El Gobierno reactivó la Ley Hojarasca con 70 normas para borrar del mapa legal

Política27/03/2026

La iniciativa retoma el paquete que Sturzenegger impulsó en 2024 y agrupa derogaciones por libertades, desburocratización y normas ya viejas.

El Gobierno volvió a mover una de las iniciativas más identificadas con Federico Sturzenegger y la puso otra vez en la agenda parlamentaria con una meta concreta: sacar del cuerpo legal argentino más de 70 normas que considera viejas, inútiles o contrarias a su idea de libertad. La jugada apareció este jueves en la discusión pública como la reactivación de la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto que ya tenía antecedente formal en Diputados desde octubre de 2024. Esa combinación entre relanzamiento político y archivo parlamentario previo es la que hoy le da volumen al movimiento oficialista.

El punto de partida del texto no pasa por un ajuste técnico menor, sino por una impugnación de fondo al modo en que se acumuló legislación durante décadas. En los fundamentos oficiales, el Ejecutivo sostiene que muchas normas quedaron “obsoletas o superadas” y que otras ni siquiera tienen aplicación práctica real. Sobre esa idea se apoya una definición más ideológica, escrita dentro del propio mensaje: “Los derechos no requieren leyes”.

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La novedad de estas horas también convive con un dato que obliga a mirar hacia atrás. En la página oficial de la Cámara de Diputados figura el expediente 0020-PE-2024, con fecha 14 de octubre de 2024, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, bajo el sumario “Derogación de Legislación Obsoleta - ‘Ley de Hojarasca’”. Es decir, lo que hoy el Gobierno muestra como envío al Congreso se enlaza con una iniciativa que ya había tenido ingreso formal y giro a comisiones en la Cámara baja.

La arquitectura del proyecto no se organiza por áreas del Estado ni por fechas, sino por el motivo que el oficialismo usa para justificar cada baja. El mensaje oficial agrupa las derogaciones en seis bloques: normas superadas por leyes posteriores, leyes obsoletas por cambios tecnológicos o económicos, leyes que afectan libertades individuales, normas cuya eliminación apunta a la desburocratización, disposiciones ligadas a organismos o procesos inexistentes y leyes que financian entes del sector público con recursos nacionales. Ese orden no es un detalle de redacción: muestra que la Casa Rosada busca presentar el paquete como una limpieza integral del sistema normativo y no como una suma dispersa de derogaciones.

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Dentro de ese paquete, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa varias normas que usa como emblema político de la iniciativa. Una de ellas es la Ley 14.034, sancionada en 1951, que reprime a quienes promuevan sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino; según el Ejecutivo, esa norma puede volverse un obstáculo incluso frente a denuncias por derechos humanos en foros internacionales. También aparece la Ley 18.312, vinculada al fondo para el desarrollo de papel prensa y celulosa, que la administración Milei describe como una restricción a la libertad de expresión.

El proyecto también incorpora normas que el oficialismo ubica en el terreno del control sobre la vida privada o cultural. Entre ellas menciona la Ley 19.787, que según el Gobierno restringe la elección de temas musicales en la programación de radios, y la Ley 20.120, que, siempre según la mirada oficial, habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos. No se trata de ejemplos laterales: son los casos que el Ejecutivo elige para convertir una reforma legal en un discurso político sobre límites estatales y libertades individuales.

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La ofensiva también alcanza normas que el Gobierno presenta como privilegios o como declaraciones sin efecto operativo concreto. En ese grupo aparece la Ley 20.959, que les otorga a senadores y diputados libre circulación y libre estacionamiento, una disposición que Sturzenegger cuestionó en 2024 como un privilegio inadmisible en democracia. El otro caso visible es la Ley 26.688, sancionada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, y que el oficialismo quiere derogar porque entiende que no impone acciones concretas.

Más allá de los ejemplos puntuales, el mensaje oficial deja ver el criterio político que ordena todo el paquete. El Ejecutivo afirma que existe una masa de normas “meramente declamativas” o nacidas en circunstancias históricas ya cerradas, y que su permanencia agrava costos, incertidumbre y burocracia para ciudadanos y empresas. En esa línea, el texto incluso recurre a un viejo adagio para reforzar el tono doctrinario del proyecto: “cuantas más leyes menos justicia”.

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La discusión que ahora se abre en el Congreso no pasa solo por cuántas leyes pueden caer, sino por qué tipo de criterio político se consolida si el oficialismo logra imponer esa depuración. La Ley Hojarasca no aparece redactada como una reforma sectorial, sino como una pieza que busca revisar la lógica misma con la que el Estado argentino fue acumulando normas durante décadas. Por eso, el paso que viene ya no depende del anuncio ni del nombre de Sturzenegger, sino del recorrido legislativo que esa poda consiga o no construir dentro de las comisiones a las que fue girada.

Fuente: LA NACION, Cámara de Diputados.