
El Repunte: "Pagamos un costo altísimo para seguir luchando contra este lobby pesquero asesino"
Chubut06/03/2026
REDACCIÓNLa decisión judicial frenó la investigación por el hundimiento del buque Repunte y reavivó un reclamo que las familias sostienen desde hace años.

La resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia volvió a dejar a las familias de tripulantes hundidos en el lugar que más conocen y más padecen: el de una causa que no llega al fondo. Esta vez, el golpe cayó sobre el expediente del Repunte, donde la decisión judicial cerró la posibilidad de seguir investigando las responsabilidades por el hundimiento. Para quienes llevan años empujando denuncias, reconstrucciones y pedidos de justicia, el fallo no solo clausura una instancia procesal, sino que reactiva una certeza amarga: en la pesca argentina, los barcos se hunden, los trabajadores mueren o desaparecen, y casi nunca hay responsables.
Ese fue el eje que atravesó la entrevista de #LA17 con Gabriela Sánchez, integrante del movimiento Ni un hundimiento más, quien habló desde el dolor pero también desde una acumulación de pruebas, años de seguimiento y una indignación que no encontró alivio en la Justicia. “Realmente para nosotros fue un baldazo de agua fría que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia fallara en su sentencia a favor justamente de esto, de no investigar las causas del hundimiento del Repunte”, dijo, al resumir el impacto de una decisión que, según explicó, deja agotadas las posibilidades de apelación dentro de la Argentina.


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El cierre de la causa golpea todavía más porque, a diferencia de otros hundimientos donde casi todo quedó atado a hipótesis indirectas, en el caso del Repunte hubo dos sobrevivientes y una reconstrucción mucho más precisa de lo ocurrido. Sánchez recordó que en este expediente no solo estaban apuntados los integrantes de la familia Caputo, dueños de la firma Ostramar, sino también personal de Prefectura, un ingeniero civil vinculado al manual de estabilidad del barco, un ingeniero de la fuerza y la propia Armada, por el operativo de rescate. En esa lista aparece una trama más amplia que la de un simple accidente, con decisiones empresarias, controles estatales y respuestas posteriores bajo cuestionamiento.
Uno de los puntos más duros del reclamo pasa por el modo en que el expediente terminó cargando el peso sobre el capitán. Sánchez sostuvo que el fallo toma como argumento que la responsabilidad final habría sido del capitán o del clima, y que de ese modo corta la relación causal con quienes, según la querella, habían alterado condiciones básicas de seguridad. “Ellos dicen, sí, el manual fue modificado por este ingeniero, por este ingeniero, pero la culpa fue del capitán que tomó las decisiones sobre algo que estaba totalmente erróneo y que ellos sabían perfectamente que estaba erróneo”, cuestionó.
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Ese manual de estabilidad ocupa un lugar central en la acusación de la familia y en la lectura que hacen sobre el hundimiento. Según explicó Gabriela, el buque había sido modificado para la pesca de langostino y no contaba con las estructuras que debía tener para esa operatoria, pero aun así el capitán tomó decisiones de navegación apoyado en un documento técnico que no reflejaba la realidad del barco. “Mi hermano tomó las decisiones sobre ese manual de estabilidad que estaba totalmente manipulado, o sea, no decía exactamente lo que debería decir en ese manual”, sostuvo, al insistir en que la falla no puede ser atribuida de manera aislada a quien estaba al mando en el momento final.
La reconstrucción del episodio que hizo durante la entrevista buscó, justamente, romper con esa simplificación. Gabriela explicó que el Repunte no dio vuelta de campana y que los tripulantes lograron salir, algo que permite reconstruir el comportamiento del barco con mayor precisión. Contó que navegaban mucho más cerca de Comodoro Rivadavia, aunque el puerto de asiento era Puerto Madryn, y que cuando se levantó el temporal decidieron regresar guiados por los parámetros de ese manual. El problema, según la investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte, no fue una entrada de agua como pensaron en un primer momento los sobrevivientes, sino una falta de estabilidad que hizo que el barco se inclinara cada vez más hasta volverse irrecuperable.
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En ese punto, Sánchez fue insistente con una idea que aparece una y otra vez en este tipo de casos: la muerte del capitán termina funcionando como una coartada perfecta para desplazar otras responsabilidades. “Porque si él tomó las decisiones, fue sobre algo que estaba mal, que lo habían modificado para que pasaran las certificaciones”, remarcó. Y agregó otra frase que sintetiza el núcleo de su bronca: “Si mi hermano está muerto, ¿qué va a decir? No, hice esto, hice eso. Está muerto, está desaparecido, no solamente muerto. Mi hermano está desaparecido”.
La crítica de las familias no se agota en el caso del Repunte, sino que se proyecta sobre un patrón que, según denuncian, se repite desde hace años en la actividad pesquera. Sánchez recordó que desde el año 2000 hasta hoy se hundieron 67 barcos y que no hubo un solo caso que llegara a juicio con responsables definidos. “No hay un solo, uno que yo te diga, en este caso se llegó al juicio. Ninguno. Todos terminan en la etapa de instrucción”, señaló, marcando la sensación de impunidad estructural que alimenta el movimiento que integra.
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Esa percepción también se enlaza con hechos recientes y con otras búsquedas interrumpidas demasiado pronto. Durante la entrevista, Gabriela vinculó lo ocurrido con el Repunte con el caso del maquinista del LNOA, el barco hundido hace poco tiempo donde un trabajador de Puerto Madryn sigue desaparecido. Allí denunció que ni siquiera se cumplió con la ley SAR, que obliga a sostener la búsqueda por diez días. “A los cinco días dijeron, listo, ya está”, lamentó, y volvió a plantear que el abandono en el mar después se traslada a tierra, cuando las familias quedan sin respuestas, sin cuerpo y muchas veces sin acceso a seguros o pensiones.
La figura del desaparecido fue, de hecho, otro de los ejes más fuertes de su testimonio. Gabriela explicó que esa condición no solo prolonga el duelo, sino que además bloquea trámites elementales para la subsistencia de las familias. Contó que en el caso de su hermano hubo demoras, errores y un certificado de presunción de fallecimiento que llegó primero con otro nombre y recién fue corregido seis años y medio después. “Y hasta hoy, casi nueve años, todavía no ha cobrado el seguro”, dijo, antes de enlazar esa experiencia con la de otras esposas y familias que quedan suspendidas en una especie de limbo jurídico y económico.
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La entrevista también dejó ver el costo humano que implica sostener estos reclamos durante tanto tiempo. Sánchez habló de enfermedad, desgaste extremo y daños familiares acumulados por años de pelea contra lo que definió como un sistema que protege más a las empresas que a los trabajadores. “Nosotros pagamos un costo altísimo para seguir luchando contra este lobby pesquero asesino, porque son asesinos, para nosotros son asesinatos laborales”, lanzó, en una definición que no buscó atenuar ni volver más amable el conflicto. En esa frase no hay solo enojo: hay una forma de nombrar un mecanismo donde, según su mirada, la negligencia y la voracidad empresaria terminan convertidas en muerte.
Hacia el final, la dirigente insistió en que el objetivo de las familias nunca fue únicamente conseguir una condena simbólica por lo ya perdido, sino poner un límite a una lógica que, entienden, sigue activa. “Desde el día primero sabíamos que no íbamos a recuperar lo más importante, porque el juicio tampoco nos iba a hacer recuperar lo que perdimos, que era la vida de nuestros familiares, pero sí estábamos convencidos que iba a ponerle un freno a estos empresarios”, afirmó. El cierre de la causa del Repunte, entonces, no aparece solo como una derrota judicial: aparece como la continuidad de una historia donde las familias vuelven a escuchar que no alcanza, que no se puede, que no hay conexión causal, mientras el fondo del mar sigue guardando muertos, desaparecidos y preguntas sin respuesta.

















