Milei sacó a ENARSA del control de las represas y restituyó los nombres originales
Actualidad13/04/2026
REDACCIÓNUn decreto trasladó el manejo del proyecto del río Santa Cruz a Recursos Hídricos y volvió a imponer las denominaciones Cóndor Cliff y La Barrancosa.
El Gobierno nacional redefinió este lunes el encuadre institucional de una de las obras hidroeléctricas más discutidas de los últimos años y dejó dos decisiones políticas atadas en el mismo movimiento. Por un lado, retiró a ENARSA del lugar central que tenía en el proyecto sobre el río Santa Cruz; por otro, ordenó que las represas vuelvan a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa. La medida quedó formalizada en el Decreto 238, publicado en el Boletín Oficial.
La novedad no se limitó a un cambio simbólico en la denominación de las obras. El texto oficial dispuso que la Subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo la órbita del Ministerio de Economía, pase a tener las facultades y obligaciones vinculadas con la ejecución de la obra pública correspondiente al aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz. Esa decisión modifica el centro de gravedad administrativo del proyecto y reubica su conducción en una dependencia distinta del Estado nacional.
El cambio de nombres aparece, en ese marco, como una definición política de alto contenido. En el artículo 3, el decreto estableció que las obras retomarán su denominación original: “CÓNDOR CLIFF” y “LA BARRANCOSA”. Con esa instrucción, el Gobierno volvió a correr del proyecto los nombres “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, que habían sido restituidos durante la gestión del Frente de Todos.
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La historia reciente de las represas muestra que esa discusión nominal ya venía atravesada por cambios de signo político. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al momento de la adjudicación de las obras, el proyecto pasó a llevar los nombres de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Más tarde, en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, se restauraron las denominaciones originales, que luego fueron nuevamente modificadas. La decisión actual vuelve a mover esa marca y repone la versión previa.
El decreto también ordenó una reorganización operativa para hacer efectivo el traspaso. La Secretaría de Energíadeberá coordinar con Energía Argentina S.A. (ENARSA) las medidas necesarias para materializar la transferencia de funciones, derechos y obligaciones que surgen de la norma. La indicación oficial apunta a que ese proceso se haga de manera ordenada y sin alterar la continuidad administrativa del proyecto.
Dentro de esa transición, el Gobierno instruyó además que se notifique formalmente tanto a ENARSA como al consorcio empresario integrado por Electroingeniería S.A, China Gezhouba Group Company Limited e Hidrocuyo S.A.. Esa comunicación no será un paso accesorio, porque involucra de manera directa a quienes mantienen responsabilidades e intereses sobre una obra que sigue teniendo peso estratégico dentro del esquema hidroeléctrico nacional.
El corrimiento de ENARSA del rol principal en el proyecto es, en los hechos, una de las decisiones más relevantes del decreto. Aunque el texto prevé que la empresa estatal colabore en la transición junto a la Secretaría de Energía, la ejecución de la obra deja de quedar en sus manos. Ese desplazamiento redefine el mapa interno del Estado sobre un emprendimiento que durante años estuvo asociado a debates políticos, financieros y energéticos de gran escala.
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La norma vincula el proyecto con el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, lo que le da continuidad formal dentro de la planificación estatal. Sin embargo, el reordenamiento dispuesto por la Casa Rosada deja en claro que el oficialismo quiere imprimirle una nueva conducción y también una nueva narrativa institucional. El regreso a los nombres originales forma parte de esa lógica, pero no la agota: el traslado de competencias muestra que el cambio apunta también a la estructura de gestión.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo. Esa combinación de firmas refuerza el peso político de la medida y deja ver que no se trata de una simple adecuación administrativa. La resolución toca una obra de alto valor simbólico y operativo, y lo hace con una doble señal: reordenar quién la maneja y redefinir cómo debe ser nombrada.
Lo que se abrió ahora es una etapa de implementación en la que deberá verse cómo se concreta ese traspaso y qué impacto real tendrá sobre la continuidad del proyecto. Por lo pronto, la decisión oficial ya fijó un cambio claro en dos planos sensibles: la conducción del emprendimiento y la identidad pública de las represas. En el tablero energético nacional, el Gobierno eligió mover ambas piezas al mismo tiempo.
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