Dos estatales fueron despedidos en Río Negro y hubo más sanciones por conflictos y ausencias

La administración pública de Río Negro registró nuevas sanciones disciplinarias en los primeros meses de 2026. Según datos oficiales, dos trabajadores estatales fueron cesanteados, mientras que otros empleados recibieron suspensiones sin goce de haberes y apercibimientos por diferentes faltas vinculadas al desempeño laboral y a conflictos dentro de los organismos.

Las decisiones surgieron de resoluciones de la Junta de Disciplina, el organismo encargado de evaluar conductas e incumplimientos dentro del empleo público provincial. En el período analizado se dictaron dos cesantías, once suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos, medidas aplicadas tras investigaciones administrativas.

Las actuaciones disciplinarias abarcan situaciones diversas que van desde problemas en el cumplimiento de las tareas hasta conflictos entre compañeros de trabajo. Entre los motivos más frecuentes aparecen ausencias injustificadas, desatención de funciones o negligencia en el cuidado de insumos públicos, además de denuncias por malos tratos o agresiones dentro del ámbito laboral.

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Desde el gobierno provincial remarcaron que el objetivo del sistema disciplinario es sostener reglas claras dentro de la administración. La política apunta a reconocer el desempeño de los agentes que cumplen sus tareas y, al mismo tiempo, aplicar sanciones cuando se detectan faltas graves.

En ese sentido, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó el criterio que guía las decisiones del área. “Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”, afirmó.

El trabajo de la Junta de Disciplina se intensificó en los últimos años con el análisis de una gran cantidad de expedientes. Desde enero de 2024 se revisaron más de 1.000 actuaciones administrativas, lo que permitió acelerar procesos que durante años permanecieron demorados dentro de la estructura estatal.

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Ese ritmo de trabajo derivó en un aumento significativo en la cantidad de resoluciones. Según los datos oficiales, el promedio anual de decisiones disciplinarias se duplicó en comparación con períodos anteriores, en parte por la reorganización de los procesos internos.

Como resultado de ese proceso, desde el inicio de la actual gestión se registraron 94 cesantías, seis exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos dentro de la administración pública provincial. En paralelo, el sistema también resolvió 77 absoluciones, casos en los que los agentes investigados no recibieron sanciones.

Las sanciones más severas previstas por la legislación provincial son la cesantía y la exoneración. La primera implica la desvinculación del trabajador con la posibilidad de volver a ingresar al Estado después de cinco años, mientras que la segunda supone la expulsión definitiva del empleo público.

Antes de aplicar cualquier medida disciplinaria, la normativa exige la realización de un sumario administrativo. En ese proceso, instructores especializados reúnen pruebas, analizan testimonios y elaboran un informe que luego es evaluado por la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN.