El vuelo de Adorni sumó una prueba que golpea su versión sobre el regreso

El broker que declaró ante Ariel Lijo ubicó a Marcelo Grandío como pagador de la ida y la vuelta, con una factura tardía que quedó bajo examen.

La investigación por el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este sumó este jueves una pieza que empuja el expediente fuera del terreno de las explicaciones públicas. Agustín Issin, el broker que intervino en la operación, declaró durante casi cuatro horas ante el juez Ariel Lijo y ubicó a Marcelo Grandío como la persona que reservó y pagó los traslados. Con esa testimonial, la causa volvió a apoyarse en nombres, facturas y circuitos de pago concretos.

La novedad judicial no quedó aislada de la disputa política que ya rodeaba al caso. Adorni había sostenido públicamente que el viaje salió de su bolsillo, pero la versión que llegó a Comodoro Py colocó el foco en un tercero vinculado a la TV Pública y en documentación comercial que ahora quedó bajo revisión. El punto de fricción ya no pasa sólo por una defensa verbal, sino por la distancia entre esa explicación y lo que dijo el testigo que aparece facturando parte del regreso.

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Issin explicó que trabaja con una firma familiar llamada Jag Executive Aviation y que compra vuelos privados al por mayor a operadores aéreos para luego revenderlos. Dentro de ese esquema, señaló que había adquirido a Alpha Centauri un paquete de diez viajes por unos US$ 42.250, y que uno de esos tramos terminó siendo utilizado en el retorno desde Uruguay. La operatoria presentada ante la Justicia, por lo tanto, corrió la escena desde un traslado individual hacia una cadena comercial previa que ya existía antes del viaje investigado.

El tramo de regreso quedó como el punto más delicado del expediente porque arrastra una factura emitida varias semanas después del vuelo. Según la declaración, ese comprobante se confeccionó el 9 de marzo, cuando el viaje había ocurrido en febrero, y el pago por US$ 3.000 se realizó en efectivo a través de un tercero enviado por Grandío. Issin sostuvo además que la demora no respondió a una contratación nueva ni a un cambio posterior del servicio, sino a que estaba de viaje y recién al volver confeccionó la factura.

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La explicación sobre el precio también abrió otra línea de análisis dentro de la causa. El broker afirmó que el valor original del regreso era de US$ 4.800, pero que se aplicó una rebaja de US$ 1.800 mediante la utilización de plazas vacías, una práctica conocida en el rubro como empty leg o “pata vacía”. Ese detalle no cerró la discusión, aunque sí agregó una justificación técnica a una operación que hasta ahora aparecía marcada por inconsistencias de fecha y monto.

La testimonial llegó, además, sobre un expediente que ya venía endureciendo su costado operativo. El miércoles hubo un procedimiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, donde la Justicia buscó presupuestos, contratos y registros capaces de reconstruir cómo se armó y cómo se pagó el viaje. A eso se suman pedidos de información fiscal, contable y bancaria sobre las firmas y personas que aparecen ligadas a la maniobra.

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La figura de Grandío quedó en una zona especialmente sensible porque no aparece sólo como acompañante del viaje. Distintas actuaciones judiciales y periodísticas lo ubican como periodista de la TV Pública y también como alguien con vínculos comerciales con el canal estatal a través de su productora ImHouse. Esa combinación explica por qué la causa empezó a mirar no sólo quién pagó, sino también si alrededor del traslado existía alguna incompatibilidad o un beneficio que el funcionario debía aclarar con respaldo documental.

El expediente tampoco se limita a seguir una factura aislada. Lijo pidió contratos, comprobantes originales, movimientos bancarios, datos fiscales, cámaras del aeropuerto de San Fernando e informes para saber si el viaje tuvo algún encuadre oficial, con viáticos, autorización o misión de servicio. La suma de esas medidas muestra que la pesquisa ya no trabaja sobre una sospecha genérica, sino sobre una reconstrucción minuciosa del circuito administrativo y económico del viaje.

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La declaración de Issin dejó así una consecuencia concreta: el caso entró en una etapa donde cada versión necesita respaldo externo para sostenerse. Si el broker dijo la verdad, la causa deberá establecer de qué manera se financió realmente el traslado y si Adorni devolvió ese dinero o recibió un beneficio que no correspondía; si mintió, también quedará expuesto en el cruce entre facturas, registros y comunicaciones. La respuesta que falta ya no depende de una conferencia, sino de la trazabilidad completa del pago.