Más de 50 mil pidieron hablar por glaciares, pero el Congreso solo escuchará a 200
Política16/03/2026
REDACCIÓNEl debate por la reforma de la Ley de Glaciares desató una fuerte polémica en Diputados luego de que se definiera que solo una mínima parte de los inscriptos podrá exponer en audiencias públicas.
El tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares abrió una discusión intensa en el Congreso y fuera de él. Más de 50.000 personas se anotaron para participar de las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados, pero solo unas 200 podrán exponer de manera directa.
La decisión fue tomada por el bloque oficialista en las comisiones que llevan adelante el debate parlamentario. La medida definió el esquema de participación para las audiencias programadas para el 25 y 26 de marzo. El mecanismo fue establecido a través de una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
Según ese documento, el número de expositores será limitado tanto para la participación presencial como virtual. La organización contempla una primera jornada con exposiciones presenciales y una segunda jornada con intervenciones por videoconferencia.
De acuerdo con el esquema previsto, alrededor de cien personas participarán presencialmente durante el primer día, mientras que otro centenar intervendrá de forma virtual a través de la plataforma Zoom en la jornada siguiente. El resto de los inscriptos no podrá tomar la palabra en las audiencias. En esos casos, las personas deberán enviar su postura por escrito o grabar un video de hasta cinco minutos que será incorporado al expediente legislativo.
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La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, es impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa también es respaldada por varias provincias con actividad minera interesadas en atraer inversiones vinculadas a minerales como litio y cobre.
La norma actualmente vigente fue sancionada en 2010 y establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Estas zonas son consideradas reservas estratégicas de agua dulce y la ley prohíbe actividades que puedan afectarlas, entre ellas la minería o la explotación hidrocarburífera.
La decisión de limitar la participación generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Legisladores de bloques opositores como Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas reclamaron ampliar la cantidad de jornadas de audiencias para permitir más intervenciones.
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También organizaciones ambientales expresaron su rechazo al esquema definido por las comisiones parlamentarias. Entidades como Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales sostuvieron que la medida restringe la participación ciudadana en un tema de alto impacto ambiental. Desde esos espacios señalaron que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que las audiencias públicas deben garantizar la participación de la ciudadanía en temas de interés público.
El oficialismo defendió la decisión argumentando razones organizativas frente al volumen de inscriptos. Según indicaron desde las comisiones, permitir la exposición de todos los interesados resultaría materialmente imposible dentro de los tiempos del funcionamiento parlamentario. La resolución establece además que todas las presentaciones —presenciales, virtuales o enviadas por escrito— serán incorporadas como antecedentes para el tratamiento del proyecto en el Congreso.
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