El Gobierno frenó otra vez el impuesto a los combustibles para evitar un salto mayor en surtidores

La suba del petróleo volvió a meterse en la política local de precios y la Casa Rosada corrió para mayo un ajuste que podía pegar de lleno en naftas, gasoil e inflación.

La decisión apareció donde más pesa cuando se discuten combustibles: en el precio que ve el conductor frente al surtidor. El Gobierno resolvió postergar hasta mayo la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida formalizada en el Decreto 217/2026 y vigente desde el 1 de abril. La definición buscó evitar que la presión internacional sobre el petróleo se trasladara de inmediato al mercado interno en un momento de aceleración inflacionaria.

No se trata de una suspensión total del esquema, sino de un nuevo corrimiento en una política que el Ejecutivo ya viene administrando por tramos. El decreto volvió a diferir los incrementos remanentes de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, además del componente vinculado al dióxido de carbono. En los hechos, la Casa Rosada eligió desacoplar por un mes más la dinámica impositiva local del ruido externo que produjo la guerra en Medio Oriente.

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La señal política es clara porque llega en medio de un mercado petrolero todavía alterado. Reuters reportó este 1 de abril que el Brent operó alrededor de los US$102,91 por barril y que el WTI rondó los US$99,94, después de semanas de fuerte volatilidad ligadas al conflicto con Irán y a las dudas sobre la normalización del suministro energético. Ese cuadro internacional es el que explica por qué el Gobierno volvió a intervenir sobre un impuesto que, en otra circunstancia, habría seguido su sendero previsto.

El argumento oficial quedó asentado en el propio texto normativo. Allí se justificó la postergación “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, y se consideró “necesario” volver a diferir los aumentos pendientes para esos productos. La fórmula no niega el costo fiscal de la decisión, pero muestra cuál fue la prioridad inmediata: contener un traslado más brusco a precios en un rubro que impacta rápido sobre transporte, logística y consumo masivo.

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Ese punto explica por qué la medida excede a las estaciones de servicio. Un aumento en combustibles no queda encerrado en el tanque de un auto particular, sino que se filtra sobre fletes, distribución de mercadería y costos operativos de una parte amplia de la economía. Por eso el Gobierno eligió otra vez ganar tiempo, aun cuando esa estrategia implique seguir resignando recursos tributarios en nombre de una desaceleración más ordenada de los precios.

La postergación además encaja con un esquema que el oficialismo ya viene usando desde el año pasado. Desde septiembre de 2025, las subas del impuesto se calculan con base en la inflación y se actualizan de manera trimestral, pero la aplicación efectiva no fue lineal: hubo ajustes parciales, desdoblamientos y nuevas prórrogas para amortiguar el impacto sobre los surtidores. En paralelo, siguió vigente un monto fijo diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, una excepción que mantiene relevancia territorial en regiones con alta dependencia del combustible.

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El costo de esa decisión no es teórico. Según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones aplicadas durante 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por US$2.326 millones. Ese dato muestra la tensión que atraviesa toda esta discusión: el Ejecutivo posterga para no recalentar la inflación, pero cada diferimiento le resta recaudación en un frente donde también dice defender la consistencia fiscal.

La nueva fecha de referencia quedó puesta en mayo, aunque el margen real depende menos del calendario argentino que de lo que ocurra afuera. La lógica oficial parece atada a una expectativa concreta: que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel pierda intensidad y que el crudo se aleje de la franja de los US$100. Si eso no ocurre, el problema no desaparece; apenas se patea hacia adelante con la esperanza de llegar a un contexto menos hostil.

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Lo inmediato, entonces, no es una baja ni un alivio estructural, sino una pausa. El impuesto pendiente sigue ahí, la volatilidad internacional también, y el Gobierno quedó otra vez administrando el tiempo para evitar que una sacudida externa termine de lleno en el surtidor argentino. Mayo aparece ahora como la próxima estación, pero la variable que puede ordenar o complicar todo sigue estando bastante más lejos que una refinería o una estación de servicio.

Fuente: NA, Reuters, Boletín Oficial.