La pelea por los bienes de los hijos de Cristina entró en una semana decisiva

El fiscal ante Casación pidió rechazar el planteo de la expresidenta y habilitar ya la ejecución de propiedades que quedaron bajo discusión en la causa Vialidad.

El tramo que falta ejecutar en la causa Vialidad volvió a poner a Cristina Kirchner en el centro de una pulseada judicial que ahora gira sobre los bienes de sus hijos. No se discute la condena principal ni la pena de prisión domiciliaria que cumple en San José 1111, sino el alcance concreto del decomiso patrimonial dispuesto en ese expediente. En ese punto, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, pidió rechazar el planteo de la expresidenta y avanzar sin demora con la ejecución.

La intervención de Villar endurece el escenario para la defensa porque empuja una salida inmediata sobre un aspecto que todavía seguía abierto en los hechos. Su dictamen sostiene que el decomiso no está en debate como figura jurídica, ya que forma parte de una condena firme desde junio del año pasado. Desde esa mirada, lo único pendiente es volver operativa esa decisión y pasar a la etapa de tasación, remate o inscripción de bienes.

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La discusión impacta de lleno sobre el patrimonio que Máximo y Florencia Kirchner recibieron de sus padres. Según el texto fuente, el listado bajo disputa incluye 10 departamentos en Río Gallegos, otros dos inmuebles en esa ciudad y una serie de terrenos en Lago Argentino, todos en Santa Cruz. Ese paquete es el que la defensa intenta resguardar con el argumento de que los hijos de la expresidenta no formaron parte del proceso que terminó en condena.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy plantearon ante Casación que los bienes de los hijos de Cristina tienen origen lícito y que no hubo una investigación patrimonial ni una trazabilidad de fondos que pruebe vínculo con el delito por el que fue condenada. El cuestionamiento no se agota en esas propiedades, porque además discute el criterio general con el que el Tribunal Oral Federal N°2 activó el decomiso. Allí aparece uno de los ejes centrales del reclamo de la expresidenta: la denuncia de una supuesta “confiscación política” y de un avance sobre bienes hereditarios ajenos al expediente penal.

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Villar contestó esa línea con una interpretación opuesta. En su dictamen recordó que, en causas de corrupción, no siempre se puede reconstruir de manera exacta el circuito completo de los fondos ilícitos y que por eso los jueces pueden valorar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con la maniobra delictiva. Su postura busca sostener el llamado modelo de decomiso ampliado frente a la objeción de la defensa, que insiste en que no existe prueba concreta que conecte esas propiedades con el hecho por el que Cristina Kirchner recibió condena.

El fiscal fue todavía más directo al explicar por qué, a su criterio, no corresponde frenar la ejecución. “El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, sostuvo. En la misma línea agregó: “La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida”, una formulación que busca cerrarle el paso al intento de la defensa de darle efecto suspensivo a su recurso.

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Ese pedido suspensivo es hoy una pieza importante de la estrategia de Cristina Kirchner. Lo que reclama su defensa es que se frene de inmediato cualquier movimiento sobre los bienes, ya sea una tasación, un remate o una inscripción a favor de la Corte Suprema u otra entidad. También discute la actualización del monto a cubrir, que la Justicia fijó en más de 684.000 millones de pesos, una cifra que la expresidenta considera mal calculada y todavía no firme.

La presión para ejecutar el decomiso no viene solo de Villar. Antes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya habían insistido con que la medida se activara de manera inmediata, aunque en agosto pasado no lograron avanzar. Esa ofensiva incluyó no solo bienes atribuidos a la expresidenta, sino también propiedades de Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente, dentro de un pedido más amplio que abarca 141 inmuebles, 46 automotores, dólares en cajas de seguridad y depósitos bancarios.

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Dentro de ese universo, el reclamo sobre la familia Kirchner incorpora además bienes muy puntuales. El texto fuente menciona propiedades en Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424, además de fondos en moneda extranjera a nombre de Florencia Kirchner. Esa amplitud muestra que la disputa no se limita a un gesto simbólico ni a un trámite accesorio: lo que está en juego es el modo en que la Justicia ejecuta patrimonialmente una condena por corrupción que ya quedó firme.

La definición inmediata quedó en manos de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que integran la Cámara de Casación y que, según el texto fuente, podrían reunirse la semana próxima para resolver. En paralelo, se conoció que Grammatico Mazzari se excusó en otro expediente —esto no pertenece a esta nota; ignore. Correction: no use extraneous. Instead: en este caso, el tribunal deberá decidir si el recurso de la defensa bloquea la ejecución o si, como reclamó Villar, el decomiso puede ponerse en marcha sin más demoras. Esa resolución definirá si la pelea patrimonial de la causa Vialidad entra finalmente en su fase más concreta.

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En términos políticos y judiciales, el expediente vuelve a correr el eje desde la condena hacia sus consecuencias materiales. La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner ya está en curso, pero el decomiso sigue siendo el punto donde la disputa conserva margen de maniobra. Lo que viene ahora no es una discusión abstracta sobre doctrina penal, sino una decisión con efectos directos sobre la herencia, la propiedad y el alcance real de una sentencia que todavía sigue produciendo capítulos.

Fuente: LA NACION.