La causa AMIA sumó un nuevo acusado iraní y volvió a moverse en varios frentes a la vez

Rafecas ordenó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, amplió imputaciones por asociación ilícita y destrabó la publicación de informes que seguían bajo reserva.

La investigación por el atentado a la AMIA volvió a registrar un giro fuerte con una decisión que impacta sobre la estructura de responsabilidades que la Justicia argentina viene reconstruyendo desde hace años. El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un alto jerarca del régimen iraní señalado por su presunta participación en la preparación del ataque del 18 de julio de 1994. La resolución no quedó aislada, porque llegó acompañada por una ampliación de imputaciones y por medidas vinculadas con documentos secretos que siguen pesando en el expediente.

La orden contra Hejazi apunta a someterlo a declaración indagatoria dentro de la causa. Para eso, el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 6 dispuso pedir a Interpol la activación de una alerta roja y, al mismo tiempo, libró un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán. La decisión suma a la causa a un nuevo nombre dentro de la presunta cadena de mando que la fiscalía viene describiendo en torno al atentado.

Según la reconstrucción impulsada por la UFI-AMIA, Hejazi ocupó un lugar de máxima relevancia dentro del aparato estatal iraní. El expediente lo ubica al frente del denominado Comité Vijeh, el organismo donde, de acuerdo con la acusación, se reunió información, se definió el blanco y se elaboró la propuesta para atacar la mutual judía. Esa atribución lo coloca en una posición distinta a la de un colaborador periférico y lo incorpora al núcleo más sensible de las responsabilidades investigadas.

La incorporación de este dirigente al expediente también se apoya en su peso político dentro del régimen iraní. El texto fuente lo describe como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Esa referencia agrega un componente político y geopolítico a una causa que, aun después de más de tres décadas, sigue produciendo definiciones de alcance internacional.

Pero la resolución de Rafecas no avanzó en todos los puntos reclamados por la fiscalía. Fuentes judiciales confirmaron que el juez rechazó, por ahora, el pedido del fiscal Sebastián Basso para procesar a los diez iraníes y libanesesimputados anteriormente. La razón principal no fue una revisión del fondo de la acusación, sino la espera de un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, un instrumento clave para intentar llevar adelante el debate oral.

Ese freno parcial no impidió, sin embargo, que el expediente se moviera en otra dirección. A pedido de Basso, el juzgado reconfiguró y amplió las imputaciones contra Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman. La novedad en este tramo no pasa por la incorporación de hechos nuevos, sino por una nueva lectura jurídica sobre elementos que ya estaban dentro de la causa.

La fiscalía sostiene ahora que Hezbollah fue una creación de Irán ocurrida entre fines de los años 70 y principios de los 80 con el objetivo concreto de cometer atentados terroristas en distintas partes del mundo, entre ellos los de la AMIA y la Embajada de Israel. Bajo ese enfoque, esa estructura no sería solo el vehículo del ataque, sino también una asociación ilícita en sí misma. Esa reformulación podría endurecer el alcance penal de las acusaciones si el proceso avanza hacia una condena.

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En lo referido al atentado contra la mutual, el expediente sigue encaminando a los acusados hacia cargos por homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común. Esa base legal se apoya en las 85 víctimas fatales, en las lesiones sufridas por al menos 151 personas y en los daños materiales provocados por la explosión. La ampliación de la acusación no reemplaza esos delitos, sino que suma otra dimensión al análisis de la responsabilidad criminal.

Otra de las decisiones relevantes adoptadas por Rafecas tocó un punto históricamente sensible de la causa: el acceso a información reservada. El juez reconoció el carácter público de cuatro informes hasta ahora secretos elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA, cuya difusión había sido pedida por las querellas. Esa medida respondió, según el expediente, al incumplimiento del mecanismo que el Gobierno había dispuesto en 2020 para difundir documentación desclasificada de la ex SIDE a través de una mesa de diálogo que nunca terminó de funcionar.

La publicación de esos materiales, sin embargo, todavía no será automática ni irrestricta. Antes de que salgan a la luz, el Ministerio Público Fiscal deberá expedirse sobre posibles efectos sobre la investigación en curso y la Secretaría de Inteligencia de Estado tendrá que revisar los textos para detectar eventuales fragmentos que deban seguir en reserva. Aun así, la decisión judicial rompe la inercia de años y reabre la discusión sobre cuánto puede seguir demorándose el acceso público a documentos relevantes.

En ese punto, Rafecas dejó una definición particularmente fuerte sobre la demora en la publicidad de la información. En su resolución sostuvo: “Frente a este escenario, no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información, a la espera de una instancia -la mesa de diálogo- que, hasta el momento, no ha cumplido con la función que le fue asignada. Mantener esa espera implicaría, en los hechos, vaciar de contenido la decisión de desclasificación adoptada por el propio Poder Ejecutivo y frustrar los principios de transparencia que la motivaron y restringir a las partes el pleno ejercicio del derecho de defensa”. Esa frase deja ver que la disputa por la verdad judicial en la causa AMIA sigue dependiendo también del acceso real a información que durante años quedó encapsulada.

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En paralelo, el magistrado requirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un informe detallado sobre las medidas adoptadas para implementar los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada. Ese requerimiento vuelve a involucrar al Poder Ejecutivo en un aspecto clave del expediente y pone presión sobre una deuda institucional que las querellas vienen señalando desde hace tiempo. La causa volvió así a activarse no por un solo movimiento, sino por varios a la vez: un nuevo acusado, imputaciones ampliadas y un impulso renovado para abrir archivos que siguen siendo decisivos.