El ataque en San Cristóbal dejó al descubierto un malestar estudiantil que crece en todo el país

El ataque en Santa Fe no tiene aún un móvil confirmado, pero volvió visible un cuadro nacional de agresiones, exclusión y bullying desoído.

Un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, mató a un estudiante de 13 años y dejó al menos otros dos adolescentes heridos de bala, mientras la provincia activó un operativo interministerial y dispuso el cierre del establecimiento por tres días. La investigación sigue abierta y el Gobierno santafesino habla de un abordaje integral sobre el agresor, las víctimas y la comunidad educativa.

Lo que pasó en Santa Fe no autoriza a cerrar de apuro una explicación única sobre el móvil del ataque. Pero sí obliga a mirar un terreno que en la Argentina ya venía mostrando señales de deterioro entre chicos y adolescentes: más agresiones entre pares, más discriminación y más experiencias escolares atravesadas por la exclusión, incluso en escuelas donde la mayoría dice sentirse contenida.

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Los datos más recientes de UNICEF Argentina muestran que el bullying dejó de ser un problema lateral. En la novena ola de su Encuesta Rápida, el organismo registró que la proporción de adolescentes que sufrió bullying pasó de 25% a 41% en un año, lo que representa a casi un millón de chicos. A la vez, 37% dijo que en su escuela hay al menos un compañero que atravesó una situación de acoso.

Ese cuadro se vuelve todavía más inquietante cuando se cruza con lo que muestran las escuelas primarias. Un informe de Argentinos por la Educación, elaborado con datos de Aprender 2023, señala que la mayoría de los alumnos de sexto grado dice tener amigos, sentirse bien al ir a la escuela y encontrar contención en los adultos, pero esa imagen convive con otra más áspera: más de la mitad manifestó haberse sentido excluido alguna vez, 40% dijo haberse sentido incómodo o fuera de lugar y 36% señaló haberse sentido solo.

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No se trata sólo de malestar subjetivo o de episodios menores. El mismo informe encontró que 6 de cada 10 alumnos de sexto grado reportan haber sido víctimas de alguna agresión o situación de violencia, ya sea en la escuela o en redes sociales, y que la mitad presenció escenas de agresión entre pares durante el año. Cuando esos números se sostienen a esa escala, la violencia escolar deja de parecer una suma de excepciones y empieza a mostrar una frecuencia demasiado alta para ser leída como desorden ocasional.

También aparece una trama de discriminación que muchas veces queda naturalizada hasta que el daño ya está hecho. Entre quienes dijeron haberse sentido discriminados, los motivos más frecuentes fueron el aspecto físico, los gustos e intereses personales y la orientación sexual o identidad de género. Eso marca que la exclusión no siempre entra al aula con un golpe o una amenaza: muchas veces se instala antes, en la burla repetida, el señalamiento y la sensación de no pertenecer.

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La otra parte del problema está en cómo responden las instituciones cuando esas señales aparecen. El análisis de Argentinos por la Educación muestra que las respuestas escolares siguen siendo, en general, tradicionales y tardías: primero intervienen docentes o directivos y después se informa a las familias, mientras que las estrategias más efectivas para mejorar el clima escolar —intervenciones socioemocionales, participación estudiantil, actividades reparadoras o mayor trabajo de orientación— siguen siendo menos frecuentes. En ese mismo cuadro todavía figura una categoría que condensa el punto más delicado: en 10% de los casos aparece la idea de que “no se le da importancia”.

Ese límite institucional no choca con un vacío legal, sino con una deuda de aplicación. La Ley 26.892 sobre convivencia escolar establece que las escuelas deben rechazar toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión, incluso cuando ocurren de manera virtual, y además reconoce el derecho del estudiante a ser escuchado y a defenderse. La misma norma promueve la creación o el fortalecimiento de equipos especializados para prevenir e intervenir en situaciones de violencia.

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Por eso, el ataque de San Cristóbal no sólo deja una investigación penal y social en marcha; también expone el punto donde fallan las alertas previas. Lo pendiente no pasa únicamente por reconstruir qué ocurrió dentro de esa escuela santafesina, sino por entender por qué un país que ya registra más bullying, más agresiones y más chicos que se sienten excluidos sigue llegando tarde a escuchar ese malestar antes de que se vuelva irreparable.

Con información de Argentinos por la Educación, Gobierno de Santa Fe y Argentina.gob.ar