Drones, chats encriptados y francotiradores: la acusación que sacudió un evento de Trump
Actualidad16/06/2026
REDACCIÓNLa Justicia estadounidense imputó a cinco personas por un presunto plan que apuntaba a provocar una masacre durante una velada de UFC en la Casa Blanca.
Miles de personas asistieron el domingo a una exhibición de artes marciales mixtas organizada en los jardines de la Casa Blanca, una celebración impulsada por el presidente Donald Trump para su cumpleaños número 80. Días después del evento, la atención se desplazó desde el espectáculo hacia una investigación federal que sostiene que un grupo de personas analizaba atacar ese mismo escenario.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra cinco acusados señalados por su presunta participación en la planificación de una acción armada de gran escala. La acusación sostiene que el objetivo era actuar durante la velada de la UFC y provocar numerosas víctimas mediante una combinación de explosivos y ataques de precisión.
Entre los imputados figuran Tycen Proper, de 19 años y residente en Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; además de Daniel Kenely Eskridge, de Misuri, y Abraham Hermosillo Álvarez, de Nebraska. Las autoridades les atribuyen diferentes funciones dentro de una estructura de coordinación que, según la investigación, avanzó durante varias semanas.
La causa describe una organización que no se limitaba a una sola modalidad de ataque. Los documentos judiciales sostienen que el grupo analizaba el despliegue de drones con explosivos al mismo tiempo que distribuía tareas vinculadas a equipos de francotiradores, con el objetivo de multiplicar el impacto de la operación.
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Según la acusación, los contactos comenzaron a través de TikTok y luego continuaron mediante aplicaciones de mensajería encriptada. Allí se habrían creado grupos específicos para coordinar operadores de drones, definir posiciones de tiradores y seleccionar objetivos considerados prioritarios.
La investigación tomó impulso el 10 de junio, cuando la madre de Proper alertó a la policía sobre conductas que consideraba preocupantes. De acuerdo con la documentación judicial, también informó sobre compras de armas y municiones realizadas por el joven.
Los registros incorporados a la causa indican que Proper habría destinado 3.000 dólares de su dinero de graduación para adquirir armas, cargadores adicionales, municiones y otros elementos vinculados al presunto plan. Esa información quedó incorporada a las actuaciones que derivaron en la intervención federal.
Los investigadores sostienen que la estrategia contemplaba lanzar varios drones explosivos contra edificios e instalaciones ubicadas en las inmediaciones de la Casa Blanca. La intención, según las querellas, era provocar explosiones casi simultáneas, sembrar confusión entre los asistentes y canalizar la huida de la multitud hacia sectores donde actuarían los francotiradores.
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La amenaza llegó a conocimiento del FBI, que participó de las tareas de seguimiento. El director del organismo, Kash Patel, señaló: “El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., que involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional”.
En el mismo mensaje, Patel remarcó: “Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la justicia-, especialmente durante grandes concentraciones como el histórico combate de UFC 250”. La investigación permanece abierta mientras avanza el proceso judicial contra los acusados.
El caso apareció pocos meses después de otro episodio de seguridad vinculado al presidente estadounidense. En abril, el Servicio Secreto informó que frustró un intento de atentado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Además, durante la campaña presidencial de 2024, Trump fue blanco de dos intentos de asesinato, antecedentes que otorgan una dimensión especial a cualquier amenaza detectada en eventos donde participa el mandatario.
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