas. “El proyecto establece que son las plataformas las que deben implementar mecanismos auditables de verificación de edad bajo pena de multa. No se sanciona al menor ni a la familia. Se sanciona a la empresa”, detalló García Balcarce. La discusión, entonces, se desplaza del hogar a la infraestructura privada.

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En paralelo, el texto menciona un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos elaborado por la AAIP, que incorpora un régimen específico para niñas, niños y adolescentes. Según esa propuesta, para menores de 16 el tratamiento de datos solo sería lícito con consentimiento de quien ejerce la responsabilidad parental y se restringiría el uso de datos más allá de lo necesario para el servicio. También se impondrían evaluaciones de impacto cuando el tratamiento implique alto riesgo, especialmente si puede afectar a menores y datos sensibles. Ese paquete apunta a una lógica preventiva: obligar a medir riesgos antes de lanzar funciones.

La discusión sobre “adicción por diseño” también se apoya en una crítica económica: el modelo de negocio basado en maximizar atención y permanencia. La docente de la UBA Carolina Martínez Elebi lo planteó como un problema de arquitectura y métricas internas. “Cuando el modelo de negocio está estructuralmente basado en maximizar la atención, el tiempo de permanencia y el engagement, lo que está en juego es un diseño económico que incentiva la amplificación de contenidos que generan reacción, muchas veces a costa del bienestar, la privacidad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo. En ese marco, la responsabilidad deja de ser un eslogan y se vuelve una discusión sobre incentivos.

Elebi también reclamó un estándar más exigente cuando el usuario es menor y cuestionó que la respuesta se limite al “uso responsable”. “En el caso de menores, el estándar debería ser más exigente”, afirmó, y agregó que si se conocen mecanismos como notificaciones constantes o scroll infinito, “no alcanza con recomendar solamente” autocontrol. En su propuesta aparecen límites al perfilado comercial, menos hiperpersonalización y más transparencia sobre cómo operan los algoritmos con cuentas de menores. La idea apunta a que la obligación de cuidado no quede solo en familias y escuelas.

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El juicio en Los Ángeles, estiman, durará hasta finales de marzo y su veredicto puede tener efecto dominó, incluso sin cambiar leyes de inmediato. Un jurado deberá decidir si los daños asociados al uso de redes recaen solo en los usuarios o también en las decisiones de diseño de las propias plataformas, en un país donde la Sección 230 marcó la cancha por décadas. La discusión que se abre ya empuja proyectos de verificación de edad y reformas de datos en Argentina, con la Provincia de Buenos Aires como primer terreno de disputa. Lo que ocurra en esa sala puede convertirse en precedente cultural: que diseñar para retener no sea solo una estrategia, sino una responsabilidad.