El caso Ángel suma críticas y preguntas: “No se escucha a los niños y el riesgo ya sabemos cuál es”
Actualidad09/04/2026
Sergio BustosLa muerte de Ángel López, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, dejó de ser solo un caso policial para convertirse en un fuerte cuestionamiento al funcionamiento del sistema de protección de la niñez. En paralelo al dolor de la familia y a la investigación judicial, comenzaron a aparecer miradas que ponen el foco en lo que pudo haberse evitado.
Desde el Centro de Orientación a la Víctima (CBIOV - Procapi), Silvia Luz Clara planteó un eje central que atraviesa el caso: la falta de escucha a los niños. “No se los escucha a los niños, y el riesgo de no escucharlo ya sabemos cuál es. En este caso fue gravísimo”, sostuvo, en referencia a la muerte del menor.
La especialista explicó que el derecho a ser oído no es una novedad en el ámbito legal, sino un principio consolidado desde hace décadas. “Desde que existe la Convención Internacional de Derechos del Niño se habla... de escuchar al niño. Escuchar significa sentarse a escuchar con distintas técnicas”, indicó, al tiempo que remarcó la importancia de registrar esas instancias para evitar revictimizaciones.
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Sin embargo, advirtió que en la práctica esto no siempre ocurre. Según planteó, los chicos “hablan de muchas maneras” y cuando lo hacen de forma directa, esa señal no puede ser ignorada. Para Luz Clara, incluso lo que puede parecer un capricho debe ser interpretado en contexto, ya que puede esconder situaciones más profundas.
Esa misma línea de cuestionamiento apareció en la voz del abogado Mario Aguerrido, quien participó en la causa por la muerte de Lucio Dupuy. Desde esa experiencia, trazó un paralelismo que encendió alarmas sobre posibles responsabilidades institucionales. “Nadie escuchó a este chiquitito”, afirmó, tras conocer detalles del caso.
El letrado sostuvo que la situación obliga a revisar decisiones previas vinculadas al cuidado del menor. “Me interesaría... que se analicen las responsabilidades de los funcionarios y de las personas que tuvieron a cargo entregar el cuidado personal de este chiquitito Ángel a su madre”, señaló, apuntando directamente al rol del Estado.
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En ese sentido, remarcó que existen herramientas legales que deberían haber guiado la intervención. Recordó la vigencia de la Ley 26.061 y el concepto de interés superior del niño, que obliga a priorizar su bienestar en cualquier decisión. Aun así, consideró que esas garantías no siempre se traducen en acciones concretas ni en seguimientos efectivos.
Mientras tanto, desde el entorno familiar también surgieron denuncias que refuerzan la idea de alertas previas desoídas. Lorena, pareja del padre de Ángel, aseguró que existían informes escolares que daban cuenta de situaciones preocupantes y que fueron presentados ante organismos de protección sin obtener respuesta.
“Eso también le dijimos a Protección y no le dieron bola”, afirmó, al describir un escenario donde, según su relato, el niño ya mostraba signos de malestar en el ámbito educativo. También cuestionó cambios rápidos de entorno y decisiones que, a su entender, agravaron la situación en lugar de contenerla.
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El reclamo de la familia no se limita a quienes estaban a cargo directo del niño, sino que se extiende a instituciones y profesionales. “Acá hay responsables, hay cómplices, hay personas que tienen poder y que entregaron a Ángel para que lo maten”, sostuvo, al explicar por qué impulsaron denuncias penales más amplias.
En paralelo, la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia decidió no brindar declaraciones públicas. A través de un comunicado, explicó que prioriza la protección de la intimidad y la integridad de los menores, y advirtió sobre los riesgos de la exposición mediática en casos sensibles. Claramente la oficina no se hizo cargo de ninguna responsabilidad y busco minimizar el caso.
El organismo también señaló que cualquier análisis sobre responsabilidades deberá realizarse una vez finalizada la investigación. En ese marco, pidió prudencia y evitar la difusión de información no verificada que pueda afectar el proceso o a otras infancias involucradas.
Mientras la causa judicial avanza, el caso de Ángel queda atravesado por una tensión evidente: por un lado, la necesidad de esclarecer qué ocurrió y determinar responsabilidades; por otro, un debate más amplio sobre cómo intervienen las instituciones cuando hay señales de alerta. En ese punto, la pregunta sobre quién escuchó —o no— al niño se vuelve central.
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