Salud mental: el Gobierno quiere cambiar internaciones, diagnósticos y hospitales

La Casa Rosada anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto para reemplazar puntos centrales de la ley vigente y modificar la respuesta ante casos de riesgo.

La discusión sobre salud mental sumará un nuevo capítulo en el Congreso, pero el punto de partida no estará en una consigna general sino en fallas concretas del sistema. El relevamiento oficial detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa actual y que apenas existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental. Sobre ese diagnóstico, el Gobierno resolvió impulsar una nueva ley con cambios en criterios de intervención, internación y estructura de atención.

La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego respaldada por el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones. Desde esa cartera explicaron que el proyecto apunta a una “actualización” de la ley sancionada en 2010. La intención oficial, de acuerdo con la explicación difundida, es “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

El argumento central del Gobierno pone el foco en los márgenes de acción ante situaciones críticas. Desde Salud sostuvieron que la reforma “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”. En esa misma línea, afirmaron que también pretenden “clarificar” conceptos y criterios que hoy, según su mirada, dejan zonas grises en la práctica cotidiana.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto pasa por la forma en que se definen los cuadros que requieren atención. En la administración libertaria consideran que la expresión “padecimiento mental” resulta demasiado amplia y que esa vaguedad complica diagnósticos e intervenciones. Por eso, la iniciativa propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas) e incorporar la noción de trastornos mentales o del comportamiento para ganar precisión en el encuadre médico y legal.

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Esa redefinición técnica no aparece aislada, porque se complementa con un cambio en el criterio de actuación frente a episodios urgentes. El proyecto plantea reemplazar el esquema actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. La apuesta oficial es que esa modificación habilite respuestas más oportunas y preventivas frente a cuadros complejos que, según la lectura del Gobierno, hoy quedan demorados por la redacción vigente.

Otro punto fuerte del borrador aparece en el régimen de internaciones, un terreno que históricamente concentra controversias. La propuesta sostiene que la internación seguirá siendo un recurso excepcional, aunque la define como una herramienta también necesaria en determinados casos. A la vez, habilita que los psiquiatras puedan indicar una “internación involuntaria”, con la condición de que luego sea ratificada por un equipo interdisciplinario.

El cambio no termina ahí, porque también se modifica la relación entre el sistema de salud y la Justicia. El texto prevé extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial en esos casos. Además, en las internaciones voluntarias, si el paciente pide el alta, se evaluará su capacidad y, si se considera afectada, esa internación podrá transformarse en involuntaria con aviso posterior al ámbito judicial.

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La propuesta oficial también toca otro núcleo de la ley vigente: el modelo institucional de atención. El nuevo proyecto busca fortalecer la red de salud mental con participación de hospitales especializados, en contraste con la norma actual, que impulsa el cierre de los hospitales psiquiátricos. Ese punto se vuelve especialmente relevante si se lo cruza con otro dato difundido por el propio Gobierno: hoy existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Para elaborar el texto, el Ministerio aseguró que reunió testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y también de actores del ámbito judicial y legislativo. Esa búsqueda de insumos apunta a detectar problemas concretos en la aplicación diaria de la ley, no solo en su formulación teórica. En esa combinación entre experiencia clínica, recorrido judicial y práctica institucional, el Gobierno dice haber encontrado parte de las razones para impulsar una reforma de fondo.

La iniciativa, además, propone ampliar el peso del Ministerio de Salud dentro del Órgano de Revisión. Para eso plantea sumar áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR. Esa modificación no resuelve por sí sola la discusión de fondo, pero sí muestra que el oficialismo quiere intervenir tanto en los criterios clínicos como en los mecanismos de supervisión.

El proyecto todavía debe atravesar el Congreso, que será el espacio donde se pondrá a prueba la viabilidad política de cada cambio. Allí se discutirá no solo una nueva redacción legal, sino también qué modelo de atención, prevención e internación quiere sostener el Estado argentino en materia de salud mental. Por ahora, lo único definido es que el Gobierno decidió correr la discusión desde la letra vigente hacia una reforma que toca puntos centrales y deja abierto un debate sensible.