Chubut analiza pasar el narcomenudeo a la órbita provincial y arma una mesa clave
Política10/04/2026
REDACCIÓNEl Gobierno provincial reunirá a jueces, fiscales y legisladores para definir si avanza con el traspaso de competencias en delitos de menor escala.
La persecución del narcomenudeo en Chubut podría cambiar de manos si prospera una decisión que ya empezó a discutirse entre distintos actores del sistema judicial y político. El Gobierno provincial convocó a una mesa de trabajo con representantes de todos los poderes para evaluar la adhesión a la ley nacional que permite transferir estas causas a la órbita local. La medida apunta a redefinir quién investiga y juzga los delitos vinculados a la venta minorista de drogas.
El gobernador Ignacio Torres confirmó que la reunión se realizará la próxima semana y tendrá carácter interpoderes, con participación de funcionarios del Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial y representantes legislativos. La intención es avanzar en un análisis conjunto que contemple tanto el impacto operativo como las implicancias jurídicas del cambio. El eje central estará puesto en la capacidad real de la provincia para asumir esas competencias.
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La eventual desfederalización implica que los delitos de menor escala vinculados al narcotráfico dejen de ser tramitados en la Justicia federal y pasen a la Justicia provincial. Este esquema ya rige en otras jurisdicciones del país y plantea desafíos en términos de recursos, estructura judicial y coordinación entre organismos. En ese contexto, la discusión en Chubut busca anticipar esos escenarios antes de tomar una decisión.
La mesa estará integrada por autoridades clave de distintos ámbitos institucionales, entre ellos el ministro de Seguridad y Justicia, un miembro del Superior Tribunal de Justicia, el procurador general y representantes del fuero federal. También participarán legisladores del bloque mayoritario y de la primera minoría, lo que introduce un componente político en la definición del camino a seguir.
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El armado de este espacio surge luego de una serie de gestiones realizadas con el Gobierno nacional, orientadas a evaluar la viabilidad del traspaso. Días atrás, Torres mantuvo un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del Ministerio de Justicia, donde se abordaron aspectos técnicos y operativos de la normativa vigente. Ese intercambio permitió avanzar en criterios preliminares para una eventual implementación.
Uno de los puntos centrales del debate será la disponibilidad de recursos para sostener el nuevo esquema. La desfederalización no solo implica un cambio de jurisdicción, sino también la necesidad de contar con más fiscales, personal judicial y herramientas de investigación en el ámbito provincial. La capacidad de respuesta en territorio aparece como un factor determinante.
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Otro aspecto en análisis es la articulación entre los distintos niveles del Estado para evitar superposiciones o vacíos en la persecución del delito. El traspaso de competencias exige definir con claridad qué casos quedarán bajo jurisdicción provincial y cuáles seguirán en manos de la Justicia federal. Esa delimitación resulta clave para garantizar eficacia en las investigaciones.
El Gobierno provincial plantea que este modelo puede mejorar la intervención en casos de venta minorista, al acercar la investigación a los lugares donde ocurren los hechos. Sin embargo, la implementación requiere un diseño preciso que contemple las particularidades del sistema judicial local. La mesa de trabajo buscará establecer esas condiciones antes de avanzar.
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