La Guardia Revolucionaria iraní ya figura en el registro terrorista de la Argentina

La resolución conjunta 3/2026 convirtió en acto formal una decisión que el Gobierno ya había anticipado y la incorporó al sistema argentino antiterrorista.

La Guardia Revolucionaria Islámica quedó desde este lunes incorporada al sistema argentino que reúne a personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. La novedad dejó de ser un anuncio político y pasó a tener forma administrativa con publicación oficial. A partir de esa decisión, el Gobierno convirtió una postura ya expresada en un acto que rige desde el mismo día en que apareció en el Boletín Oficial.

El paso se formalizó a través de la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El texto dispuso la inscripción de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el RePET, el registro público que centraliza información sobre terrorismo y financiamiento. La medida también dejó asentada la intervención del Ministerio de Justicia para completar ese trámite.

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Lo que cambió no fue solamente el tono del mensaje oficial, sino su lugar dentro del aparato estatal. Hasta ahora, la decisión aparecía como una definición política adelantada por la administración de Javier Milei; desde este lunes, esa posición quedó integrada a un instrumento formal de prevención, registro e intercambio de información en materia antiterrorista. El giro, por eso, ya no se lee sólo en clave diplomática.

La resolución se apoyó en el decreto que regula el funcionamiento del RePET y en un andamiaje de normas nacionales e internacionales ligadas al terrorismo y a su financiamiento. Allí se establece que una persona o entidad puede inscribirse cuando existan motivos fundados para vincularla con una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional. En ese punto, el documento oficial ubicó a la Guardia Revolucionaria dentro de ese supuesto.

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El texto fue más lejos que una referencia general y dejó asentado que, según informes reservados de las áreas competentes, existe evidencia amplia sobre la participación directa del grupo en financiamiento y ejecución de atentados terroristas. En la misma secuencia, los ministerios sostuvieron que esa estructura representa un riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes del país. Esa combinación de diagnóstico y fundamento es la que terminó habilitando la inscripción formal.

El propio Boletín Oficial presentó la inclusión como una herramienta para fortalecer mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y de su financiamiento. Eso le dio a la medida una traducción operativa que excede la declaración política. La inscripción no quedó, entonces, en el plano simbólico: pasó a formar parte de un esquema estatal de seguridad, cooperación e intercambio de información.

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También hay una lectura exterior que el Gobierno buscó dejar a la vista. La administración de Milei ya había adelantado esta decisión y, con su formalización, profundizó una línea de acercamiento a posiciones que ya sostienen Estados Unidos y otros países respecto de la Guardia Revolucionaria iraní. Esa coincidencia se inserta en un alineamiento más amplio de la política exterior argentina con Washington.

El expediente llevó la firma de Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno Magrane, y fijó vigencia inmediata desde la publicación. Ese detalle no resulta menor, porque evitó una transición larga entre la decisión política y su efecto administrativo. El Gobierno eligió que la medida empezara a correr el mismo día en que quedó oficializada.

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Con esa decisión ya en marcha, la novedad no pasa por si la Argentina quería o no dar este paso, sino por el alcance práctico que tendrá la inscripción dentro del RePET. La resolución cerró la discusión sobre la voluntad oficial y dejó abierto un terreno más concreto: el de las restricciones, la cooperación internacional y el uso efectivo de esa calificación dentro del sistema estatal. El movimiento ya quedó sellado; ahora empieza la etapa en la que se medirá cuánto peso real tendrá esa definición.

Fuente: NA, Boletín Oficial, Reuters.