La conducción del fútbol argentino afronta horas decisivas por la mansión de Pilar y por una causa que pone bajo análisis millonarios aportes patronales.
La conducción de la AFA arranca una semana de alto voltaje judicial con dos expedientes que avanzan en paralelo sobre su núcleo de poder. Uno se mueve en torno de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y el otro pone bajo examen una presunta deuda de 19.300 millones de pesos por aportes patronales e impuestos. Las dos causas corren por fueros distintos, pero confluyen sobre la misma escena: la presión de los tribunales sobre el oficialismo del fútbol argentino.
El frente más delicado para Claudio “Chiqui” Tapia en estas horas aparece en el fuero Penal Económico. Allí, el juez Diego Amarante debe resolver si dicta el procesamiento del presidente de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino por la presunta "retención indebida" de esos fondos. En ese mismo expediente también figuran imputados Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.
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Ese caso no camina solo dentro del tablero judicial que rodea a la entidad. Este lunes, la Cámara de Casación Penal realizará una audiencia que puede destrabar otro expediente sensible para el entorno de la dirigencia. Allí no se discutirá todavía el fondo de la denuncia, sino una cuestión previa que resulta decisiva: qué juzgado quedará a cargo de la investigación sobre la lujosa propiedad de Villa Rosa.
La causa por esa mansión se volvió un expediente atravesado por idas, vueltas y disputas de competencia. La propiedad pertenece a Real Central S.A. y quedó asociada a un entramado que expone nombres ajenos al perfil habitual de una operación de semejante valor. El dato más llamativo pasa por la titularidad formal: aparece a nombre del monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente de Almirante Brown, junto con su madre Ana Conte, jubilada.
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La descripción del inmueble también explica por qué el caso ganó espesor político y judicial. La propiedad está ubicada en Villa Rosa y cuenta con helipuerto y haras, rasgos que la ubican lejos de cualquier bien común dentro del mercado inmobiliario. Sobre ese punto gira una investigación que ya no se concentra sólo en la casa en sí, sino en el circuito societario y en el ámbito judicial que deberá seguir el expediente.
La audiencia de este lunes en la Sala I de Casación buscará zanjar precisamente esa pelea. Los jueces Borinsky, Carbajo y Ledesma deberán decidir qué tribunal se queda con la causa después de un recorrido que la llevó por varias manos. El expediente nació en Comodoro Py, luego recaló en el Juzgado Federal de Campana y ahora enfrenta el planteo del fiscal Carlos Cearras, que reclama su regreso al fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
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Esa discusión sobre competencia no aparece como una cuestión menor o puramente técnica. De la definición de Casación dependerá el juzgado que ordene, impulse y encuadre la pesquisa sobre una propiedad que salpica al entorno dirigencial. En otras palabras, antes de cualquier resolución de fondo, la primera batalla consiste en definir dónde seguirá el expediente y bajo qué lógica judicial será analizado.
Al mismo tiempo, el expediente por los aportes patronales coloca sobre la mesa una amenaza más directa para la conducción actual de la AFA. Allí el juez no debe resolver un conflicto de competencia, sino si procesa o no a los principales señalados. Ese movimiento puede modificar el nivel de exposición de Tapia y Toviggino, porque ya no se trata de ordenar una causa sino de avanzar sobre la situación procesal de quienes hoy manejan el fútbol argentino.
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La coincidencia temporal entre ambos frentes vuelve especialmente incómoda esta semana para la dirigencia. De un lado aparece una mansión de lujo cuyo expediente todavía busca tribunal; del otro, una causa económica con una cifra millonaria y una decisión pendiente sobre posibles procesamientos. La combinación instala una presión poco habitual sobre la AFA, porque los dos expedientes tocan zonas distintas, aunque convergen sobre el mismo círculo de poder.
Lo que se abre desde este lunes no es una definición total sobre todas las acusaciones, pero sí un tramo que puede reordenar el mapa judicial alrededor de Tapia. Casación debe decidir quién investiga la causa de la mansión y el juez Amarante tiene en sus manos una resolución que impacta sobre el expediente por aportes e impuestos. La consecuencia pendiente para la AFA ya no pasa sólo por soportar el ruido político, sino por afrontar decisiones judiciales capaces de marcar el rumbo inmediato de dos causas que la rodean al mismo tiempo.
Fuente: NA.
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