Tras dos meses de investigación, la Policía irrumpió en tres viviendas y encontró dinero, drogas y un arma. Tres jóvenes quedaron imputados por microtráfico.
El movimiento constante de pedidos y entregas terminó por delatar una dinámica que llevaba semanas bajo observación. En distintos puntos de Rawson y Playa Unión, una misma estructura repetía un patrón que llamó la atención de los investigadores: ventas rápidas, contactos directos y distribución sin intermediarios visibles. Esa mecánica derivó en un operativo que dejó al descubierto una organización familiar dedicada al narcomenudeo.
El procedimiento se concretó en las primeras horas del viernes, cuando personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson avanzó de manera simultánea sobre tres domicilios. La intervención se apoyó en una investigación que se extendió durante unos 60 días y que reunió elementos suficientes para solicitar las órdenes judiciales correspondientes. El despliegue incluyó distintos grupos operativos para asegurar el ingreso y control de los lugares.
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Los allanamientos se realizaron en dos viviendas del barrio San Pablo, en Rawson, y en otra ubicada en el barrio 3 de Abril, en Playa Unión. Según los datos obtenidos durante la pesquisa, el grupo funcionaba como una unidad familiar que se encargaba tanto de la venta directa desde sus casas como de las entregas a domicilio. Esa modalidad, conocida como “delivery”, permitía sostener el circuito sin exposición constante en la vía pública.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de diez dosis de clorhidrato de cocaína, junto con hojas y cigarrillos de cannabis, además de plantas de marihuana. También hallaron balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento, lo que confirmó la actividad vinculada a la comercialización minorista. Cada uno de esos elementos reforzó la hipótesis de un esquema organizado de distribución.
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El operativo también permitió incautar un revólver calibre .22 con municiones, un dato que elevó la gravedad del caso en términos judiciales. A eso se sumaron varios teléfonos celulares y anotaciones que, según se presume, estarían vinculadas a la operatoria de venta. El conjunto de pruebas quedó bajo análisis para profundizar la investigación y establecer el alcance de la red.
Otro de los puntos relevantes fue el secuestro de una suma superior a los 2.700.000 pesos en efectivo, dinero que los investigadores vinculan directamente con la actividad ilícita. La presencia de ese monto en los domicilios reforzó la hipótesis de un circuito activo de comercialización. En paralelo, se busca determinar la frecuencia de las operaciones y la cantidad de clientes que manejaban.
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Como resultado del procedimiento, quedaron imputados dos hombres de 40 y 21 años, y una mujer de 19, todos integrantes del mismo grupo familiar. Los tres fueron acusados por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. La situación procesal de cada uno quedó sujeta al avance de la causa y a la evaluación de las pruebas reunidas.
El accionar contó con la participación del Grupo Especial de Operaciones Policiales y la Sección Operaciones de Rawson, que brindaron apoyo en los ingresos y aseguraron el desarrollo de los allanamientos. La coordinación entre las distintas áreas resultó clave para ejecutar el procedimiento de manera simultánea y evitar fugas o destrucción de evidencia.
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El caso vuelve a poner en foco una modalidad que crece en la región: el microtráfico con estructura reducida y funcionamiento doméstico. Este tipo de organizaciones suele operar con bajo perfil y logística simple, apoyada en contactos directos con los compradores. La investigación continúa abierta para determinar si existían vínculos con otras redes o si se trataba de un circuito acotado al ámbito local.
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