El Gobierno Nacional da más tiempo a las provincias para sumarse a un esquema que redefine deudas
Política25/03/2026
REDACCIÓNEl Gobierno extendió los plazos del régimen que permite compensar obligaciones entre Nación y provincias, en busca de sumar adhesiones y ordenar cuentas pendientes.
El Gobierno nacional volvió a mover los tiempos de una herramienta que busca resolver un entramado complejo de deudas entre el Estado y las provincias. A través del Decreto 171/2026, firmado por el presidente Javier Milei, se amplió el plazo para que las jurisdicciones definan si se incorporan al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un sistema que apunta a compensar compromisos cruzados acumulados durante años.
La decisión introduce un margen adicional para provincias que no habían adherido cuando se lanzó el esquema original en 2024. Ese dato no resulta menor, porque la falta de participación limitaba el alcance de una política diseñada para descomprimir tensiones financieras entre distintos niveles del Estado. Ahora, el Ejecutivo busca ampliar la base de acuerdos posibles dentro de un mismo marco legal.
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Con la modificación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con 60 días hábiles administrativos para expresar su voluntad de ingresar al régimen. A ese plazo se suma la posibilidad de una prórroga, que puede ser otorgada por la Secretaría de Hacienda, lo que deja abierta la puerta a extender aún más los tiempos en función de cada caso.
El cambio también impacta en el calendario de presentación de documentación, un aspecto central para validar las deudas incluidas en el sistema. El nuevo decreto extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para que las jurisdicciones presenten el respaldo necesario, lo que implica un horizonte más amplio para ordenar información y avanzar en acuerdos concretos.
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El régimen propone una lógica distinta a la de los reclamos tradicionales, ya que habilita mecanismos como la compensación, conciliación o acuerdos bilaterales para cancelar obligaciones. Incluso contempla opciones menos habituales, como la remisión de deudas o su cancelación mediante bienes del Estado nacional, según lo previsto en la normativa vigente.
Otro punto relevante es el tiempo previsto para discutir diferencias entre las partes. El esquema establece hasta 180 días hábiles para que Nación y provincias negocien montos o criterios en torno a las deudas incluidas, un período que apunta a evitar conflictos prolongados y a facilitar acuerdos dentro de un marco administrativo.
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Cuando las deudas involucren litigios judiciales, el proceso incorpora instancias de control específicas antes de cerrar cualquier entendimiento. En esos casos deben intervenir organismos como la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, que analizan la validez de los acuerdos y su impacto en las cuentas públicas.
La decisión del Gobierno se inscribe en una estrategia más amplia orientada a ordenar el frente fiscal y reducir tensiones históricas entre Nación y provincias. El esquema de compensación aparece como una herramienta para transformar conflictos financieros en acuerdos administrativos, evitando procesos largos y costosos.
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En ese contexto, la ampliación de plazos no solo busca sumar adhesiones, sino también darle mayor viabilidad a un mecanismo que depende de la participación activa de las jurisdicciones. Sin ese compromiso, el régimen pierde capacidad de resolver el volumen de deudas acumuladas en el sistema.
Con más tiempo sobre la mesa y reglas ya definidas, el Gobierno intenta que el esquema gane tracción y se traduzca en acuerdos concretos. El resultado dependerá ahora de la decisión de cada provincia, que deberá evaluar si le conviene ingresar a un sistema que propone cerrar cuentas pendientes mediante negociación y compensación.
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