Amplían indagatorias por un esquema millonario en Discapacidad y apuntan a más de 30 personas

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo impulso judicial con la ampliación de indagatorias a decenas de personas. El fiscal federal Franco Picardi pidió que vuelvan a declarar figuras ya involucradas y que se incorporen nuevos nombres, en una causa que ya había alcanzado un volumen significativo.

Entre los citados aparecen Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, y el empresario Miguel Ángel Calvete, junto a otras 27 personas. El pedido se apoya en lo que la fiscalía definió como “nuevos hallazgos”, que permitieron ampliar el alcance de una investigación que apunta a un circuito de fondos públicos de enorme magnitud.

Según la acusación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro de la ANDIS un esquema orientado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Ese mecanismo habría implicado el uso de más de 75.000 millones de pesos en beneficio de un grupo reducido de proveedores.

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El planteo fiscal describe una estructura organizada entre funcionarios y empresarios. En ese esquema, cada actor habría cumplido un rol específico para garantizar adjudicaciones, elevar precios y distribuir retornos. Spagnuolo y Daniel Garbellini aparecen señalados como referentes del sector público, mientras que Calvete y el médico Pablo Atchabahian figuran en el ámbito privado.

La investigación sostiene que más de 20 empresarios participaron a través de unas 30 firmas. Para la fiscalía, ese entramado permitió obtener ganancias millonarias de forma ilegal, con impacto directo sobre recursos destinados a prestaciones esenciales.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el desvío del programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con discapacidad o enfermedades graves sin acceso a obra social. Según la acusación, ese sistema fue utilizado para beneficiar a proveedores específicos en lugar de cumplir su función original.

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En el centro de las maniobras aparece el sistema SIIPFIS, utilizado para gestionar prestaciones de alto costo. Picardi sostiene que fue manipulado para direccionar compulsas de precios y simular competencia entre empresas vinculadas, lo que habría permitido encubrir acuerdos previos.

De acuerdo con la fiscalía, se detectaron al menos 21 compulsas por más de 30.300 millones de pesos bajo este esquema. En algunos rubros, como prótesis para amputaciones, las adjudicaciones superaron los 5.600 millones entre 2024 y 2025, con patrones que refuerzan la hipótesis de coordinación entre proveedores.

El expediente también incorpora acusaciones por sobreprecios, cartelización y uso de información privilegiada. Según el dictamen, funcionarios habrían facilitado datos clave sobre procesos de compra e incluso accesos al sistema para operadores privados.

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La lista de nuevos convocados incluye a empresarios, intermediarios y otros actores vinculados a las operaciones bajo análisis. Mientras tanto, ya hay 19 personas procesadas en la causa, entre ellas Spagnuolo, quien enfrenta cargos por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El avance de la investigación se apoya en el análisis de datos del sistema informático y en otras medidas de prueba que permitieron detectar nuevas maniobras. “Se detallan nuevas maniobras de similares características”, señaló el fiscal al fundamentar la ampliación de indagatorias.

En paralelo, también se solicitaron medidas cautelares, como la inhibición de bienes de personas y empresas involucradas. El objetivo es evitar movimientos patrimoniales que puedan dificultar el avance de la causa.

Con siete meses de investigación, el expediente continúa en etapa de recolección de pruebas. El foco ahora está puesto en reconstruir el circuito financiero completo y determinar responsabilidades en un esquema que, según la fiscalía, funcionó de manera sostenida dentro del organismo.