Persiste una mirada “arcaica, casi feudal” en el ingreso y uso de las costas

El nuevo espacio reúne abogados, técnicos y vecinos para intervenir en conflictos por accesos bloqueados y defender el uso público de la costa en Chubut.

Un candado sobre una tranquera no deja afuera solamente a quien quiere pasar un fin de semana frente al mar. También corta circuitos de trabajo, complica salidas turísticas, condiciona a pescadores artesanales y reduce el uso social de una costa que, en términos legales, pertenece al dominio público. Sobre ese punto empezó a tomar forma una Asociación Civil Libre Acceso a las Playas, un espacio que busca reunir fuerza jurídica y respaldo comunitario para intervenir en conflictos que hasta ahora aparecían dispersos, caso por caso, y muchas veces con respuesta tardía del Estado.

El abogado Daniel Gómez Lozano, que viene litigando sobre este tema desde hace años, explicó en #LA17, que la idea es construir una herramienta que no dependa de reclamos individuales ni de la representación fragmentada de cada sector afectado. La apuesta consiste en formar una persona jurídica que pueda actuar en defensa del interés público y de los llamados derechos difusos, es decir, aquellos que no se agotan en una persona puntual sino que alcanzan al conjunto de la comunidad. Por eso sostuvo que el objetivo es intervenir judicialmente “en representación del interés general del acceso a las costas” y abrir una vía más sólida para reclamar cuando los accesos se cierran o se restringen.

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La novedad no nace de una discusión teórica ni de una bandera abstracta sobre bienes comunes. Nace, más bien, de una secuencia concreta de conflictos en distintos puntos de la provincia donde el acceso público quedó supeditado a decisiones privadas, a omisiones oficiales o a una mezcla de ambas cosas. Gómez Lozano planteó que en muchos casos persiste una mirada “arcaica, casi feudal” sobre la propiedad privada, una lógica que intenta extender el control del campo hasta la línea de costa y que termina chocando con la legislación vigente.

Uno de los antecedentes más recientes aparece en Comodoro Rivadavia, con la disputa por Bajada de los Palitos, una playa que integra el área natural protegida Punta del Marqués. Allí, la abogada Sonia Ivanoff, que participará en la nueva asociación, promovió una acción judicial para impedir el avance de un loteo vinculado a un barrio privado en un sector donde también entran en juego la conservación ambiental y la existencia de un enterratorio de pueblos originarios. Según relató Gómez Lozano, ya el año pasado una medida había frenado el proyecto, y este año volvió a dictarse otra resolución que impide avanzar hasta que exista un plan de manejo para el área protegida.

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La discusión no se agota en playas turísticas ni en conflictos de alto perfil inmobiliario. También alcanza a actividades productivas mucho menos visibles, pero igual de expuestas a bloqueos arbitrarios, como ocurrió en la zona de Camarones, donde la abogada Estrella Gerez, de Rawson, logró la apertura de un acceso que una cooperativa de algueros necesitaba para trabajar. En ese caso, el problema no era una teoría sobre el paisaje ni una diferencia administrativa: el dueño del campo había cerrado el paso “con candado” y la cooperativa, aun con autorización para extraer algas, no podía ingresar.

Esa acumulación de casos fue empujando una conclusión práctica entre abogados, pescadores, clubes y sectores vinculados al turismo. Litigar en nombre de una sola entidad o de personas aisladas puede servir para resolver un expediente, pero deja abierta una limitación de fondo: si el reclamo lo gana un club o una asociación específica, el beneficio puede quedar atado a ese grupo y no al conjunto de la sociedad. Gómez Lozano explicó esa diferencia con claridad al remarcar que no buscaban una sentencia “para que entrara el club de pesca o la asociación”, sino una solución que garantice el acceso del público en general.

La tensión también deja al descubierto un problema político que excede a los litigios. Para el abogado, la provincia arrastra una ausencia de ordenamiento estatal acorde al crecimiento de la población, al valor ambiental de sus costas y a la presión turística sobre esos espacios. En esa línea, reclamó una presencia pública que no se limite a prohibir o a reaccionar cuando el conflicto ya explotó, sino que ordene estacionamientos, manejo de residuos, controles, daños e información para visitantes, algo que, según dijo, hoy no ocurre con la consistencia necesaria.

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Ahí aparece otra discusión que la futura asociación quiere meter en agenda: el acceso libre no se opone al cuidado ambiental ni al uso ordenado de los espacios costeros. Por el contrario, la experiencia reciente en Comodoro mostró, según Gómez Lozano, que cualquier evolución económica sobre un área sensible debe ir “de la mano de la conservación” y no contra ella. Esa definición intenta correr el debate de una falsa opción entre abrir sin reglas o cerrar todo, porque la demanda que se plantea no apunta a habilitar descontrol, sino a impedir que la exclusividad privada reemplace a la gestión pública. 

En esa misma lógica, el entrevistado vinculó el problema de los accesos con el funcionamiento del propio sector turístico. Según señaló, cuando un propietario bloquea una tranquera no quedan afuera solo vecinos o pescadores recreativos; también se afectan agencias y prestadores que no logran acordar con el dueño del campo. La advertencia resulta especialmente sensible en una provincia que construye buena parte de su identidad económica sobre naturaleza, biodiversidad y paisaje, pero que al mismo tiempo mantiene enormes extensiones costeras con ingreso restringido o directamente vedado para el público.

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La Asociación Civil Libre Acceso a las Playas todavía está en etapa de formación, con convocatoria abierta a través de redes sociales y con participación de profesionales de distintas disciplinas, desde el derecho hasta la biología y el turismo. Gómez Lozano aclaró que la ley le dará eventualmente alcance nacional, aunque la prioridad está puesta en Chubut, donde también aparecen problemas similares con ríos y lagos además de la costa marítima. El punto de partida, de todos modos, ya quedó definido: sin una estructura colectiva que sostenga estas peleas y sin funcionarios dispuestos a hacer cumplir la normativa, cada acceso seguirá dependiendo de una negociación desigual entre poder privado, presión social y tribunales.