Milei, Karina y Mahiques cerraron en Olivos un proyecto que sube penas, recorta artículos y cambia el agravante por femicidio sin reabrir el aborto.
La reunión que Javier Milei mantuvo en la quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no giró solamente alrededor de una reforma técnica. En esa mesa se terminaron de pulir algunos de los puntos más sensibles del nuevo Código Penal que el Gobierno planea enviar al Congreso en los próximos días. El dato más político de esa conversación pasó por lo que el oficialismo resolvió modificar, pero también por aquello que decidió dejar quieto para no abrir otro frente de conflicto.
La presencia de Karina Milei en ese encuentro mostró que la discusión no quedó limitada al plano jurídico ni a una revisión de redacción. La Secretaría General de la Presidencia participó de una reunión de dos horas donde se evaluaron costos políticos, márgenes legislativos y el modo en que el Gobierno quiere reposicionarse en una agenda pública que se le volvió más áspera. Por eso el nuevo Código no aparece solo como una iniciativa penal, sino también como una herramienta con la que la Casa Rosada busca recuperar iniciativa.
OTRAS NOTICIAS:
Uno de los temas que más ruido podía generar era el aborto no punible, una discusión que finalmente el Gobierno resolvió no tocar. Según la reconstrucción de la negociación, en Olivos prevaleció la idea de que volver sobre ese punto podía reabrir una fractura social amplia y, además, empantanar el tratamiento parlamentario del paquete completo. Así, aunque el Presidente mantiene una mirada contraria a la norma vigente, el texto quedó alineado con la legislación actual y sin sanción penal en ese punto.
La decisión fue menos lineal en el caso del femicidio, donde sí hubo cambios. La redacción que agravaba el homicidio cuando la víctima era una mujer quedó de lado y fue reemplazada por una fórmula que busca agravar el delito cuando esté motivado por el género de la víctima. Con ese movimiento, el oficialismo intenta satisfacer la posición política de Milei, que había prometido derogar la figura del femicidio, pero al mismo tiempo conservar una agravante vinculada a crímenes atravesados por razones de género, ya sea contra un hombre, una mujer o una persona trans.
OTRAS NOTICIAS:
Esa modificación no se leyó solo como una cuestión semántica ni de técnica legislativa. En la práctica, expresa la manera en que el Gobierno quiere reordenar parte de la discusión penal bajo un enfoque que, según una fuente oficial citada en la publicación original, apunta a “hacer que el Código Penal respete los principios liberales”. Esa definición ayuda a entender por qué el proyecto no se limita a endurecer castigos, sino que además intenta reescribir categorías que el mileísmo considera cargadas de una matriz ideológica ajena a su visión.
El otro gran bloque de cambios tiene que ver con la estructura general del Código. El texto actual ronda los 912 artículos y la intención del Ejecutivo es reducirlo a unos 500, no porque desaparezcan delitos, sino porque muchos pasarán a organizarse como incisos de figuras ya existentes. Esa poda busca unificar la legislación penal en un solo cuerpo normativo, volver más legible el sistema y dejar una arquitectura menos fragmentada para jueces, fiscales y defensores.
OTRAS NOTICIAS:
Esa reorganización viene acompañada por un endurecimiento de penas mínimas y máximas, una ampliación del universo de delitos que no prescriben y más restricciones para las excarcelaciones y las libertades anticipadas. Dentro de ese combo también se mantienen o incorporan agravantes para episodios que el Gobierno busca colocar en el centro de su discurso punitivo, como los ataques de motochorros, los delitos cometidos contra funcionarios y los ciberdelitos. El mensaje político es claro: la reforma pretende mostrarse como una actualización doctrinaria, pero también como un golpe de autoridad en materia de seguridad y castigo.
El trabajo sobre este texto no empezó ahora, aunque la reunión en Olivos funcionó como instancia de cierre para varios puntos todavía abiertos. En la redacción intervino una comisión de juristas coordinada por Mariano Borinsky, junto con jueces y abogados, y sobre ese borrador luego metieron mano Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich y ahora Mahiques. Esa secuencia explica por qué el proyecto llega al tramo final con una mezcla de insumos técnicos y decisiones políticas que fueron corrigiendo el rumbo original.
OTRAS NOTICIAS:
El propio ministro dejó asentado el tono del momento en un mensaje público posterior a la reunión. “Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, escribió Mahiques en X. Esa frase, más allá del formato de anuncio, deja ver que la Casa Rosada ya tomó la decisión de empujar esta reforma como una pieza visible de su agenda inmediata.
Lo que se abrirá ahora en el Congreso no será solo una discusión sobre técnica penal o escalas de castigo. También se pondrá en juego hasta dónde el oficialismo puede imponer una mirada propia sobre el sistema penal sin volver inviable el tratamiento legislativo del proyecto. Por eso la reunión en Olivos dejó una señal doble: el Gobierno quiere exhibir un Código más duro, más compacto y más alineado con su ideario, pero al mismo tiempo ya empezó a seleccionar qué batallas le conviene dar y cuáles prefiere esquivar.
Fuente: LA NACION.
aborto no punibleciberdelitosCódigo PenalCongreso de la NaciónfemicidioJavier MileiJuan Bautista Mahiquesmotochorrospenasreforma penal
Te puede interesar
