El Gobierno habilitó concesiones privadas para ampliar líneas eléctricas sin aporte directo del Estado
Actualidad07/04/2026
REDACCIÓNLa reglamentación permite que empresas financien, construyan y operen nuevas obras de transporte eléctrico con un esquema de repago específico dentro del mercado mayorista.
El Gobierno nacional reglamentó un nuevo esquema para ampliar el sistema de transporte eléctrico y abrió la puerta a que capitales privados financien obras sin necesidad de un desembolso directo del Estado. La decisión apunta a destrabar proyectos de infraestructura considerados estratégicos para mejorar la capacidad de traslado de energía en distintas regiones del país.
La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 83/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Con esa norma, se incorporó un nuevo apartado técnico a “Los Procedimientos” que regulan el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
A partir de esta reglamentación, empresas privadas podrán participar en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas líneas de transporte eléctrico bajo el régimen de Concesión de Obra Pública. El esquema prevé que la inversión se recupere mediante una tarifa específica vinculada a la ampliación ejecutada, lo que busca ofrecer un mecanismo de repago definido para quienes asuman esos desarrollos.
El cambio normativo se da en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, que fue prorrogada hasta julio de 2026. En ese contexto, y frente a las limitaciones para financiar con recursos públicos las obras requeridas por el sistema, el Ejecutivo avanzó con esta modalidad para acelerar proyectos que considera prioritarios dentro de la red eléctrica.
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La reglamentación también fija una condición central para los futuros inversores: los pagos vinculados a estas concesiones de transporte tendrán prioridad de cobro. Con ese criterio, el Gobierno busca asegurar previsibilidad en el flujo de fondos y mejorar las condiciones para atraer interesados en licitaciones de gran escala.
El nuevo esquema no desplaza a los concesionarios que ya operan dentro del sistema. La norma establece que empresas como Transener y las distribuidoras troncales conservarán sus derechos actuales, aunque habilita la incorporación de transportistas independientes para hacerse cargo de las nuevas expansiones que se liciten bajo este formato.
Otro punto central es que las obras no se solventarán con presupuesto público directo. El financiamiento podrá surgir de tarifas aplicadas a usuarios o agentes del mercado que resulten beneficiados por el aumento en la capacidad de transporte. De ese modo, el costo de las ampliaciones quedará asociado a quienes reciban de manera más inmediata el impacto de la mejora en la red.
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La apuesta oficial está orientada a destrabar proyectos de alta tensión que hoy son vistos como necesarios para evacuar la energía producida por parques eólicos y solares, además de reforzar la confiabilidad del suministro en grandes centros urbanos. Ese objetivo cobra especial importancia en los períodos de mayor exigencia, como ocurre durante los picos de demanda del verano.
La implementación operativa del nuevo régimen quedará ahora en manos de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que deberá preparar los pliegos de bases y condiciones para las próximas convocatorias. Según lo previsto, las primeras licitaciones bajo este esquema podrían ponerse en marcha durante el segundo semestre de 2026.
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