Diputados denunciaron al fiscal del caso Libra por frenar la investigación

Actualidad01/04/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Acusan demoras, ocultamiento de pruebas y desvío del foco en una causa que involucra decisiones clave y sigue sin avances concretos.

La denuncia penal recayó sobre el fiscal federal Eduardo Taiano, a quien señalan por presunto mal desempeño.
La denuncia penal recayó sobre el fiscal federal Eduardo Taiano, a quien señalan por presunto mal desempeño.

La investigación por el caso Libra sumó un nuevo capítulo que ahora apunta directamente al funcionamiento judicial. Un grupo de diputados nacionales decidió llevar a la Justicia al fiscal encargado del expediente, con acusaciones que cuestionan el ritmo y la orientación de la causa.

La denuncia penal recayó sobre el fiscal federal Eduardo Taiano, a quien señalan por presunto mal desempeño y por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Los legisladores sostienen que hubo demoras reiteradas y decisiones que afectaron el avance del proceso.

Entre los firmantes aparecen representantes de distintos bloques, lo que le da un carácter transversal a la presentación. Participaron diputados de la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Provincias Unidas, todos con antecedentes en la comisión investigadora del caso.

El eje principal de la acusación gira en torno al manejo de la prueba. Según el escrito, existieron “demoras injustificadas en la producción de pruebas” y también una supuesta “retención y ocultamiento” de elementos clave para la investigación.

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Uno de los puntos más cuestionados es el tratamiento de dispositivos electrónicos secuestrados en marzo de 2025. Esos materiales, considerados relevantes, recién comenzaron a analizarse varios meses después, lo que generó sospechas sobre el accionar judicial.

De acuerdo con la presentación, el análisis de esa evidencia recién se ordenó en septiembre, pese a que la fiscalía ya contaba con los elementos desde el primer semestre del año. Para los diputados, esa dilación afectó el curso normal del expediente.

También se cuestiona la falta de acceso a la información por parte de la comisión investigadora. En octubre de 2025, legisladores solicitaron ver el expediente, pero aseguran que el fiscal rechazó el pedido, lo que, según expresaron, rompió prácticas habituales de colaboración entre poderes.

En paralelo, los denunciantes remarcan que hubo avances parciales que no derivaron en decisiones de fondo. Señalan que, pese a contar con datos relevantes, no se dispusieron imputaciones ni llamados a indagatoria.

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En ese sentido, sostuvieron que se configuró una conducta reiterada. En el escrito afirmaron: “Se consolidó así una secuencia de demoras que, por su extensión y falta de justificación, resultan incompatibles con un desempeño diligente”.

Otro aspecto que generó críticas fue la orientación de la investigación. Los diputados cuestionaron que el fiscal haya puesto el foco en temas secundarios, como la filtración de información, en lugar de avanzar sobre los hechos centrales.

En particular, mencionaron la citación a la periodista Natalia Volosín. Según indicaron, esa medida se tomó con rapidez, en contraste con la falta de impulso en otras líneas de investigación vinculadas al caso principal.

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Para los legisladores, ese contraste evidencia un cambio de prioridades dentro del expediente. A su entender, la pesquisa se desvió hacia cuestiones accesorias y dejó de lado elementos que podrían esclarecer responsabilidades.

En el cierre de la presentación, los denunciantes advirtieron sobre el impacto institucional del caso. Consideran que las demoras, la falta de transparencia y la ausencia de decisiones procesales afectan el funcionamiento del sistema judicial.

Además, señalaron que el accionar del fiscal podría violar normas que lo obligan a impulsar la acción penal y actuar con objetividad. Por eso, pidieron que se investigue su conducta y se determinen posibles responsabilidades.

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