Quieren exigir dos años de residencia para ser docente y ya genera polémica

Actualidad25/03/2026

Una propuesta legislativa en Río Negro reavivó el debate sobre quiénes pueden acceder a cargos docentes en la provincia. La iniciativa plantea un cambio concreto en el Estatuto Docente y pone en el centro una condición que podría dejar afuera a aspirantes de otras jurisdicciones.

El proyecto propone modificar el artículo 12 de la Ley Nº 391 para exigir al menos dos años de residencia continua e inmediata anterior en la provincia como requisito excluyente para ingresar a la carrera docente. La medida apunta directamente al momento de ingreso y redefine las condiciones de acceso al sistema educativo.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene, de la UCR, quienes sostienen que el objetivo es fortalecer el arraigo local y consolidar equipos docentes con mayor estabilidad en las instituciones educativas.

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Según argumentan, la docencia tiene un fuerte impacto social y comunitario, por lo que consideran clave que quienes enseñan conozcan de cerca el contexto donde trabajan. En ese sentido, señalaron que “la exigencia de un período mínimo de residencia previa no constituye una limitación arbitraria, sino una herramienta razonable para promover el arraigo, favorecer la estabilidad institucional, fortalecer el empleo local y garantizar una mejor integración del docente a la comunidad educativa”.

El proyecto también pone el foco en los egresados locales. Los autores remarcan que buscan dar prioridad a quienes se formaron en la provincia y apuestan por quedarse. “Dos años de prioridad para nuestras/os jóvenes rionegrinas que se comprometen con la tarea de educar a nuestros niños y niñas, a partir del ingreso a la carrera docente, nos parece una medida absolutamente razonable y equilibrado”, expresaron.

Sin embargo, la iniciativa contempla un punto sensible: la cobertura de cargos. Para evitar que la exigencia genere vacantes sin cubrir, el texto incluye la posibilidad de establecer excepciones en casos específicos, como falta de postulantes o perfiles considerados críticos.

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Estas excepciones quedarían definidas en la reglamentación, y serían aplicables “excluyentemente a situaciones de vacancia y/o especialidad o perfiles críticos”. De este modo, el proyecto intenta equilibrar el criterio de residencia con la necesidad operativa del sistema educativo.

El antecedente de normativas similares en provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego aparece como respaldo de la propuesta. Según sus impulsores, estas experiencias muestran que el requisito de residencia no vulnera el principio de igualdad, sino que puede contribuir a una planificación más eficiente.

Más allá de los fundamentos, la discusión abre interrogantes sobre el impacto real de la medida. La exigencia podría modificar la dinámica de acceso a la docencia y generar tensiones entre quienes buscan radicarse en la provincia y quienes ya forman parte de su sistema educativo.

El proyecto recién comienza su recorrido legislativo, pero ya instala una discusión de fondo: hasta qué punto el arraigo territorial debe pesar en el ingreso a la carrera docente y cómo equilibrar ese criterio con la necesidad de cubrir todos los cargos en las aulas.