Los nuevos permisos para pescar calamar ya tienen favoritos con ventaja para los astilleros argentinos
Actualidad17/06/2026
Sergio BustosLa próxima incorporación de buques poteros a la flota argentina no dependerá únicamente de la capacidad empresaria o del interés por ingresar a una de las pesquerías más rentables del país. A partir de los cambios introducidos por el Consejo Federal Pesquero (CFP), la construcción naval nacional pasó a ocupar un lugar central en la carrera por obtener nuevos permisos para capturar calamar.
La modificación quedó establecida mediante la Resolución CFP N° 8/2026, que reformuló aspectos clave de la convocatoria abierta semanas atrás para adjudicar hasta 18 permisos de pesca. Aunque la norma también ajustó plazos, criterios de evaluación y mecanismos de selección, el cambio más relevante apunta a generar incentivos concretos para que las inversiones se orienten hacia los astilleros argentinos.
La nueva reglamentación establece diferencias importantes en el sistema de puntajes. Los proyectos que propongan incorporar buques nuevos construidos en el país recibirán 80 puntos dentro de la evaluación. En contraste, las embarcaciones nuevas construidas en el exterior obtendrán 40 puntos, mientras que los barcos de hasta diez años de antigüedad accederán a 30 puntos.
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La diferencia puede resultar determinante. Los permisos serán otorgados según el orden de mérito que surja de la evaluación de cada proyecto y, por lo tanto, la construcción nacional se transforma en una ventaja competitiva directa para quienes busquen ingresar a la pesquería. En la práctica, no todas las propuestas comenzarán desde la misma posición.
La decisión también contempla las diferencias que existen entre construir un barco desde cero en Argentina e incorporar una unidad ya terminada. Por ese motivo, los plazos para integrar los buques a la Matrícula Nacional varían según el origen de la embarcación. Los barcos existentes deberán incorporarse antes del 31 de diciembre de 2027, mientras que los nuevos construidos en el exterior tendrán plazo hasta fines de 2028.
Los proyectos que opten por construir en astilleros argentinos contarán con un año adicional y podrán completar el proceso hasta el 31 de diciembre de 2029. La extensión reconoce las complejidades técnicas, financieras y operativas que implica desarrollar una embarcación en el país y constituye otra señal de respaldo a la industria naval local.
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La convocatoria también modificó un aspecto que había despertado cuestionamientos dentro del sector empresario. La resolución original otorgaba puntaje por empleo registrado únicamente a compañías con más de 300 trabajadores. El nuevo esquema incorporó categorías para empresas con plantillas de entre 1 y 299 empleados, ampliando la posibilidad de sumar puntos a firmas medianas.
Ese ajuste abre la competencia a un universo más amplio de operadores. Además de valorar grandes estructuras empresarias, el sistema reconoce ahora a compañías con menor escala, pero con empleo formal y capacidad para desarrollar actividad dentro de una pesquería estratégica para el país.
La evaluación seguirá contemplando otros factores vinculados al impacto económico y laboral de cada proyecto. El porcentaje de tripulación argentina podrá aportar hasta 40 puntos, mientras que también tendrán incidencia el procesamiento de las capturas en tierra y los desembarques realizados en zonas desfavorables, donde las provincias patagónicas conservan un rol importante.
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La normativa mantiene, además, límites destinados a evitar una excesiva concentración de permisos. Cada empresa o grupo empresario podrá presentar hasta dos buques, aunque la asignación inicial será de una sola unidad por grupo hasta completar el cupo previsto. Sólo si quedan permisos disponibles se analizarán las segundas propuestas.
Otro aspecto relevante es el nivel de control previsto sobre las inversiones comprometidas. Los buques incorporados deberán ajustarse a la memoria técnica y a los planos presentados durante el proceso de evaluación. Si se detectan diferencias sustanciales respecto del proyecto aprobado, el CFP podrá revocar la autorización y dejar sin efecto el permiso correspondiente.
Durante la última reunión también se analizó un pedido de la empresa Pescargen S.A., que solicitó una ampliación de veinte días hábiles para presentar proyectos. El organismo no tomó una decisión sobre ese requerimiento y derivó la solicitud a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera para su evaluación.
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El interés que despierta la convocatoria no sorprende dentro del sector. La pesquería de calamar concentra una parte importante de las exportaciones pesqueras argentinas y mantiene una fuerte competencia con flotas extranjeras que operan en el límite de la Zona Económica Exclusiva. Además, el INIDEP había considerado viable una incorporación moderada de nuevos buques sin comprometer la sustentabilidad de los principales stocks.
La selección definitiva todavía dependerá de la evaluación de cada propuesta. Sin embargo, la nueva resolución ya dejó una señal clara para armadores e inversores: quienes decidan construir en Argentina llegarán a la línea de partida con una ventaja reglamentaria que puede resultar decisiva para acceder a uno de los permisos más codiciados de la actividad pesquera.
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