Continúa el debate sobre la prohibición de uso de celulares en cárceles

Política07/04/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La Legislatura continúa debatiendo la iniciativa que busca impedir el uso de teléfonos en unidades penitenciarias mientras se habilita la opinión de la ciudadanía.

comisión de asuntos constitucionales
comisión de asuntos constitucionales

El uso de teléfonos dentro de las cárceles de Chubut aparece en el centro de una discusión que apunta a cortar una vía concreta de comisión de delitos. La propuesta busca impedir el ingreso, la tenencia y el uso de celulares por parte de personas privadas de la libertad, bajo el argumento de que esa tecnología facilita maniobras delictivas desde el encierro. La medida ya tiene fecha de tratamiento en comisiones y suma actores judiciales y de seguridad al análisis.

La reunión informativa se realizará este miércoles a las 10 en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, con la participación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Legislación General, Cultura y Educación. El encuentro estará encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna, quien coordinará el intercambio técnico y político sobre el alcance de la norma. El objetivo inmediato apunta a reunir posiciones antes de una eventual definición legislativa.


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El proyecto nace desde el Poder Ejecutivo provincial y pone el foco en una práctica extendida en distintos establecimientos penitenciarios. La preocupación se vincula con el uso de dispositivos móviles para organizar delitos, extorsiones o estafas sin salir de la cárcel. En ese marco, la iniciativa plantea restricciones estrictas como eje central de la política de seguridad intramuros.

Durante el debate estarán presentes los ministros Héctor Iturrioz y Victoriano Eraso Parodi, junto a representantes del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y la Policía del Chubut. Esa diversidad de voces busca aportar una mirada integral sobre las consecuencias operativas y legales de la prohibición. El intercambio también incluirá evaluaciones sobre el impacto en derechos y condiciones de detención.


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La diputada María Andrea Aguilera sintetizó el espíritu del proyecto con una definición que marca el tono del debate: “comunicar sí, delinquir no”. La frase condensa la tensión entre el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad y la necesidad de impedir actividades ilegales. En ese punto, el diseño de la norma deberá delimitar con precisión qué formas de contacto quedan habilitadas.

El avance de la iniciativa también incorpora una instancia de participación abierta a la comunidad. La Legislatura habilitó un canal para que vecinos y organizaciones presenten opiniones y aportes sobre el proyecto. Esos planteos serán considerados dentro del proceso legislativo, lo que amplía el alcance del debate más allá del ámbito político.


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El planteo de fondo combina seguridad, control y acceso a derechos, con posiciones que no siempre coinciden. Algunos sectores priorizan el bloqueo total de dispositivos para evitar delitos, mientras otros advierten sobre la necesidad de garantizar vías de comunicación reguladas. Esa discusión atraviesa tanto a funcionarios como a operadores judiciales y especialistas en el sistema penitenciario.

La presencia de actores del sistema judicial y de seguridad en la reunión no solo apunta a enriquecer el diagnóstico, sino también a anticipar dificultades de implementación. El control efectivo dentro de las unidades penitenciarias y la capacidad tecnológica del Estado aparecen como variables centrales. Sin ese componente operativo, la norma podría enfrentar límites concretos en su aplicación.


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El tratamiento en comisiones marca un paso previo clave antes de que el proyecto llegue al recinto. Allí se definirá si el texto avanza sin cambios o incorpora modificaciones a partir de los aportes técnicos y sociales. El proceso legislativo continuará en las próximas semanas con nuevas instancias de discusión.

La decisión final tendrá impacto directo en el funcionamiento cotidiano de las cárceles de Chubut y en la estrategia de prevención del delito. La regulación del uso de tecnología dentro de los penales abre un escenario donde conviven objetivos de seguridad y garantías básicas. El resultado de ese equilibrio quedará condicionado por el consenso que logre reunir la propuesta.



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