La muerte de un anestesiólogo durante una fiesta abrió una pesquisa por drogas robadas de un hospital

El caso de Alejandro Zalazar derivó en una denuncia por robo de estupefacientes, un sumario interno y versiones sobre un circuito recreativo.

La muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, abrió una investigación que ya corre en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, busca reconstruir cómo llegó a su domicilio una combinación de propofol y fentanilo que, según fuentes oficiales citadas por LA NACION, causó la sobredosis fatal. Por el otro, empujó un procedimiento interno para determinar cómo salieron del circuito hospitalario sustancias controladas que luego fueron trazadas hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires.

En la vivienda también se hallaron medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, un dato que le dio a la pesquisa un espesor distinto al de una muerte aislada. El propofol es un anestésico intravenoso de uso hospitalario y el fentanilo es un opioide potente que puede causar depresión respiratoria grave o incluso mortal si se usa de manera indebida; por eso, la combinación fuera de un ámbito controlado representa un riesgo extremo. Esa base técnica ayuda a entender por qué el caso se movió rápidamente desde la autopsia hacia la trazabilidad de los fármacos.

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La primera derivación concreta cayó sobre el Hospital Italiano. Según la reconstrucción publicada por LA NACION, la trazabilidad de los anestésicos ubicó allí el origen de las sustancias, lo que llevó a identificar a un médico del área de Anestesiología, mencionado con las iniciales H.B., y a una residente de tercer año, D.L., como presuntos responsables del robo y la distribución. En una comunicación posterior, el hospital informó que denunció el robo ante las autoridades, inició un sumario interno y señaló que ninguna de las personas involucradas seguía trabajando en la institución.

Ese paso cambió el centro del caso. La pregunta ya no quedó sólo en qué ocurrió en el domicilio del médico fallecido, sino en qué falló dentro del sistema de resguardo de estupefacientes de una institución privada de alta complejidad. El propio hospital informó que abrió una revisión integral del circuito de control y seguridad en la gestión de estas sustancias y que dio intervención a la Justicia para colaborar con la investigación en curso.

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Sobre esa línea formal empezó a montarse otra, más opaca y todavía no validada judicialmente. Médicos y residentes consultados por LA NACION hablaron de las “Propo fest”, nombre con el que, según esos testimonios, se conocían reuniones privadas de un grupo reducido de anestesistas y residentes donde se usaban propofol y fentanilo con fines recreativos. El punto delicado es que ese material surge de audios y mensajes de WhatsApp que circulan entre colegas, no de una resolución administrativa ni de una imputación ya consolidada en expediente.

La nota periodística describe que en esas comunicaciones privadas aparece incluso la versión de que había encuentros con bombas de infusión y una persona encargada de asistir cuando aparecía apnea, además de la frase “Todo el material que usaban era del hospital”. Pero el mismo texto remarca que esas versiones permanecen fuera de los expedientes en curso y que, por ahora, no cuentan con validación administrativa ni judicial. Ese límite importa porque marca la diferencia entre una alarma seria dentro del ambiente médico y una prueba ya incorporada a una causa.

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El fallecimiento también golpeó a otro hospital público porteño. La Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez publicó un mensaje de despedida por Zalazar, identificado allí como anestesiólogo de guardia del establecimiento. Esa señal institucional muestra que la muerte no quedó reducida a una historia privada, sino que impactó de lleno en un ámbito sanitario donde el manejo de estas drogas forma parte de la práctica diaria bajo protocolos estrictos.

La secuencia expone además un temor que venía circulando entre residentes y médicos, según la investigación: el uso recreativo de anestésicos controlados fuera del ámbito asistencial. No hay, al menos por ahora, una resolución judicial que confirme la existencia de ese circuito tal como fue relatado en audios y chats, pero sí hay una denuncia formal por robo de estupefacientes, un sumario interno, una renuncia y una revisión del sistema de control en el hospital donde se rastreó el origen de los fármacos. Ese conjunto de hechos deja de todos modos una alarma concreta sobre la custodia de medicamentos que, fuera de contexto, pueden matar.

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La investigación quedó así parada sobre un doble borde. Tiene que establecer cómo salieron el propofol y el fentanilo del circuito hospitalario y, al mismo tiempo, si detrás de esa salida hubo apenas una sustracción puntual o un uso indebido más extendido entre profesionales del área. Hoy, el dato firme es el robo denunciado y la muerte por sobredosis; todo lo demás, incluidas las fiestas privadas y sus reglas internas, sigue en una zona bajo sospecha que todavía espera pruebas capaces de sostenerla.

Fuente: LA NACION.