El día que Chubut salió a defender a su gigante del aluminio, en una semana de duras negociaciones

La frase sonó a salvavidas político en medio de semanas cargadas de malas noticias para el aluminio: “no va a haber ningún tipo de impacto arancelario en el aluminio que se procesa y se exporta en la provincia de Chubut”.

Con esa declaración, el gobernador Ignacio Torres buscó enviar una señal directa a los trabajadores de Aluar y al entorno productivo de Puerto Madryn, en un contexto de cambios regulatorios, decisiones del Gobierno nacional y presión internacional sobre el sector.

Mientras el debate público se concentraba en el cierre de Fate y en la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar una protección clave para el aluminio local, la conducción política de Chubut eligió un mensaje de contención. La preocupación de fondo era clara: que el combo de nuevos aranceles externos, ajustes internos y pérdida de beneficios terminara golpeando de lleno en la única planta de aluminio primario del país. La promesa de que no habrá “impacto arancelario” se inserta ahí, como una respuesta a un clima de incertidumbre creciente.

La declaración de Torres no fue improvisada ni aislada. Llegó después de reuniones con la conducción de Aluar y de conversaciones con funcionarios nacionales, que también salieron a despegar la situación de la planta patagónica de la medida que dejó sin efecto el arancel antidumping del 28% contra el aluminio chino. Ese derecho, vigente desde 2020, había sido un escudo clave para la compañía frente a la competencia asiática. Su caída, sumada al endurecimiento de las condiciones en Estados Unidos, encendió alarmas en gremios y autoridades locales, que empezaron a preguntarse cuánto tiempo más podía sostenerse la ecuación de negocios de la empresa en Madryn.

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El contexto internacional no ayuda. La negociación comercial con Estados Unidos dejó al acero y al aluminio fuera de los alivios, y ambos productos siguen alcanzados por un arancel del 50% bajo la Sección 232, luego de la suba dispuesta en 2025. Eso impacta directamente sobre los márgenes de exportación y obliga a Aluar a recalcular cada tonelada que sale. En paralelo, el fin del antidumping para hojas de aluminio procedentes de China abrió de nuevo la puerta a importaciones más baratas en el mercado interno, recortando parte de la protección que la compañía había conseguido años atrás.

Frente a ese cuadro, la estrategia comunicacional de la Provincia apunta a separar aguas. Torres plantea que, más allá de las medidas generales, la producción de aluminio que sale de Chubut no enfrentará un “nuevo” impacto arancelario adicional que pueda poner en riesgo la continuidad de la planta. Traducido al lenguaje político local, el mensaje es que no habrá una sorpresa específica contra Aluar que obligue a la empresa a revisar su operación en Puerto Madryn. Estp ofrece un punto de apoyo para sindicatos, intendentes y proveedores que miran con preocupación cada movimiento regulatorio.

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La historia reciente ayuda a entender por qué la palabra “alivio” tomó tanto peso. Desde 2020, el arancel antidumping del 28% contra el aluminio chino funcionó como una barrera que encarecía las importaciones y protegía la producción nacional. En 2025, el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos elevó los aranceles al acero y al aluminio argentinos hasta el 50%, mientras el Gobierno argentino buscaba, con prórrogas acotadas, sostener esquemas de exportación con menor carga a ese mercado. El anuncio de febrero de 2026, que dejó caer el antidumping, fue leído por muchos como un giro a favor de la competencia externa en un momento de máxima fragilidad para la industria local.

En ese marco, el caso Aluar tiene una carga simbólica propia. No se trata solo de una gran empresa, sino del principal empleador industrial de Puerto Madryn y de la columna vertebral de un entramado de servicios, proveedores y empleos indirectos que van desde el transporte y la logística hasta el mantenimiento especializado. El cierre de Fate, otra compañía del mismo grupo, alimentó el temor de que la reconfiguración del negocio incluyera ajustes más profundos. La aclaración de Torres buscó cortar esa lectura, y mostrar que la Provincia está sentada en la mesa donde se discuten las reglas de juego.

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El desafío para los próximos meses será comprobar si las condiciones reales de mercado acompañan el mensaje político. De un lado, los costos energéticos, la competencia internacional y el tipo de cambio. Del otro, la capacidad del Gobierno nacional para negociar mejores condiciones en los principales destinos de exportación sin desarmar la protección necesaria para que la industria local siga siendo viable. En el medio, miles de trabajadores que leen en cada gacetilla y en cada decreto una señal sobre su futuro inmediato.