Flybondi acumula 16 denuncias en Chubut por vuelos caídos y reintegros

Julio César Stolz explicó qué puede exigir un pasajero varado, qué cubre Defensa del Consumidor y qué ya sólo se discute en la Justicia.

Un pasaje comprado con meses de anticipación puede volverse un problema mucho más caro el mismo día del viaje, sobre todo cuando la empresa cancela, reprograma o deja al pasajero sin una respuesta concreta en el aeropuerto. Ese fue el punto más sensible que dejó la entrevista de #LA17 con el director de Defensa y Protección de Consumidores de Chubut, Julio César Stolz, quien corrió la discusión del enojo general hacia una pregunta mucho más concreta: cuánto dinero corresponde reintegrar cuando la persona queda colgada y necesita resolver de urgencia una salida alternativa. En ese terreno, la posición del organismo provincial es clara y no se agota en devolver el valor nominal del ticket original.

Stolz ubicó esa discusión en un escenario donde los reclamos ya dejaron un número visible. Según precisó, en la órbita provincial existen 16 denuncias durante 2025 y 2026 contra FB Líneas Aéreas, conocida como Flybondi, mientras que en Puerto Madryn también funciona la oficina municipal de defensa del consumidor, capaz de tomar presentaciones por separado. El funcionario deslizó que, en la mayoría de esos casos, se repiten los mismos conflictos: pasajeros que no pudieron viajar, reintegros que no llegan, reprogramaciones, cancelaciones y, en algunos expedientes, también problemas con el equipaje.

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La primera respuesta que busca Chubut, de todos modos, no pasa por una multa espectacular sino por reparar el perjuicio inmediato del denunciante. Stolz lo explicó de manera directa cuando señaló que “lo primero que se exige es que se le reintegre como mínimo el monto pagado”, aunque enseguida aclaró que ahí aparece una discusión más profunda cuando el pasaje original se compró mucho antes y el nuevo cuesta bastante más. El centro del reclamo, entonces, no queda en una sanción abstracta contra la empresa, sino en recomponer lo que el usuario perdió de verdad al quedarse sin vuelo.

Ese criterio cambia bastante la lógica del reintegro y vuelve más áspero el debate con las compañías. Stolz planteó que si una persona compró su pasaje con seis meses de anticipación, aprovechó una tarifa menor y luego debe salir a buscar un nuevo ticket el día previsto para viajar, la compensación no puede medirse con el mismo precio viejo porque la situación ya cambió por completo. Por eso remarcó que “la compensación tiene que ser de lo efectivamente pagado o de lo que le costó”, una definición que apunta a evitar que la empresa se limite a devolver un valor desactualizado mientras el consumidor asume de su bolsillo la diferencia real.

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Las sanciones grandes que se conocieron en otras provincias ayudan a entender otra parte del problema, pero no resuelven por sí solas el daño del pasajero afectado. Stolz recordó que Neuquén aplicó una penalidad de 220 millones de pesos luego de una inspección integral en el aeropuerto, y que Buenos Aires impuso otra de 300 millones, ambas contra la empresa y a favor del Estado. En ese punto introdujo una distinción importante, porque esas cifras impactan sobre la firma sancionada, pero no equivalen al dinero que recibe el usuario que perdió un viaje, un recital, una reserva o un traslado familiar.

Ahí aparece el límite más marcado del trámite administrativo, que muchas veces el denunciante descubre cuando ya está dentro del expediente. Stolz advirtió que el organismo puede ordenar el pago del daño directo, pero no fijar el valor del sufrimiento personal, de la frustración o de una pérdida emocional ligada al viaje frustrado. Cuando puso ejemplos, fue todavía más explícito: “el daño moral eso en el organismo administrativo no se puede establecer”, y lo mismo ocurre con el daño punitivo, que existe en la ley pero queda reservado a la órbita judicial y a la decisión de un juez.

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La entrevista también abrió otro frente que en Chubut golpeó a familias enteras: los problemas con una agencia de turismo estudiantil. Stolz mencionó el caso de la empresa F2, con sede en Bariloche, y explicó que hubo presentaciones ligadas a un viaje de egresados en el que chicos de Trevelin, Esquel, Bariloche y Tierra del Fuego debían llegar el 31 de diciembre a destino, pero finalmente arribaron el 4 de enero. A partir de ese incumplimiento, el mecanismo administrativo siguió el recorrido habitual: ingreso de la denuncia, traslado al denunciado, audiencia de conciliación y, si no hay acuerdo, una imputación por infracción objetiva.

Ese tramo de la charla dejó además una advertencia concreta para los padres que pagan durante meses un viaje de egresados y recién al momento de la salida descubren gastos que nunca figuraron con claridad. Stolz describió situaciones en las que, al subir al chico al colectivo o antes de embarcar, aparecen pedidos extra de dinero bajo argumentos de seguridad o costos no informados, y marcó que ese tipo de sorpresas deben estar contempladas en el contrato si la empresa pretende cobrarlas. Su frase fue muy gráfica: “Pónganlo en el contrato, no me reclaven más cosas por forma posterior”, un mensaje que pone el foco en la letra firmada y en la necesidad de guardar recibos, comprobantes y constancias de pago.

También hubo familias de Trelew y Puerto Madryn que, después de los hechos ya conocidos públicamente, eligieron bajarse de ese viaje antes de partir. Stolz aclaró que en esos casos la discusión cambia, porque ya no se parte de un incumplimiento consumado sino de una rescisión que debe leerse según las cláusulas del contrato firmado por las partes. La infracción, explicó, no nace por la mera decisión de no viajar, sino si la empresa después no devuelve en tiempo y forma lo que corresponde reintegrar según lo pactado.