Una ex funcionaria fue condenada por beneficiar a su pareja con contratos
Policiales19/03/2026
REDACCIÓNEl fallo en Rawson incluyó prisión en suspenso e inhabilitación perpetua tras comprobarse irregularidades en compras del Ministerio de Seguridad.
Una sentencia dictada en Rawson dejó firme la responsabilidad penal de una ex funcionaria provincial por intervenir en contrataciones que favorecieron directamente a su pareja. El tribunal consideró acreditado el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y estableció una pena que, aunque no implica prisión efectiva, la aparta de manera definitiva de cualquier cargo estatal.
La condenada es Carolina Pardo Said, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad del Chubut. Según lo probado durante el juicio, utilizó su posición dentro del organismo para intervenir en procesos de contratación que terminaron beneficiando a su entorno más cercano.
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El fallo fue resuelto por unanimidad por un tribunal escabinado integrado por los jueces Jorge Novarino, Eve Ponce y Laura Martini, junto a dos vecinos de Rawson que participaron como jurados. La audiencia se desarrolló en la Oficina Judicial de la ciudad, con la presencia de la imputada, su defensa y representantes del Ministerio Público Fiscal.
La sentencia estableció una pena de un año de prisión en suspenso, lo que implica que no cumplirá condena efectiva en un establecimiento penitenciario, pero sí deberá respetar una serie de condiciones fijadas por la justicia. Además, se dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que impacta directamente en su futuro laboral dentro del Estado.
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Durante el proceso judicial se logró reconstruir el mecanismo mediante el cual se concretaron las contrataciones cuestionadas. La investigación determinó que Pardo Said intervino en gestiones que derivaron en trabajos adjudicados a su pareja, Vicente Andrés García, en distintas dependencias oficiales.
Esos servicios incluyeron tareas de reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y trabajos eléctricos, todos vinculados al ámbito del Ministerio de Seguridad. Según se detalló en el juicio, el monto total de esas contrataciones superó el millón de pesos, lo que reforzó la gravedad de la conducta evaluada por el tribunal.
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Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del rol que ocupaba la funcionaria dentro de la estructura estatal y cómo ese lugar le permitía intervenir en decisiones administrativas sensibles. La justicia entendió que esa posición implicaba una obligación de imparcialidad que fue vulnerada al beneficiar a un allegado.
Además de la pena principal, la condenada deberá cumplir pautas de conducta, que forman parte de las condiciones habituales en las condenas en suspenso. También se le impuso el pago de las costas del proceso, lo que incluye los gastos derivados de la investigación y el juicio.
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El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control dentro de las áreas de compras del Estado, donde la transparencia resulta clave para evitar conflictos de intereses. La sentencia deja establecido que el uso de una función pública para favorecer intereses personales constituye una conducta penalmente reprochable.
Con esta resolución, el tribunal cerró una etapa del proceso judicial, aunque el impacto de la condena se proyecta más allá del caso individual, en un contexto donde las prácticas administrativas bajo la lupa suelen derivar en investigaciones de este tipo.
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