
En el interior de Chubut, envejecer depende demasiado de una ambulancia disponible
Política26/03/2026
REDACCIÓNEl Consejo de Adultos Mayores expuso en #LA17 un cuadro que mezcla demoras de PAMI, falta de médicos rurales y centros de jubilados ahogados por trámites.

Una persona mayor que vive en la meseta chubutense puede necesitar un odontólogo, un elemento ortopédico o una consulta básica y quedar atrapada en una cadena de carencias que nadie resuelve a tiempo. Esa escena, repetida en pueblos y comunas rurales, volvió a quedar expuesta en la entrevista que Oscar Furci, presidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, brindó en #LA17, donde describió una realidad sostenida por esfuerzos locales, buena voluntad hospitalaria y respuestas parciales que no alcanzan para cubrir una demanda cada vez más visible. Lo que apareció en esa charla no fue solamente un listado de reclamos, sino una radiografía de cómo envejecen muchos chubutenses lejos de los grandes centros urbanos.
El punto más urgente sigue estando en la atención sanitaria y en el funcionamiento de PAMI que, según Furci, arrastra fallas que terminan recargando al sistema público. El dirigente explicó que la ausencia de representantes de esos organismos en la recorrida del Consejo impidió plantear varios de los problemas que se vienen acumulando, justo cuando los hospitales ya sienten el impacto de esa sobrecarga. La única novedad favorable en ese tramo fue la apertura de una boca de atención de PAMI en el hospital de Esquel, una medida esperada desde hace tiempo, aunque insuficiente frente a una trama de demoras que sigue golpeando sobre los adultos mayores.


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Furci fue directo al describir lo que pasa en Puerto Madryn, donde el hospital armó una mesa de gestión de pacientes para destrabar parte de los inconvenientes que llegan con afiliados mayores. Allí, explicó, se consiguió alguna mejora concreta, pero aclaró que ese tipo de respuesta depende demasiado del perfil del director y del recurso humano disponible en cada lugar. Por eso dejó una definición que expone el límite del sistema cuando el alivio se apoya más en la predisposición local que en una política uniforme: “eso depende de la buena voluntad del director del hospital y del recurso humano con el que cuenta”.
En las comunas rurales el panorama se vuelve todavía más áspero, porque la distancia amplifica cada carencia. Furci contó que llevó una nota firmada por autoridades y vecinos de Gastre, donde desde hace tres años reclaman un odontólogo, una ausencia que puede parecer secundaria en un escritorio, pero que en la práctica termina derivando en otros problemas de salud para personas mayores. A esa falta se suman también los elementos ortopédicos que no llegan y la necesidad de construir un banco de insumos desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Comunitario para cubrir al menos una parte de esa demanda.
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La discusión ya no pasa solamente por cubrir cargos fijos, porque el propio Consejo empieza a asumir que instalar profesionales jóvenes en la meseta resulta cada vez más difícil. Furci explicó que el problema combina incentivos escasos, vivienda, desarraigo y condiciones materiales poco atractivas para quienes recién arrancan su carrera. Frente a eso, sobre la mesa apareció una alternativa que mezcla telemedicina y especialistas itinerantes, con la idea de llevar atención periódica a una zona amplia sin exigir radicación permanente, una salida pragmática para evitar que el acceso a la salud quede atado a una decisión ocasional del jefe comunal o a la disponibilidad de una ambulancia.
Ese punto de la entrevista dejó una de las frases más crudas sobre el funcionamiento cotidiano del interior. Furci relató que muchas veces el traslado hacia una consulta termina dependiendo de la unidad sanitaria del pueblo, aunque el jefe comunal tampoco puede vaciar la localidad para resolver una atención puntual. En esa tensión entre necesidad y escasez, resumió el absurdo operativo con una frase que retrata bastante bien la fragilidad del esquema actual: “la ambulancia no puede hacer de remis”. La imagen condensa una situación conocida en muchos pueblos, donde cualquier derivación médica obliga a elegir entre asistir a una persona mayor o dejar sin cobertura de emergencia al resto de la comunidad.
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Mientras la cuestión sanitaria sigue buscando una salida, el Consejo también trabaja sobre una herramienta legal que podría ordenar parte de la protección institucional a las personas mayores. Furci explicó que están terminando la reglamentación de la ley I-835 de promoción y protección del adulto mayor, un paso necesario para cerrar vacíos normativos y darle un marco más claro a derechos que hoy muchas veces dependen de interpretaciones dispersas. El dirigente dijo que ese trabajo podría quedar listo en Rawson durante los próximos días y remarcó que el plazo legal vence el 20 de abril, aunque el problema, como también reconoció, empieza después: reglamentar resulta más sencillo que hacer cumplir.
Otro frente delicado apareció en el funcionamiento de los centros de jubilados, espacios que cumplen una tarea social decisiva y que, sin embargo, quedan ahogados por exigencias administrativas que muchas veces no pueden costear. Furci explicó que el pago de balances anuales viene frenando a entidades con recaudaciones bajas o casi inexistentes, una carga que afecta justamente a instituciones que funcionan como lugar de encuentro, acompañamiento y salida del aislamiento para personas mayores. En esa línea, destacó el acuerdo alcanzado con Inspección General de Justicia, que permitirá que los centros cuyos ingresos no superen los 25 millones de pesos presenten un cuadro de ingresos y egresos en lugar de un balance completo, además de poder depurar hasta cinco años de atrasos.
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La importancia de esa flexibilización no pasa solo por bajar costos contables, sino por devolverle margen de maniobra a organizaciones que pierden acceso a subsidios cuando acumulan papeles sin regularizar. Furci remarcó que muchos centros cumplen un rol central para personas que llegan apartadas de la familia, de la medicina o de otros ámbitos de socialización, y valoró especialmente la predisposición del director de IGJ, Andrés D’Alessandro, quien incluso se ofreció a enviar contadores de su equipo para asesorar a tesoreros y dirigentes. Ahí quedó planteado otro rasgo de esta etapa: cuando aparece decisión política y acompañamiento técnico, algunas trabas que parecían estructurales empiezan a aflojar.
La semana próxima podría abrir otro capítulo de ese trabajo con una reunión prevista en Puerto Madryn junto a centros de jubilados, encuentro que debió postergarse por cambios en la agenda oficial. Furci la ubicó como una instancia importante para explicar de qué manera pueden salir de la situación administrativa que los inmoviliza y recuperar capacidad de gestión. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Comunitario mostró, según señaló, una línea de trabajo más activa sobre tercera edad, un dato que alienta pero que todavía convive con déficits severos en salud y atención territorial.
Lo que dejó la entrevista en #LA17 fue un mapa con distintos niveles de urgencia que se tocan entre sí: un hospital que absorbe lo que no resuelven las obras sociales, comunas que no consiguen médicos ni odontólogos, ambulancias usadas como único puente con la atención, y centros de jubilados que sostienen contención social mientras tratan de no quedar paralizados por los balances. En ese entramado, la vejez en el interior de Chubut aparece menos protegida por un sistema sólido que por una suma desigual de voluntades, parches y gestiones que todavía corren detrás de necesidades muy concretas.















