El caso del fentanilo contaminado llegó a la AGN y suma presión sobre la ANMAT

Actualidad25/03/2026

La Auditoría General convocó a familiares de víctimas para definir una revisión de gestión sobre la ANMAT, mientras la causa judicial ya contabiliza 111 muertes.

La crisis abierta por el fentanilo contaminado sumará este jueves un nuevo capítulo institucional, esta vez fuera del expediente penal y dentro del sistema de control del Estado. La Auditoría General de la Nación convocó a familiares de víctimas a un taller de planificación participativa para empezar a delinear una auditoría de gestión sobre la ANMAT. La decisión instala otra dimensión del caso: ya no se discuten solamente responsabilidades penales por un lote adulterado, sino también el funcionamiento de los organismos que debían detectar, frenar y retirar el producto a tiempo.

El encuentro fue fijado para este jueves 26 de marzo a las 10:30 en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, y aparece como un movimiento de peso dentro de una causa que sigue creciendo en volumen y gravedad. La AGN, según el escrito enviado a la prensa, reactivó su intervención y decidió incorporar a los familiares en la etapa de definición del trabajo de auditoría. Ese punto le da al proceso una carga política y pública adicional, porque coloca a las víctimas en un espacio donde se discutirá cómo revisar la respuesta estatal frente a una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos tiempos.

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El propio comunicado que acompaña la convocatoria expone la densidad del escenario en el que se abre esta nueva instancia. Allí se afirma que el llamado se produce en “un contexto crítico”, atravesado por una causa judicial en curso, por responsabilidades estatales bajo análisis y por una comisión investigadora cuyos informes todavía no derivaron en respuestas concretas. En esa misma línea, el texto marca que tampoco aparecieron cambios estructurales, una observación que empuja la discusión más allá de las imputaciones individuales y la coloca sobre la capacidad del Estado para corregir fallas profundas.

En paralelo, la investigación judicial a cargo del juez Ernesto Kreplak y los informes de la comisión ya dibujaron una secuencia de irregularidades que se volvió central para entender el caso. Según esos documentos, el episodio del opioide adulterado dejó a la vista fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no consiguió reaccionar dentro de los tiempos necesarios. Esa reconstrucción es la que explica por qué la lupa sobre la ANMAT, el Ministerio de Salud y el INAME no quedó limitada al laboratorio que fabricó el lote cuestionado.

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Las cifras que surgieron de la causa consolidaron todavía más la magnitud de la tragedia. A fines de enero, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de fallecidos y confirmó que el saldo asciende a 111 víctimas fatales. El análisis se realizó durante la feria judicial sobre un total de 159 casos, de los cuales 48 pacientes sobrevivieron, una proporción que revela con crudeza el alcance sanitario del episodio.

En el terreno penal, el expediente también avanzó con fuerza sobre quienes aparecen señalados por la fabricación y circulación de la sustancia adulterada. Hasta ahora hay 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.. Su nombre quedó en el centro de la causa no solo por su rol empresario, sino porque la imputación lo ubica como parte de las decisiones que hicieron posible la producción y distribución del lote comprometido.

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Sobre García Furfaro pesa una acusación especialmente severa. La Justicia lo considera “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por la muerte de 20 personas, y además lo vincula, también como coautor, con la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud. Esa formulación judicial muestra hasta dónde escaló el expediente y deja en claro que la causa ya no se mueve en el terreno de una irregularidad administrativa o de una infracción técnica.

La imputación no se detiene en una sola persona ni en una decisión aislada. El empresario está señalado por haber intervenido, junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios, en “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202, elaborado con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024 y destinado al uso público sanitario. Esa trama es relevante porque conecta el corazón del proceso industrial con las consecuencias sanitarias que luego salieron a la luz en hospitales y centros de atención.

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El expediente también describe cómo se habría producido esa adulteración. Según el escrito judicial, “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias”, varias de ellas calificadas como críticas. A eso se agrega otra frase decisiva del mismo documento: existió una “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, una definición que vuelve a poner el eje sobre la cadena de controles que debía activarse antes de que el producto llegara a los pacientes.

En ese marco, la auditoría que empieza a tomar forma en la AGN adquiere un valor que va mucho más allá de una revisión técnica. Lo que se pondrá en discusión es cómo actuó el sistema público de regulación frente a advertencias previas, cómo se evaluaron los riesgos y qué mecanismos fallaron para que un producto contaminado circulara dentro del circuito sanitario. El taller de este jueves con familiares de víctimas aparece, por eso, como una instancia donde la presión por justicia empieza a convivir con otra exigencia igual de pesada: la de revisar en profundidad qué hizo el Estado y qué dejó de hacer.

Fuente: NA.