Chubut: los celulares de las cárceles ya operan como call center del delito

El proyecto volvió a comisión con foco en estafas, sextorsión y grooming desde el encierro, mientras la Legislatura busca regular la comunicación segura.

Las estafas virtuales, las extorsiones y otras maniobras que salen desde lugares de detención generaron en Chubut un debate que ya dejó de ser teórico. La Legislatura volvió a poner en comisión el proyecto que busca prohibir celulares y dispositivos móviles en cárceles provinciales, con la premisa de cortar una operatoria que, según describió el diputado Daniel Hollmann, convirtió a los establecimientos penitenciarios en verdaderas bases de delito digital. La discusión no gira sólo alrededor de un objeto tecnológico, sino sobre la forma en que el encierro terminó conviviendo con delitos que siguen activos hacia afuera.

La entrevista, realizada en el programa “El Quinto Poder” por #LA17, dejó en claro que el tratamiento legislativo ya entró en una segunda instancia informativa. Hollmann explicó que este nuevo encuentro de comisiones se da después de una primera reunión realizada una semana antes y valoró que la Cámara haya incorporado una modalidad de debate más abierta y participativa. Esa forma de trabajo, según planteó, permite enriquecer proyectos sensibles que tocan seguridad pública, derechos individuales y funcionamiento institucional.

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El origen del problema, según reconstruyó el legislador, se remonta a la pandemia, cuando se habilitó el uso de celulares y otros dispositivos para garantizar la comunicación de las personas privadas de libertad. Esa decisión respondió a una necesidad concreta de aquel contexto, pero con el tiempo abrió otro frente que hoy aparece en el centro de la discusión. Hollmann sostuvo que, además del derecho a comunicarse, empezó a consolidarse una utilización ligada a “las estafas virtuales, la extorsión a partir de los medios electrónicos, el grooming, las sextorsiones”, entre otras variantes del ciberdelito.

El diagnóstico que dejó sobre el presente del sistema penitenciario fue terminante. Para el diputado, las cárceles “se han transformado en call center o oficinas de delito”, porque está comprobado que muchas de esas maniobras terminan saliendo desde penitenciarías. Esa frase es la que ordena el corazón del proyecto: el Gobierno provincial no plantea un simple endurecimiento de reglas internas, sino un corte sobre una herramienta que hoy facilita la continuidad del delito desde el encierro.

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La iniciativa, de todos modos, no está planteada como una clausura absoluta del derecho a la comunicación. Hollmann insistió en que el principio rector del proyecto es que las personas detenidas puedan seguir comunicándose, pero por canales institucionales, controlados y compatibles con la seguridad pública. Por eso explicó que la propuesta prohíbe “el ingreso, la tenencia y la facilitación” de celulares, chips y otros elementos tecnológicos dentro de los lugares de detención bajo jurisdicción provincial, pero deja abierta la necesidad de una modalidad segura de contacto hacia el exterior.

En esa línea, uno de los puntos más delicados del debate aparece en cómo reemplazar el uso actual de esos dispositivos. Durante la charla, Hollmann contó que en la comisión se discutió cuál podría ser el costo fiscal de implementar un sistema alternativo de comunicación, ya sea mediante cabinas, teléfonos fijos o mecanismos controlados. El legislador no negó esa dificultad, aunque planteó que el eje de la ley no pasa por el gasto inicial, sino por la defensa de vecinos que hoy caen en engaños cuya magnitud económica ni siquiera resulta fácil de medir.

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La argumentación oficial se apoyó además en elementos aportados por el Ministerio Público Fiscal. Hollmann destacó especialmente la exposición del fiscal Alex Williams, a quien definió como esclarecedor por la forma práctica en que explicó modalidades de fraude y de sextorsión. Esa intervención no fue un dato menor dentro del trámite legislativo, porque le dio al proyecto una base más concreta: dejó de discutirse sobre hipótesis abstractas y pasó a hablarse de maniobras reales, víctimas reales y circuitos delictivos que hoy encuentran en los dispositivos móviles un canal operativo cotidiano.

La preocupación del diputado también enlazó este debate con otro movimiento previo de la Legislatura: la sanción, a comienzos de marzo, de un marco normativo sobre ciberdelito. Según recordó, en ese tratamiento ya había quedado expuesto el crecimiento exponencial de las estafas virtuales y la multiplicación de víctimas a partir de redes sociales y plataformas digitales. Hollmann resumió esa transformación con una idea clara: antes el estafador necesitaba desplegar un trabajo de persuasión más artesanal; hoy, con “solo apretar un botón”, se habilitan muchísimas posibilidades para delinquir a gran escala.

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Esa masificación del engaño es la que vuelve más sensible el debate sobre cárceles y celulares. El legislador sostuvo que existe una parte de la sociedad especialmente vulnerable y que, de una u otra manera, casi todos conviven con intentos de fraude, mensajes sospechosos o episodios cercanos de estafa. En ese marco, la discusión sobre el derecho de un interno a comunicarse deja de ser un expediente aislado y se cruza con otro derecho que el proyecto también busca proteger: el de los ciudadanos comunes a no seguir siendo víctimas de maniobras organizadas desde un establecimiento penitenciario.