El Luna Park quedó otra vez congelado: la Cámara frenó cualquier demolición

La Sala III volvió a cerrar el paso a las obras sobre el estadio porteño al considerar que destruirlo ahora podría volver inútil cualquier sentencia futura.

El efecto inmediato del fallo es concreto: el proyecto para intervenir el Luna Park no puede avanzar mientras siga abierta la discusión judicial de fondo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario volvió a suspender en forma preventiva cualquier intento de demolición sobre el histórico recinto de Buenos Aires. La decisión reordenó un conflicto que ya venía oscilando entre frenos, habilitaciones parciales y nuevas apelaciones.

La novedad no está sólo en otro capítulo del expediente, sino en el cambio de sentido que vuelve a imponer la Justicia sobre una obra ya encaminada en términos administrativos. En diciembre de 2025 el proceso había quedado suspendido de manera preventiva; el 9 de marzo de 2026 el Juzgado N° 5 levantó esa precautelar y rechazó la cautelar pedida por los demandantes; ahora la Cámara volvió a interrumpir el avance del proyecto. Ese vaivén dejó al Luna Park en una situación de alta inestabilidad jurídica, con permisos discutidos y obras otra vez frenadas.

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El centro del nuevo fallo pasó por una idea simple y pesada a la vez: si la demolición ocurre antes, una sentencia posterior puede llegar demasiado tarde. Los jueces remarcaron que ese tipo de intervención “tiene efectos irreversibles” y que, una vez consumada, “ninguna resolución judicial ulterior podría restituir las cosas a su estado anterior”. Esa lógica desplazó la discusión desde la conveniencia del proyecto hacia la necesidad de evitar un daño que, si se produce, ya no admite reparación material.

Lo que está en disputa no es una refacción menor ni una puesta en valor limitada. El proyecto cuestionado prevé la demolición de una porción sustancial del estadio, con intervención sobre más de 11.600 metros cuadrados, excavaciones para nuevos subsuelos, reemplazo de sectores internos y la conservación de sólo una parte reducida de la estructura existente. También apunta a levantar un edificio de mayor porte y capacidad que el actual.

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Ese volumen de transformación choca con la condición patrimonial del edificio. El Luna Park tiene doble resguardo: fue declarado Monumento Histórico Nacional y además figura en la Ciudad de Buenos Aires con nivel de protección estructural, una categoría que limita alteraciones profundas sobre sus elementos protegidos. Por eso la pelea judicial no gira únicamente sobre una obra privada o una habilitación técnica, sino sobre hasta dónde puede modificarse un bien alcanzado por normas patrimoniales específicas.

La causa no nació por una sola presentación. El expediente tomó fuerza a partir de los planteos impulsados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y por organizaciones como Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que cuestionaron la legalidad de la intervención aprobada para el estadio. En ese frente, el punto común fue sostener que la actualización del recinto podía pensarse sin arrasar con la parte esencial de su estructura histórica.

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La discusión creció porque el Luna Park no es leído por la Justicia ni por los demandantes como un inmueble cualquiera. Su peso cultural acumulado lo convirtió durante décadas en sede de peleas históricas, recitales masivos, actos políticos y momentos centrales de la vida pública argentina. Ese espesor simbólico es parte de lo que explica que el expediente no se discuta sólo en términos de metros, planos o capacidad futura.

También quedó expuesto que el conflicto no enfrenta solamente patrimonio contra modernización, sino dos formas opuestas de entender qué significa intervenir un edificio protegido. De un lado, el proyecto aprobado por la Ciudad habilita una transformación profunda del estadio; del otro, las apelaciones sostienen que una actualización tecnológica y funcional puede hacerse sin destruir aquello que las normas buscan preservar. La Cámara, al menos por ahora, eligió privilegiar la prevención del daño antes que el avance material de la obra.

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Por eso el fallo no clausura la pelea, pero sí le cambia otra vez el ritmo. La demolición queda suspendida y el expediente sigue abierto hasta que la Justicia resuelva el fondo de la causa, con la posibilidad de que el proyecto deba reformularse o incluso quede sin efecto. El futuro del Luna Park ya no depende de una aprobación administrativa previa, sino de si los tribunales convalidan que un estadio protegido pueda ser rehecho a costa de perder casi todo lo que hoy lo define.

Fuente: NA, LA NACION.