La Corte impulsa una reforma que busca achicar el peso político en la elección de jueces

El máximo tribunal impulsó cambios para achicar el margen político en los concursos judiciales y dejó un dato que también pesa: la propuesta no salió con una firma unánime.

La discusión que la Corte Suprema puso sobre la mesa no gira alrededor de un expediente menor ni de una modificación técnica aislada. Lo que entró en escena es una propuesta para cambiar el modo en que se seleccionan candidatos a jueces federales y nacionales, un terreno donde conviven exámenes, puntajes, acuerdos institucionales y también disputas de poder. El planteo ya fue elevado al Consejo de la Magistratura, que ahora deberá decidir si toma ese camino y reúne las mayorías necesarias para convertirlo en regla.

El punto central del proyecto apunta a recortar la “discrecionalidad política” en la conformación de ternas para magistrados. Esa intención aparece en un momento especialmente sensible, porque el Consejo atraviesa una reconfiguración de fuerzas en la que gana presencia La Libertad Avanza. En ese marco, la iniciativa de la Corte no puede leerse solo como una propuesta administrativa: toca una zona donde se cruzan poder judicial, correlación política y control sobre los mecanismos de acceso a los cargos.

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La reforma propone mover el centro de gravedad de los concursos. En lugar de dejar amplio margen a la negociación política posterior, el diseño apunta a fortalecer la etapa técnica, con mayor peso para la elaboración de exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración de cada concurso. Dicho de otro modo, el proyecto busca que la discusión sobre quién llega a una terna quede más atada al rendimiento medible y menos expuesta al clima político del momento.

Ese objetivo aparece expresado en el propio texto cuando plantea la necesidad de reducir el impacto de la “coyuntura política” sobre los procesos de selección. La idea no es menor, porque reconoce de manera explícita que los concursos no transcurren en un vacío institucional, sino dentro de un escenario donde las mayorías cambian y donde cada corrimiento interno puede alterar decisiones de fondo. La propuesta intenta, justamente, fijar un límite a esa oscilación y blindar un poco más el recorrido previo a la definición de los nombres.

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También resulta significativo quiénes respaldaron formalmente la iniciativa. El proyecto lleva únicamente las firmas de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que no aparece la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Ese dato no clausura el avance del planteo, pero sí introduce una lectura política inevitable dentro del propio tribunal, porque muestra que la propuesta no salió con una foto de unanimidad en un asunto especialmente delicado.

La ausencia de Rosatti en la firma agrega espesor institucional a la discusión. No se trata solo de una reforma remitida al Consejo, sino de una señal emitida desde una Corte que expone, al menos en este punto, una adhesión parcial y no total. En un esquema como el judicial, donde cada gesto formal tiene peso político, la firma incompleta también pasa a formar parte del mensaje.

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El reglamento ya fue enviado al Plenario del Consejo de la Magistratura para su análisis y, además, la iniciativa fue notificada a las Cámaras nacionales y federales de todo el país y a las Cortes Supremas provinciales. Ese movimiento amplía el radio institucional del debate y anticipa que la conversación no quedará encerrada en un despacho ni en una sola mayoría coyuntural. La reforma ya circula entre actores que observan, opinan y, en algunos casos, también miden cómo puede impactar sobre futuros concursos.

De todos modos, el proyecto todavía no tiene vigencia automática ni resolución asegurada. Para entrar en funcionamiento, el cuerpo deberá alcanzar “mayorías agravadas” en la votación definitiva, una exigencia que transforma el debate en algo más que un gesto de intención. La instancia que viene, por lo tanto, no será solo técnica sino también política, porque cualquier modificación de este calibre necesita volumen interno, acuerdos y capacidad de sostener una mayoría reforzada.

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En términos de fondo, la propuesta reabre una pregunta persistente sobre quién ordena realmente la selección judicial. Si el peso principal queda en el examen, en el puntaje y en la administración del concurso, el margen para la maniobra política se achica; si ese traslado no prospera, el sistema seguirá más expuesto a la negociación posterior. Lo que la Corte puso en discusión, entonces, no es apenas un reglamento: es el equilibrio entre mérito técnico, arbitrariedad posible y poder institucional.

La discusión recién empieza, pero el movimiento ya produjo un efecto concreto: colocó otra vez en primer plano el modo en que se construyen las ternas para cubrir juzgados y tribunales. En un contexto de cambios dentro del Consejo y con un mapa político en movimiento, el intento de la Corte por fijar límites y reordenar criterios abre una etapa de tensión fina, donde cada voto puede pesar tanto como cada argumento. Lo que resuelva el organismo no solo definirá un reglamento, sino también qué margen conservará la política en uno de los procesos más sensibles del sistema judicial.

Fuente: NA.