Quieren cambiar qué pasa con los campos quemados y ya generó tensión con productores
Política25/03/2026
REDACCIÓNEl Gobierno busca habilitar usos productivos tras incendios y cuestiona límites actuales. El tema llega al Congreso en medio de recortes.
El futuro de los campos afectados por incendios volvió a instalarse en la agenda política con un cambio que apunta directo al uso de la tierra. El Gobierno prepara una modificación que podría alterar una de las restricciones más fuertes que hoy rigen sobre esos terrenos.
La discusión no gira solo en torno al ambiente, sino también al impacto económico que enfrentan quienes producen. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente impide reaccionar frente a un escenario adverso y agrava las consecuencias de los incendios.
En ese contexto, el Ejecutivo planea modificar la Ley de Manejo del Fuego para permitir que las tierras incendiadas recuperen su uso productivo sin los plazos actuales. La iniciativa formará parte de un paquete más amplio de proyectos que buscan redefinir el alcance de la propiedad privada.
La normativa vigente establece límites concretos que condicionan cualquier decisión posterior a un incendio. En algunos casos, las restricciones se extienden hasta 60 años, mientras que en otros alcanzan los 30, dependiendo del tipo de superficie afectada.
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Esos plazos impiden modificar el destino del terreno, realizar emprendimientos inmobiliarios o incluso adaptar la actividad productiva. La intención original de esas medidas fue evitar incendios intencionales con fines especulativos y garantizar la recuperación ambiental.
Sin embargo, el diagnóstico oficial es diferente. Según un informe del Consejo de Mayo, la normativa genera una situación compleja para los propietarios. “Básicamente, si hay un incendio, aún si es accidental, los dueños o locatarios de un campo no pueden alterar su finalidad productiva entre 30 y 60 años posteriores al incendio”, señala el documento.
Ese mismo análisis advierte sobre las consecuencias económicas de esa limitación. “Los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además de sufrir un incendio, no pueden adaptarse a los cambios productivos”, lo que impacta en la recuperación y en el valor de la tierra.
El cambio que impulsa el Gobierno apunta a eliminar esos plazos fijos y reemplazarlos por un criterio más flexible. La propuesta busca que las decisiones sobre el uso de las tierras queden sujetas a regulaciones territoriales específicas y no a prohibiciones generales de largo plazo.
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En paralelo, el debate se da en un contexto de recortes en el área encargada de prevenir y combatir incendios. El presupuesto destinado al sistema nacional muestra una de las cifras más bajas de la última década, según datos relevados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Esa reducción se reflejó en los primeros meses del año, incluso durante episodios de incendios en la Patagonia. Desde la organización señalaron que no hubo refuerzos extraordinarios para los bomberos voluntarios en zonas afectadas, más allá de los mecanismos habituales de financiamiento.
Los números de ejecución también muestran un nivel bajo de utilización de los recursos disponibles. En algunos programas vinculados a emergencias y manejo del fuego, el gasto apenas alcanzó porcentajes mínimos en relación con el presupuesto asignado.
La combinación de cambios normativos y recortes abre un escenario donde la discusión no se limita a una ley. El foco se desplaza hacia cómo se gestionan los incendios, qué herramientas tienen los productores y qué rol juega el Estado frente a esos eventos.
El proyecto todavía debe pasar por el Congreso, donde se definirá su alcance final. Mientras tanto, la iniciativa ya pone en tensión dos ejes centrales: la protección ambiental y la capacidad de reacción económica ante situaciones críticas.
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