RIMI: El campo choca con un piso de US$150.000 que deja afuera compras habituales
Actualidad28/03/2026
REDACCIÓNFabricantes de maquinaria alertan que el RIMI no contempla cómo invierten productores y contratistas, que suelen modernizar por partes y no en una sola compra.
Un mixer, una tolva o varios implementos de uso frecuente en el campo pueden valer entre US$20.000 y US$50.000, e incluso quedar por debajo de los US$100.000. Esa escala de inversión, bastante común en la dinámica del agro, hoy no entra de manera sencilla en el nuevo Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI). El motivo es concreto: el esquema fija un piso de US$150.000 para acceder a la amortización acelerada en el caso de las microempresas y, según advierten los fabricantes, eso deja afuera una parte importante de las compras reales que se hacen en el sector.
La discusión no pasa por cuestionar la existencia del régimen ni por reabrir la ley aprobada. El punto que plantean desde la industria de maquinaria agrícola está puesto en la reglamentación, donde todavía ven margen para corregir cómo se aplica la norma. En ese tramo, sostienen, se juega la posibilidad de adaptar el beneficio fiscal a una lógica de inversión más fragmentada, más escalonada y bastante más parecida a la que usan productores y contratistas cuando renuevan equipos.
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El RIMI fue incorporado en la reforma laboral como una herramienta para promover inversiones productivas mediante beneficios como la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA. Sin embargo, el diseño del esquema establece umbrales mínimos según el tamaño de la empresa y, en el caso de las más pequeñas, el piso arranca en esos US$150.000. Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) consideran que ese requisito prioriza operaciones individuales de alto monto y no refleja cómo se mueve en la práctica el negocio de la maquinaria en el interior productivo.
La crítica central apunta justamente a esa diferencia entre el papel y el terreno. En el campo, explican, muchas inversiones no se resuelven con una sola compra grande, sino con un conjunto de decisiones más chicas que, sumadas, pueden representar un desembolso relevante. “Uno de los ejemplos que planteamos es que, sin tocar los mínimos, se puedan considerar varias inversiones que en conjunto sumen ese monto o uno superior”, detalló el presidente de Cafma, Hernán Zubeldía, al explicar el tipo de ajuste que buscan introducir durante la reglamentación.
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La propuesta del sector no pide bajar el umbral, sino permitir que distintos equipos sean computados dentro de un mismo paquete de inversión. Allí aparecen ejemplos bien concretos de cómo se moderniza una explotación agropecuaria o una empresa de servicios rurales. “Un cabezal maicero o un draper (plataforma de cosecha) quizás no llegan a los US$150.000, pero si comprás el cabezal, la tolva, la casilla, el paquete de inversiones sí supera ese valor”, explicó Zubeldía, al describir un mecanismo que para el sector resulta bastante más fiel al modo real en que se toman decisiones de compra.
Ese desajuste se vuelve todavía más visible cuando se observa qué tipo de maquinaria permite cruzar el piso en una sola operación. Según remarcan desde la actividad, para superar ese valor sin sumar equipos un contratista tendría que apuntar a una cosechadora nueva o a un tractor grande, algo que no sucede todos los años. “Para superar ese monto en una sola maquinaria, tendría que comprar una cosechadora nueva o un tractor grande”, señaló Zubeldía, antes de agregar que hay períodos donde esos equipos no se renuevan, pero sí se invierte en mejorar distintas partes del sistema de trabajo.
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La preocupación ya empezó a tomar forma institucional. Cafma viene trabajando el tema junto con la Federación Argentina de Máquinas Agrícolas (Facma) y analiza además articular acciones con la Fundación Barbechando, que actúa en el vínculo entre el agro y el Congreso. La idea es abrir diálogo con legisladores y también con el Poder Ejecutivo para dejar en claro que el problema no afecta sólo a los fabricantes, sino a toda la cadena agroindustrial, desde los contratistas hasta los productores que dependen de un régimen más realista para encarar mejoras de escala media.
El planteo aparece, además, en un momento donde la actividad empieza a mostrar señales menos negativas. Después de un 2024 muy flojo, el año 2025 dejó una recuperación parcial, aunque el segundo semestre fue más débil y terminó compensando parte de esa mejora inicial. Para este año, en cambio, el sector mira un panorama algo más favorable, apoyado en una buena campaña de trigo, en la cosecha de granos gruesos en marcha y en condiciones macroeconómicas que aparecen más estables que las de la temporada anterior.
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A ese cuadro se suma el papel del financiamiento, con fabricantes y bancos buscando sostener la demanda. Desde la industria entienden que, si el clima acompaña, hay condiciones para un mejor movimiento comercial, pero remarcan que ese escenario puede perder fuerza si los incentivos fiscales siguen pensados sólo para compras de gran porte. La tensión, entonces, no está entre invertir o no invertir, sino entre un régimen que apunta a estimular el gasto productivo y una operatoria diaria del campo que muchas veces moderniza por etapas y no en bloques gigantes.
Por eso, la reglamentación del RIMI se volvió ahora el punto decisivo para el sector. Si se habilita la posibilidad de sumar equipos y considerar paquetes de inversión, fabricantes y contratistas creen que el esquema podría acercarse bastante más a la economía real del agro. Si eso no ocurre, el incentivo quedará concentrado en operaciones de alto valor individual y una porción amplia de las compras que efectivamente sostienen la renovación tecnológica del campo seguirá afuera del beneficio.
Fuente: LA NACION.
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