Farmacéuticos de Chubut ven a los remedios más caros por cambios en patentes

Eduardo Molina sostuvo que la nueva regulación puede reducir la competencia, limitar los genéricos y empujar una mayor concentración en el sector.

Los próximos medicamentos que ingresen al país podrían llegar con menos competencia y con precios más altos si se consolida el cambio oficial en el régimen de patentes. Esa es la advertencia que puso sobre la mesa en el aire de #LA17,  Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos del Chubut, al analizar una resolución nacional que, según planteó, modifica la protección intelectual sobre remedios nuevos y puede alterar de manera directa el acceso de la población. El foco de su preocupación no quedó puesto en una discusión técnica entre laboratorios, sino en lo que puede pasar cuando un paciente vaya a la farmacia y se encuentre con un valor más difícil de pagar.

Molina explicó que el cambio abre una tensión entre dos planos que, para el sector farmacéutico, no deberían quedar al mismo nivel. Por un lado aparece la defensa comercial de la propiedad intelectual; por el otro, el derecho a la salud, que remarcó como una garantía protegida por la Constitución Nacional. Desde esa mirada, el problema no se agota en quién conserva una patente, sino en qué pasa cuando esa protección termina bloqueando competencia y encarece tratamientos.

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La advertencia del Colegio parte de un punto concreto: la industria argentina suele producir versiones locales de moléculas que ingresan al mercado, y esa posibilidad, sostuvo Molina, funciona como un freno sobre los precios. En la entrevista citó el caso de un medicamento que, al entrar al país, rondaba los 600.000 pesos, y que después de la aparición de una versión elaborada por un laboratorio nacional bajó a 300.000. Para el dirigente, ese antecedente muestra con claridad qué puede ocurrir si los laboratorios locales pierden margen para competir frente a un producto protegido por patente durante años.

En ese esquema, el punto más sensible es el tiempo de exclusividad. Molina afirmó que la patente puede otorgar cerca de 20 años de protección para el laboratorio que desarrolló el medicamento, y que durante ese lapso el productor original queda en posición de sostener su valor sin la presión de competidores nacionales. El resultado, según resumió, es directo: “el medicamento va a estar más caro”, porque el monopolio desplaza a la competencia que hoy empuja rebajas.

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La preocupación tampoco queda limitada al mostrador o a la receta individual. Molina sostuvo que una regulación más cerrada puede restringir el uso de genéricos, aumentar la presión económica sobre las farmacias y dejar a los establecimientos más chicos en una situación más frágil. En ese punto fue todavía más explícito al advertir que “las farmacias pequeñas y demás tiendan a desaparecer”, un escenario que, en una provincia extensa como Chubut, también impactaría sobre la cercanía del servicio farmacéutico en los barrios.

Esa mirada conecta el debate de patentes con una discusión territorial mucho más concreta. Molina recordó que en la provincia existe una normativa pensada para que las farmacias estén distribuidas dentro de las ciudades y no concentradas sólo en las zonas céntricas, justamente para que los sectores más alejados no tengan que recorrer kilómetros para acceder a un medicamento. Si la rentabilidad se achica y la concentración económica crece, la consecuencia no sería sólo comercial: también cambiaría la red sanitaria disponible para quienes más dependen de una farmacia cercana.

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Otro punto que el presidente del Colegio quiso despejar tiene que ver con la formación de precios. En medio de una discusión donde muchas veces el enojo del usuario termina en el comercio de cercanía, Molina subrayó que “no somos formadores de precios” y que las farmacias no definen cuánto vale un remedio. La aclaración busca cortar una confusión habitual: la suba del medicamento no nace en el mostrador, aunque el mostrador sea el lugar donde el impacto se vuelve visible para quien necesita comprarlo.

El dirigente también defendió el peso de la producción nacional dentro de ese debate. Señaló que los laboratorios argentinos exportan a cerca de 100 países, que cuentan con buena reputación internacional y que se trata de una actividad con una alta participación de profesionales universitarios. Desde ese lugar, cuestionó que una decisión regulatoria termine favoreciendo a laboratorios extranjeros por encima de una estructura local que, según remarcó, ya produce con calidad reconocida y además genera empleo calificado.

Dentro de esa crítica apareció además una advertencia sobre el modo en que los grandes laboratorios pueden estirar la protección de sus productos. Molina mencionó la práctica conocida como “cambios pequeños de moléculas”, maniobras que modifican en mínima medida una formulación y permiten prolongar el amparo de una patente por más tiempo. Para el Colegio, ese tipo de mecanismos vuelve todavía más delicado el cambio regulatorio, porque no sólo puede consolidar precios altos, sino también extender en el tiempo la falta de competencia.

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La definición política que dejó la entrevista condensa el enfoque con el que el Colegio de Farmacéuticos del Chubut decidió pararse frente a esta discusión. Molina insistió en que “el medicamento es un bien social” y cuestionó que una resolución de este tipo lo empuje hacia una lógica predominantemente comercial. Si esa lectura se confirma en la práctica, el resultado que proyecta el sector ya no será una discusión jurídica entre patentes y laboratorios, sino una cadena mucho más concreta: remedios más caros, acceso más limitado y un sistema farmacéutico con menos equilibrio territorial.