El esquema de financiamiento que rodea a Manuel Adorni suma nuevos interrogantes a partir de la aparición de dos acreedoras con vínculos en la Policía Federal. Ambas figuras, incorporadas en su declaración jurada, aparecen como piezas centrales en la operatoria que le permitió acceder a una vivienda en un country bonaerense.
El dato sobresale por la magnitud de los montos involucrados y por el perfil de las prestamistas. Según consta en la documentación, una mujer de 34 años figura como acreedora por $7,7 millones, mientras que otra, de 68 años, registra un crédito por $43 millones. Ambas se desempeñan o se desempeñaron dentro de la fuerza de seguridad y también están inscriptas como monotributistas.
La operatoria no se canalizó a través de entidades financieras tradicionales. En cambio, se estructuró mediante hipotecas privadas, una modalidad que se repite en otras adquisiciones vinculadas al funcionario. En este caso, los préstamos habrían sido otorgados hacia fines de 2024 y resultaron determinantes para concretar la compra de una vivienda en el barrio cerrado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
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El mecanismo despierta dudas en torno a la trazabilidad del dinero y la capacidad de repago. En paralelo a esta adquisición, Adorni también habría recurrido a esquemas similares para financiar un departamento de grandes dimensiones en Caballito, lo que refuerza la recurrencia de este tipo de instrumentos.
En ese contexto, surge una pregunta central que atraviesa el caso: ¿cómo sostiene un funcionario público el pago simultáneo de múltiples obligaciones financieras de alto monto, sumadas a los gastos habituales que implican varias propiedades? La incógnita se amplifica al considerar expensas, impuestos y servicios asociados a inmuebles de estas características.
El expediente judicial comenzó a sumar movimiento en las últimas semanas. Una de las instancias más relevantes será la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, prevista para el 8 de abril ante el fiscal Gerardo Pollicita. Su testimonio podría aportar detalles clave sobre la formalización de las operaciones.
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Al mismo tiempo, una entidad crediticia oficial avanza con una auditoría interna que ya relevó al menos 40 créditos otorgados a funcionarios nacionales y legisladores. Esa información, según trascendió, quedará a disposición de la Justicia en el marco de las investigaciones en curso.
El caso no se limita a una sola denuncia. Existen al menos tres presentaciones judiciales que apuntan a esclarecer la evolución patrimonial del funcionario y el origen de los fondos utilizados. Las acciones fueron impulsadas tanto por la Coalición Cívica como por particulares.
El juez federal Ariel Lijo evalúa concentrar todas las causas en su juzgado, lo que podría unificar la investigación y acelerar definiciones procesales. Mientras tanto, persiste la falta de documentación pública que explique con claridad el crecimiento patrimonial, los consumos con tarjetas y los viajes al exterior mencionados en distintas presentaciones.
El entramado financiero que rodea a Adorni combina relaciones personales, estructuras no bancarias y montos elevados. Ese conjunto de factores, ahora bajo análisis judicial, marca el pulso de una investigación que todavía está en desarrollo.
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