La Ciudad reclama millonarios fondos por asistir a personas sin techo de provincia

Actualidad03/04/2026Sergio BustosSergio Bustos

El sistema de asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una tensión creciente, marcada por el aumento de la demanda y el peso económico que implica sostenerla. En ese escenario, el Gobierno porteño puso el foco en un dato que considera central: una parte significativa de quienes reciben ayuda no reside en su jurisdicción.

pobreza
Disputas por la atención a personas en situación de calle.

Actualmente funcionan 61 Centros de Inclusión Social que brindan alojamiento, comida y acompañamiento durante las 24 horas. En total, allí se asiste a 4.626 personas, en un esquema que combina contención inmediata con políticas de reinserción social.

Dentro de ese universo, al menos 2.327 personas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Ese número es el que disparó el reclamo de la Ciudad, que sostiene que el financiamiento de esa asistencia no debería recaer exclusivamente sobre su presupuesto.


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El costo de sostener ese sistema resulta elevado. Según cifras oficiales, el gasto mensual por persona asciende a 1.163.135 pesos, lo que eleva el total acumulado a más de 27.000 millones desde la entrada en vigencia del Decreto 373/2025.

Ese decreto, impulsado por el Gobierno nacional, establece que la responsabilidad sobre las personas en situación de calle corresponde a cada jurisdicción. En paralelo, la provincia de Buenos Aires cuenta con su propia normativa, la Ley 13.956, que crea un programa específico de asistencia integral.

Desde la administración porteña interpretan que ese marco legal no se está cumpliendo de manera efectiva. En esa línea, plantean que el sistema de paradores de la Ciudad terminó absorbiendo una demanda que debería ser compartida.


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El reclamo también se trasladó al plano administrativo. Funcionarios porteños enviaron una solicitud formal al Ministerio de Economía bonaerense para que se transfieran los recursos necesarios y se cubran tanto los costos actuales como la deuda acumulada.

“Como quedó establecido en el Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, que modifica la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, la responsabilidad de la atención a las personas en situación de calle es competencia de cada jurisdicción”, señalaron desde la Ciudad en un comunicado oficial.

Desde el área de Desarrollo Humano insistieron en que la asistencia no se va a interrumpir, más allá del conflicto. “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”, expresó el ministro Gabriel Mraida.


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El planteo se da en un contexto donde la situación social presiona sobre los sistemas de contención en las grandes ciudades. La demanda crece y obliga a sostener estructuras cada vez más complejas, mientras las discusiones sobre financiamiento se vuelven más frecuentes.

En el fondo, la disputa refleja un problema estructural: cómo se distribuyen las responsabilidades y los recursos cuando las personas se desplazan entre jurisdicciones en busca de asistencia.

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