Descubren a delincuente que vendía internet, pero robaba el servicio a Flux en Madryn

La investigación apunta a un hombre que habría hecho conexiones clandestinas usando el nombre de una empresa habilitada y prometía restablecer la señal si la cortaban.

Una denuncia empresaria derivó este viernes en un procedimiento policial en Puerto Madryn que puso bajo sospecha una maniobra mucho más compleja que una simple conexión informal. La investigación apunta a un hombre que, según la acusación, ofrecía servicios en nombre de Flux sin tener vínculo laboral con la firma y realizaba instalaciones clandestinas en domicilios particulares. El caso abrió una causa penal por una práctica que no solo afectaría a la empresa, sino también a vecinos que habrían contratado un servicio fuera de toda vía legal.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle La Pampa al 800, en cercanías de Estivariz, y fue ejecutado por personal de la División Policial de Investigaciones. La medida judicial no apareció de manera aislada, sino como resultado de una serie de tareas previas que incluyeron trabajo de campo, inspecciones oculares y recolección de registros incorporados al expediente. Todo ese recorrido permitió avanzar sobre una sospecha puntual: la existencia de conexiones irregulares montadas con el nombre de una empresa formal.

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La denuncia que activó la causa fue presentada por directivos de Flux, quienes señalaron que un hombre ofrecía el servicio de la compañía a clientes particulares sin pertenecer a la estructura de la firma. Según la exposición, no solo usaba el nombre comercial para captar usuarios, sino que además ejecutaba conexiones clandestinas y daba garantías de continuidad aunque la señal fuera interrumpida. Ese último punto es uno de los más sensibles del caso, porque sugiere que el sospechoso no prometía un servicio regular, sino la posibilidad de volver a conectarlo aun después de una baja.

Ese modo de operar convierte la maniobra en algo más grave que una prestación informal por afuera de los canales comerciales habituales. La acusación indica que el investigado no se presentaba como un técnico suelto o un instalador independiente, sino que trabajaba utilizando la identidad de una empresa reconocida, algo que podría haber inducido a error a quienes contrataron el servicio. En ese esquema, los nuevos usuarios no solo habrían recibido una conexión presuntamente ilegal, sino que además podrían haber sido engañados respecto del origen y respaldo real de la prestación.

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La presentación empresaria también incluyó otro dato que ahora forma parte del expediente. De acuerdo con la denuncia, el sospechoso se desempeñaría para otra compañía que presta servicios similares, aunque realizaba instalaciones de forma particular utilizando el nombre de Flux. Esa superposición de actividades y referencias comerciales es parte del núcleo que busca esclarecer la investigación, sobre todo porque el uso de una marca ajena habría funcionado como vía de captación y confianza frente a los clientes.

Con esos elementos sobre la mesa, la DPI avanzó con tareas investigativas que permitieron verificar irregularidades. La policía informó que durante el trabajo previo se lograron constatar conexiones clandestinas del servicio, una evidencia que empujó el pedido de allanamiento. A eso se sumó la incorporación de audios y registros obtenidos en momentos en que el sospechoso realizaba instalaciones, material que ahora integra la causa y que podría resultar central en futuras pericias.

El allanamiento tuvo como objetivo principal secuestrar teléfonos celulares para análisis informáticos, herramientas utilizadas para conexiones de cable y cualquier otro elemento vinculado a la operatoria denunciada. Durante el procedimiento, los investigadores incautaron herramientas relacionadas con instalaciones del servicio, dispositivos móviles y también un vehículo perteneciente a la empresa en la que el investigado trabajaría como empleado. Ese secuestro amplía la dimensión del caso, porque permite indagar no solo la actividad puntual del sospechoso, sino también el contexto en el que se movía.

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La causa, además, sumó un episodio paralelo durante el propio operativo. Mientras el personal policial desarrollaba la medida judicial, un hermano del principal investigado fue detenido luego de intentar entorpecer el accionar de los efectivos. Esa detención no modifica el eje principal del expediente, pero sí agrega tensión a una investigación que ya venía siguiendo una maniobra presuntamente sostenida en el tiempo y apoyada en una estructura operativa concreta.

Lo que ahora intenta determinar la Justicia no es solo cómo se hacían las conexiones ilegales, sino también bajo qué modalidad se ofrecían, a cuántos usuarios alcanzaron y qué nivel de engaño hubo en la comercialización del servicio. En este tipo de casos, la supuesta estafa no se agota en el perjuicio empresarial por el robo de señal, sino que también puede incluir a personas que pagaron creyendo contratar una prestación legítima, estable y amparada por una firma habilitada. Esa doble afectación vuelve especialmente delicada la investigación.

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El expediente seguirá avanzando con las pericias sobre los teléfonos secuestrados y con el análisis de los demás elementos incorporados. Allí podrían aparecer conversaciones, contactos, formas de cobro, mensajes con clientes o registros de instalaciones que permitan reconstruir con mayor precisión el alcance de la maniobra. Por ahora, la situación quedó a disposición de la Justicia y el caso sigue abierto mientras los investigadores tratan de establecer cuántas conexiones se montaron de este modo y quiénes terminaron involucrados en una operatoria que mezclaba robo de señal, uso indebido de un nombre comercial y captación de nuevos usuarios.