El Gobierno de Chubut sancionó a Rigel S.A. por no mantener en condiciones el camino alternativo entre Facundo y Los Tamariscos mientras sigue la repavimentación.
El problema no apareció en la carpeta asfáltica nueva, sino en el camino que los automovilistas están obligados a usar mientras la obra sigue abierta. Ahí se acumuló el reclamo más fuerte del último fin de semana largo: huellas profundas, sectores sin traza clara y una circulación cada vez más riesgosa en el desvío montado sobre la Ruta 40 entre Facundo y Los Tamariscos. Esa situación terminó con una sanción económica contra la constructora Rigel S.A., a la que la Provincia responsabilizó por no sostener el mantenimiento obligatorio del tramo alternativo.
La decisión oficial llegó después de denuncias reiteradas de conductores y de la viralización de videos que mostraron el estado del recorrido auxiliar. La nota original de Del Mar Digital ubicó el centro del conflicto en un desvío de 30 kilómetros donde, según los testimonios relevados, había partes directamente intransitables. Las inspecciones posteriores confirmaron, de acuerdo con esa cobertura, que la empresa no tenía desplegado el equipo mínimo de mantenimiento exigido por contrato para garantizar una circulación segura.
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La Provincia eligió separar con claridad dos planos del mismo expediente. Por un lado, sostuvo que la repavimentación principal continúa dentro de lo previsto; por otro, remarcó que el estado del desvío no podía quedar librado al avance general del proyecto. El subsecretario de Infraestructura, Hernán Tórtola, lo resumió así: “La obra en sí viene bien, en plazo y cumpliendo el plan de trabajo”, pero esa evaluación positiva no alcanzó para eximir a la firma del incumplimiento sobre el camino auxiliar.
El deterioro del tramo alternativo quedó retratado con una imagen que bajó la discusión técnica a una experiencia concreta de manejo. Uno de los conductores citados en la cobertura describió ese recorrido como “un circuito de motocross”, una frase que condensó la sensación de quienes cruzaron el sector durante los días de mayor circulación. En ese punto, la obra dejó de medirse solo por porcentajes de ejecución y empezó a ser juzgada por el estado real del camino que hoy deben usar los viajeros.
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La sanción aplicada no quedó en una advertencia verbal. Según la información publicada, la empresa fue notificada con una orden de servicio y con una multa que se descontará de los pagos que le correspondan por la obra. Rigel, siempre de acuerdo con esa reconstrucción, reconoció la situación y asumió ante las autoridades el compromiso de normalizar de manera inmediata las tareas de conservación del desvío.
El dato más sensible del episodio está en el contraste entre una obra que el Gobierno presenta como encaminada y una circulación cotidiana que seguía cargando con el costo del abandono del tramo alternativo. Ese contraste explica por qué la Provincia buscó marcar un límite sin frenar el proyecto: necesitaba mostrar que una cosa era la ejecución general de la repavimentación y otra muy distinta el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento mientras la ruta permanece intervenida. Sobre esa diferencia se apoyó la decisión de sancionar a la contratista sin desconocer el avance del plan principal.
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A ese cuadro se suma además una dificultad estacional que condiciona el calendario inmediato. La obra quedó bajo veda invernal, lo que impide avanzar con tareas de pavimentación asfáltica por las bajas temperaturas, aunque siguen activos otros frentes como el acopio de material, la trituración de piedra y el montaje de la planta de asfalto. Esa pausa parcial vuelve todavía más relevante el mantenimiento del desvío, porque durante este período el camino alternativo conserva un peso central para la transitabilidad de la zona.
El tramo Facundo-Los Tamariscos arrastra además una carga simbólica y vial que explica la sensibilidad del tema en la provincia. Cuando la obra fue puesta en marcha a comienzos de febrero, el Gobierno de Chubut la presentó como la reconstrucción de uno de los sectores más deteriorados de la Ruta Nacional 40, con 42 kilómetros de intervención, financiamiento provincial y un plazo de ejecución de 18 meses. Ese antecedente le da otra dimensión a la sanción actual: la misma obra que fue anunciada como respuesta a años de deterioro ahora quedó atravesada por un conflicto operativo en el único camino disponible mientras duran los trabajos.
El mensaje político de la sanción también fue explícito. Tórtola cerró la postura oficial con una frase que buscó fijar criterio para este caso y para el resto de los contratos viales: “Reglas claras: si cumplen seguimos, si no cumplen hay penalidades”. La próxima discusión ya no pasará por el enojo que dejaron los videos del desvío roto, sino por la capacidad de la empresa para corregir rápido un tramo que hoy funciona como la única salida posible en medio de una obra que todavía tardará meses en completarse.
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